El Supremo juzga desde hoy a los líderes del 1-O en un proceso clave para la democracia

Los furgones de la Guardia Civil con los acusados llegan al Supremo. / AFP

Doce dirigentes soberanistas se enfrentan a elevadas penas de prisión en una vista contaminada por la crisis política

DAVID GUADILLA

A las diez de la mañana de hoy, más de un año después de que comenzara la instrucción y con un sumario de 1.200 folios sobre la mesa, el juicio más transcendental al que se ha enfrentado la democracia española desde el 23-F arrancará en el Tribunal Supremo. Al frente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, quien en un acto público hizo ayer un llamamiento a la «sensatez» y la «serenidad». «Es tiempo de silencio», proclamó, consciente, probablemente, de que en los próximos meses nadie le hará caso. Porque sobre el juicio a los doce líderes del 'procés' sobrevuela un ruido ensordecedor y una tensión mediática que va en aumento y amenaza con desbordarse.

Todo lo que rodea a este caso es mastodóntico y tiene una profunda carga política. En el banquillo, entre otros, un exvicepresidente de la Generalitat, la expresidenta del Parlament y varios consejeros autonómicos. Las penas que la Fiscalía pide para algunos de ellos llegan hasta los 25 años, algo menos la Abogacía del Estado y mucho más la acusación popular. Aquí entra en juego un elemento que ayuda a llevar el juicio directamente al terreno de la política. Esa acusación la ejerce Vox, y todo el mundo da por hecho que el partido de Santiago Abascal intentará rentabilizar su presencia a tres meses del 26-M.

Lo que se juzga, a grandes rasgos, es qué ocurrió en Cataluña en el otoño de 2017. Sobre todo, si se rompió el orden constitucional, si hubo o no violencia el 1-O y en los días que rodearon aquel referéndum ilegal y qué papel jugaron los procesados. La estrategia de defensa que siguen la mayoría de ellos es, básicamente, poner en tela de juicio la independencia de la Justicia española y restar trascendencia a lo sucedido. Uno de los encausados, Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y presidente de la Crida, el proyecto impulsado por el fugado Carles Puigdemont, lo explicaba gráficamente en una entrevista concedida la semana pasada a este periódico. «Ha habido más violencia en la huelga de los taxistas de Barcelona y Madrid que en todo el 'procés'».

Capacidad de abstraerse

Será el tribunal -seis jueces y una jueza- el que decida si hubo o no violencia, lo que será clave para dilucidar si es un eventual delito de rebelión o de sedición -los dos más importantes a los que se enfrentan los acusados-, lo que a su vez determinará el cómputo de la penas. Para intentar aclararlo por el Supremo pasarán medio millar de testigos. Entre ellos, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría e Iñigo Urkullu. Curtido en mil batallas jurídicas, Marchena tendrá que demostrar su capacidad para abstraerse del ciclón que durante los próximos tres meses, como poco, girará sobre el Convento de la Salesas Reales, sede del tribunal.

El edificio está situado a escasos 300 metros de la plaza Colón, donde el domingo se manifestaron decenas de miles de personas para «echar» a Pedro Sánchez por sus cesiones a los soberanistas. Ayer todavía podían verse algunos restos de la concentración: banderas, pancartas y pegatinas tiradas por el suelo de la plaza. Entre Colón y el Supremo, la sede del PP. En ese campo se juega el partido. En vísperas de la tormenta, ayer reinaba una relativa calma en las inmediaciones del tribunal. Hoy será una marabunta. Más de 600 periodistas y numerosa representación política, incluida una delegación del Parlamento vasco con representantes del PNV y EH Bildu.

Solo 24 horas después de que arranque la vista, los Presupuestos del Ejecutivo pueden ser tumbados y el escenario de unas elecciones anticipadas se acercará. ¿A cuándo? Ayer ya se barajó el 14 de abril. Para cuando arrancase la campaña no habrían terminado de declarar ni la mitad de los testigos. La otra opción es el 26 de mayo. Marchena quiere que para entonces la vista haya finalizado, pero eso está por ver. En todo caso, un clima politizado al máximo y que nadie parece querer relajar.

Para caldear aún más el ambiente, Quim Torra insistió ayer en el derecho de autodeterminación como única vía de escape. Una reclamación que el presidente de la Generalitat sabe que solo conduce a un callejón sin salida. A Torra también se le verá hoy en el Supremo. Como invitado.