Arranca la XIII legislatura

La suspensión de los diputados presos deja en el aire el mapa de pactos en el Congreso

Meritxell Batet compareció ayer tras la reunión de la Mesa del Congreso, la segunda en menos de 24 horas./efe
Meritxell Batet compareció ayer tras la reunión de la Mesa del Congreso, la segunda en menos de 24 horas. / efe

La Mesa pide un informe para decidir si rebaja de 176 a 174 la mayoría absoluta, lo que facilitaría la investidura de Sánchez a la primera

PAULA DE LAS HERAS

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull están ya suspendidos de todos sus derechos y obligaciones como diputados. El órgano de gobierno del Congreso decidió ayer dar el paso, con el único voto en contra de Podemos (PSOE, PP y Cs lo hicieron a favor), después de recibir un informe en el que los servicios jurídicos de la Cámara se mostraron partidarios de actuar «por imperativo legal» no en aplicación del artículo 21 del Reglamento -al que apelaron tanto el presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, en su auto del pasado 14 de julio, como el PP, Cs y Vox en sendos escritos a la Mesa- sino en virtud del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El alcance que esta decisión tendrá sobre cuestiones políticas de tanto calado como la propia investidura del presidente del Gobierno está por ver, pero sin duda será relevante. Los diputados suspendidos no podrán ser sustituidos por sus formaciones a no ser que renuncien al escaño. En ese caso, su puesto será ocupado por el siguiente en la lista. Pero sólo el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha anticipado su intención de dejar el Congreso si este domingo obtiene un puesto en el Parlamento Europeo. Los presos preventivos de Junts per Catalunya, en cambio, pretenden mantener el cargo aunque no puedan ejercerlo.

Sánchez podría ser elegido presidente en la primera votación si al final se rebaja la mayoría a 174

Si esa situación no varía, Pedro Sánchez podría prescindir por completo de los secesionistas para volver a ser designado jefe del Ejecutivo. Ni siquiera necesitaria su abstención. Le bastará el respaldo de 174 diputados para obtener la confianza de la Cámara. El pasado martes, la socialista Metixell Batet ya consiguió 175 votos a favor para convertirse en presidenta del Congreso: los 123 del PSOE, los 42 de Unidas Podemos y En Comú Podem, los seis del PNV, uno de Compromís, otro del Partido Regionalista de Cantabria y dos de Coalición Canaria (que, no obstante, no garantiza su 'sí' en la investidura).

El Reglamento del Congreso exige que el presidente del Gobierno logre mayoría absoluta a la primera o mayoría simple a la segunda. Pero tampoco hay que descartar que el secretario general del PSOE no tenga que esperar a la segunda votación para lograr su objetivo. Porque, además de suspender a los diputados presos, la Mesa solicitó ayer a los letrados otro informe para determinar si la mayoría absoluta debe mantenerse en 176 diputados sobre los 350 que el pasado martes prometieron el cargo o habría que recalcularla y dejarla en dos menos. Fuentes parlamentarias sostienen que se inclinan por rebajarla.

El escenario favorece a los socialistas, a los que la oposición, en todo caso, siguió acusando ayer de haber intentado dilatar la decisión sobre los diputados secesionistas que están siendo juzgados en el Supremo por rebelión.

Los letrados del Congreso avalan la suspensión pero arguyen una tesis diferente a la del Supremo

«Sainete»

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, tildó de «victoria evidente» de su partido la suspensión y el de Cs, José Manuel Villegas, acusó a Batet de haber hecho el «ridículo». «Empieza muy mal permitiendo que los separatista humillaran a la democracia», censuró.

La presidenta de la Cámara justificó su decisión de pedir, primero, una aclaración al Tribunal Supremo y, luego, un informe a los letrados en la necesidad de actuar con la «máxima seguridad jurídica» dado lo «delicado» de la decisión y la «complejidad del tema». El tribunal del 'procés' le replicó poco menos que con cajas destempladas, pero los servicios jurídicos del Parlamento vinieron a darle ayer la razón, porque no coincidieron con la afirmación general del PP, de Vox, de Cs y hasta del propio PSOE de que indudablemente había que aplicar en este caso el artículo 21 del Reglamento.

Ese precepto exige, a juicio de los letrados, que se haya concedido un suplicatorio y no ha sido así porque Marchena creyó que no era preciso solicitarlo porque el juicio ya estaba en marcha. Los expertos del Congreso también creen que el juez debería haber comunicado que los diputados presos están afectados por el 384 bis de la Lecrim, pero han optado por considerar que lo hizo «implícitamente» en su último auto.

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El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha encargado un informe a los letrados de la Cámara alta para saber si se debe suspender como senador al representante de ERC Raül Romeva, en prisión provisional por su procesamiento en juicio del 'procés'. La Mesa del Senado se reunirá el próximo miércoles y en esta sesión podría analizar el informe jurídico. El portavoz del PP en la Cámara, Ignacio Cosidó, solicitó ayer la convocatoria inmediata de la Mesa para proceder a la suspensión de Romeva sin esperar al informe y denunció la «inacción injustificable» de Cruz para resolver la situación del senador independentista.