Tapia dice que «hemos pedido a De Miguel que nos comunique la sentencia cuando la reciba»

«A fecha de hoy, esta sentencia no se considera firme por parte de los servicios jurídicos porque no ha sido notificada ni a los acusados ni al propio Gobierno vasco», ha proclamado la titular de Desarrollo Económico, consejería de la que depende la actual plaza de De Miguel, quien cubre la baja de un funcionario. «Hemos pedido que cuando la reciba, (en referencia a De Miguel) lo comunique. Y Hazi (la fundación pública en la que se emplea a razón de 57.000 euros anuales) responderá con la máxima premura», ha prometido en su comparecencia desarrollada esta mañana en el Parlamento vasco.

Tapia ha ratificado asimismo la exclusiva desvelada hoy por EL CORREO de que el Gobierno vasco ha tardado 53 días en reclamar el texto legal a la Audiencia Provincial de Álava, encargada de las notificaciones oficiales. «Dado el tiempo transcurrido desde la sentencia del Supremo, desde el departamento de Gobernanza se ha pedido oficialmente la sentencia. Para considerar que es firme y actuar en consecuencia», ha apuntado Tapia.

A petición del parlamentario de Elkarrekin Podemos, David Soto, la consejera ha descrito los pasos dados en estos catorce años de litigios con Alfredo De Miguel, el exnúmero dos del PNV alavés. En este sentido ha enumerado profusamente el recorrido del principal cabecilla de la red corrupta; sus sucesivos aumentos de salario y su escalada en el escalafón interno de este organismo perteneciente al Gobierno vasco. Su salario actual alcanza los 57.400 euros anuales. «Hazi debe garantizar los derechos fundamentales de sus personas trabajadoras. Como no es firme (la resolución del Supremo) no se le puede despedir. Si Hazi le hubiera despedido lo hubiera hecho arbitrariamente».

Josu Estarrona , de EH Bildu, ha afeado la actitud del Gabinete Urkullu con este caso. «Si nos enteramos de algo a través de los medios de comunicación tardamos dos días en mandar una comunicación oficial, ustedes han tardado dos meses. Eso sería una actitud proactiva para acabar con esta agonía», ha sugerido.

Gloria Sánchez, adscrita al PSE, socio del gobierno, ha lanzado un balón de oxígeno a Tapia. «Evidentemente está claro que la sentencia del Tribunal Supremo es firme, pero la consejera ha señalado que no se considera firme mientras no se notifique. No podemos actuar por lo que se dice en los medios de comunicación, pero en cuanto tengan la comunicación oficial les pedimos que se actúe a la mayor brevedad posible».

El parlamentario que ha pedido la comparecencia, David Soto (Podemos), ha tirado de ironía tras escuchar a Tapia. «Esa defensa que hacen de los derechos laborales del señor De Miguel nos gustaría también con otros conflictos laborales en Euskadi», ha enfatizado.

Carmelo Barrio, del PP-Ciudadanos, ha manifestado que «lo preocupante es que estemos aún hablando de un tema que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. ¿Por qué no siguieron las recomendaciones del código ético del Gobierno vasco? Si De Miguel hubiera sido militante del PP o de Ciudadanos hubiera estado despedido en el minuto uno».

Amaia Martínez, de Vox, ha calificado la continuidad de De Miguel en una institución pública vasca como «una tomadura de pelo a todos los vascos».

El primer fallo, a cargo de la Audiencia Provincial de Álava, data de diciembre de 2019. Mientras que el fallo del Tribunal Supremo, contra el que no cabe recurso, se produjo el pasado 9 de enero. Pese a que esta resolución definitiva lleva semanas colgada en la web oficial del alto tribunal y que fue enviada a todos los medios de comunicación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, todavía no se ha remitido al Palacio de Justicia de Vitoria. Una vez allí, la Audiencia Provincial de Álava se encargará de remitirla formalmente a las partes personadas.