Sorzabal y Pla alegan que trabajaban por la paz cuando fueron detenidos armados

Dos agentes franceses custodian a David Pla en la casa rural de Baigorri donde fue detenido, en septiembre de 2015. /AFP
Dos agentes franceses custodian a David Pla en la casa rural de Baigorri donde fue detenido, en septiembre de 2015. / AFP

Los últimos jefes de ETA evitan dar detalles sobre su vida en la clandestinidad ante el tribunal que les juzga en París

PAULA ROSAS

ETA estaba en proceso de disolución y su único objetivo como militantes de la organización era trabajar en la construcción del proceso de paz. Este fue ayer, en resumen, el hilo argumental de los etarras David Pla e Iratxe Sorzabal en el primer día del juicio que pondrá, posiblemente, epílogo judicial al recorrido de ETA. Ambos, detenidos en Saint-Étienne de Baigorri en septiembre de 2015, se enfrentan a una pena máxima de 10 años por pertenencia a la banda terrorista.

Ni las armas que portaban, ni la numerosa documentación falsa que se les incautó, ni las huellas que, en el caso de Sorzabal, han aparecido en numerosos zulos, pisos francos y coches robados utilizados por ETA en Francia –incluidas unas instrucciones para la preparación de explosivos– y que se aportan en el sumario son importantes, respondieron ayer en numerosas ocasiones los acusados. «Lo importante es que todos los militantes tenían el mismo objetivo, construir el proceso de paz», dijo ayer Sorzabal ante el Tribunal Correccional de París, muy en la línea argumental que han adoptado los miembros de la banda desde que anunciara el cese de la violencia.

Ante las preguntas del juez, ni Sorzabal ni Pla aportaron detalles sobre los años que han vivido en la clandestinidad o cuáles han sido sus funciones dentro de la organización terrorista –salvo la de liderar las conversaciones, según ellos, en el proceso de paz–, y los dos se aferraron al contexto en el que se produjo su detención.

Eso sí, David Pla aceptó explicar que la razón de su presencia en esa casa rural de Saint-Étienne de Baigorri donde fueron arrestados era reunirse con el antiguo jefe del aparato político, Ramón Sagarzazu, para escuchar su opinión «como antiguo militante de ETA» y ver «cómo hacer avanzar el proceso de paz».

A partir de ahí insistió en su mensajer: «Desde 2010, ETA ni ha llevado a cabo acciones armadas, ni ha buscado información sobre objetivos para llevar a cabo acciones armadas, ni ha fabricado explosivos, ni ha recaudado el 'impuesto revolucionario'. La actividad de ETA desde 2010 está completamente unida al proceso de paz», dijo ante los magistrados.

Los dos se mostraron esquivos con las preguntas del juez y del fiscal sobre las armas que llevaban en el momento de su detención, cinco años después del anuncio del cese de su actividad, y aseguraron que las llevaban «de acuerdo con la comisión de verificación del alto el fuego» y que eran solo para su protección en caso de ser atacados. Sorzabal, que se enfrenta a 12 cargos (Pla a 6), orientó muchas de sus respuestas hacia las torturas que denunció en su día a manos de la Guardia Civil y por las que aún, según un peritaje francés aportado en el sumario, sufre secuelas. Francia ha concedido a España dos demandas de extradición sobre Sorzabal y tiene pendiente una tercera. Su abogada, Xantiana Cachenaut, aseguró ayer que piensan elevar el caso de su extradición al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Pla sí arrojó ayer algo más de luz sobre cómo se desarrollaron los 15 meses que ambos pasaron en Noruega para iniciar un hipotético proceso de diálogo con el Gobierno español, que finalmente no tuvo lugar. Según Pla, a pesar de que ellos habían sido acogidos en aquel país a petición del Ejecutivo español, Madrid siempre se negó a dialogar. Con una única excepción, según Pla, cuando el Gabinete de Mariano Rajoy envió a finales de 2012 a un intermediario «altamente reconocido en el ámbito de resolución de conflictos y en relación con la Iglesia católica» para reunirse con ETA. Según Pla, esa persona «nos dijo que tenía un encargo por parte del Gobierno de España de abrir una vía estable y permanente de diálogo con ETA», pero después de ese encuentro, Madrid cerró la vía del diálogo. ETA también intentó que Francia mandara a una persona para abrir negociaciones a cambio de destruir una parte significativa de su arsenal, pero París declinó la oferta.

Ambos reconocieron ayer su pertenencia a la banda, que es por lo que finalmente están siendo juzgados en Francia, a pesar de que la Fiscalía les acusó en el momento de su detención de dirigirla. «Soy militante de ETA y asumo toda su evolución hasta su disolución», dijo ayer Sorzabal.

Distintas situaciones

La situación carcelaria de David Pla, que no ha sido condenado en Francia y no tiene causas pendientes con la Justicia española –cumplió una pena de seis años tras ser arrestado en Zaragoza en 2000–, es muy diferente de la de Sorzabal.

Como recordó el presidente del tribunal, con las sentencias que se han dictado hasta ahora contra ella en Francia –hubo tres en rebeldía y una más en 2018, una vez que ya estaba encarcelada– debe permanecer entre rejas hasta septiembre de 2027.

Eso sin contar la pena que podría recibir en este proceso –un máximo de diez años– y tampoco que España ha transmitido tres demandas de extradición por otros tantos atentados, en 1995 y 1996, para los que Francia ya ha dado su visto bueno en dos.