El Supremo sopesa si retirar la euroorden contra Puigdemont tras el varapalo de la Justicia alemana

El Supremo sopesa si retirar la euroorden contra Puigdemont tras el varapalo de la Justicia alemana

El expresident podría tener una condena menor que sus subordinados si finalmente es entregado a España

RAMÓN GORRIARÁN y JUAN CARLOS BARRENAMadrid

La justicia alemana ha limitado a la malversación el delito por el que acepta la extradición a España del expresident Carles Puigdemont, y provocado un terremoto difícil de calibrar por el momento. La negativa de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein a entregarle por el delito de rebelión, como pretendía el juez Pablo Llarena, complica el desenlace del juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo. El instructor de la causa tiene ahora dos opciones, asumir la resolución del tribunal alemán y enjuiciar al expresident solo por malversación en la organización del referéndum del 1 de octubre o retirar la euroorden al estar en desacuerdo con la decisión.

Se veía venir, pero fue una bofetada, reconocieron fuentes cercanas al Supremo. La decisión no supuso una sorpresa para Llarena porque el tribunal de Schleswig-Holstein ya había rechazado el 5 de abril y el 22 de mayo pasado la petición de la Fiscalía. Siempre con el argumento de que los hechos que se imputaban a Puigdemont eran insuficientes para tipificar su conducta como un delito de rebelión o alta traición, de acuerdo a la legislación germana.

Pero no por esperada causó menor enfado. Llarena no quiso tomar decisiones en caliente y aguardará a que llegue la resolución del tribunal y se traduzca al castellano. Fuentes jurídicas apuntan que una posibilidad es que acepte sin más la resolución. Pero también cabe que decida retirar la euroorden y se lo comunique a las autoridades alemanas. De esa manera, Puigdemont podría abandonar Berlín y regresar a Bruselas o instalarse en otro país europeo, pero no regresar a España, salvo que acepte ser detenido para ser juzgado por rebelión y los demás delitos del sumario del 1-O. En caso de que decida continuar su «exilio» no podrá regresar hasta dentro de 20 años, cuando prescriba el delito de rebelión.

Pero el juez del Supremo, antes de tomar una decisión, también podría dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que certifique la corrección de la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein. Esta corte, con sede en Luxemburgo, es la encargada de garantizar que la legislación comunitaria se interpreta y aplica igual en todos los países miembros. Si ratifica que no cabe la extradición por rebelión, Llarena también podría retirar la euroorden.

Aceptar el fallo del tribunal alemán es un revés en toda regla a sus argumentos jurídicos y a la doctrina del Supremo. Llarena envió una extensa argumentación a Alemania, con miles de folios y documentos. Solo el informe de Hacienda ocupa un archivo de 38 megabytes. Sus razones, además, contaron con el aval de la Sala Segunda del Supremo.

El futuro de Puigdemont, que ha garantizado que no huirá de Alemania para esquivar la entrega a España por malversación, sigue de todas maneras en manos del Tribunal Supremo. Si Llarena encaja el varapalo, el expresident será entregado a España. Lo más probable es que se dicte prisión provisional hasta la celebración del juicio, previsto para otoño de este año o los primeros meses de 2019. Pero en ese momento su situación procesal será mejor que las de sus compañeros de procesamiento y que no huyeron ante las citaciones del Supremo. Puigdemont sería enjuiciado por malversación de fondos públicos, delito penado con hasta ocho años de cárcel, pero que podría llegar a los doce. No lo sería por rebelión, castigada con entre 25 y 30 años de prisión. De esa forma, el líder de la revuelta, según el instructor, tendría una sanción penal menor que la de sus subordinados.

Los argumentos de la Audiencia Superior del estado federado de Schleswig-Holstein volvieron a ser contundentes. «Los actos de los que es acusado el antiguo presidente del gobierno catalán no cumplen el delito tipificado en Alemania de alta traición, pero tampoco el de alteración del orden público», señala en un comunicado firmado por la jueza Frauke Holmer. Los magistrados alemanes entienden que «la dimensión de la violencia que contempla la tipificación de la alta traición nunca fue alcanzada por los disturbios en España».

Sostienen, en este sentido, que «Carles Puigdemont solo trató de celebrar el referendum» y no fue un «líder espiritual» de acciones violentas, tal y como le acusaba Pablo Llarena. A la hora de descartar la supuesta violencia, los jueces advierten de que el referéndum del 1 de octubre «no podía haber conducido inmediatamente a la separación de España» y que «según la voluntad del perseguido Puigdemont iba a ser el preludio de nuevas negociaciones».

«Costó dinero público»

Por el contrario consideran que sí procede la extradición por malversación de fondos públicos y que ni tan siquiera es necesario verificar la equiparación de las legislaciones alemana y española. El tribunal germano «ha podido apreciar claramente que Puigdemont es corresponsable de aceptar compromisos financieros a costa de las arcas públicas» y era consciente de que la celebración de un referéndum «costaría un dinero» cuyo pago afectó a las arcas públicas. Y también da un rapapolvo al expresident cuando «descarta que la petición de extradición tenga como fin perseguir políticamente en España a Carles Puigdemont».

Fuentes del equipo jurídico del dirigente catalán en Alemania destacaron su intención de recurrir la sentencia y se mostraron optimistas ante la posibilidad de rebatir también el presunto delito de malversación de fondos públicos.

Entre tanto, la Fiscalía general alemana comunicó a través de una portavoz que la extradición se ejecutará «próximamente». La legislación de ese país permite la entrega de la persona reclamada si la instancia encargada del caso lo autoriza y sin esperar a la resolución de un posible recurso ante un tribunal superior. Hasta que se ordene ese paso, Carles Puigdemont podrá continuar en libertad en Alemania, pese a que la Fiscalía superior ha solicitado su ingreso en prisión hasta el momento en que sea enviado a España. Los jueces de la cámara con sede en la localidad de Schleswig subrayaron que «el perseguido siempre ha cumplido las condiciones» para disfrutar de esa libertad.

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