Sánchez sitúa en puestos clave a cargos favorables a la 'vía Nanclares'

Traspaso de cartera. Fernando Grande Marlaska se convirtió la semana pasada en el nuevo ministro del Interior./AFP
Traspaso de cartera. Fernando Grande Marlaska se convirtió la semana pasada en el nuevo ministro del Interior. / AFP

El Gobierno socialista apuesta por facilitar la reinserción de los presos de ETA si rechazan de forma más contundente su pasado terrorista

DAVID GUADILLA

Como si de una partida de ajedrez se tratase, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a situar las piezas que considera adecuadas en el tablero de la política penitenciaria. A día de hoy todavía no hay movimientos, pero es más que probable que los haya. «Obviamente, cuando las circunstancias cambian, se requieren de otras políticas», resumió el viernes la portavoz, Isabel Celaá. Y para abordar ese «nuevo tiempo», el Ejecutivo del PSOE ha apostado por colocar en puestos clave a cargos que a lo largo de su trayectoria han apostado por el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, por la excarcelación de los internos enfermos y, sobre todo, por recuperar la 'vía Nanclares'.

Aquella fórmula se puso en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar abrir una brecha en el colectivo oficial de presos de ETA. Básicamente, lo que pretendía era facilitar la reinserción de los reclusos. Pero no a cualquier precio ni a todos. Solo a los que rompiesen con la disciplina de la banda, asumiesen el daño causado y pidiesen perdón a las víctimas. El número de etarras que se sumó a esa iniciativa apenas rondó la treintena, pero tuvo un gran impacto simbólico porque entre ellos estaban históricos de la banda como Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo Sistiaga. Con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, la 'vía Nanclares' entró en un punto muerto del que Sánchez la quiere ahora sacar.

Y para reactivar esa estrategia tres serán las figuras clave: Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior; Ángel Luis Ortiz en Instituciones Penitenciarias; y Jesús Loza como delegado del Gobierno en Euskadi. Durante su paso por la Audiencia Nacional, el exjuez se significó por respaldar la 'vía Nanclares' a través de varias sentencias. Ortiz, por su parte, es un veterano jurista defensor de la «justicia restaurativa», un modelo que busca que el preso no solo cumpla su condena, sino que también logre la reinserción y empatice con sus víctimas. Una derivada de ese sistema son los encuentros entre los reclusos y quienes sufrieron su violencia. Y en este campo, Loza llevó a cabo varias experiencias en el País Vasco durante su etapa como parlamentario vasco y comisionado para la convivencia con Patxi López.

El Gobierno central parece dispuesto a mover ficha a medio plazo. Y no solo porque lo insinuase Celaá el pasado viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El propio Sánchez ha dado pistas en ese sentido. No como presidente, pero sí hace apenas un mes, justo tras la disolución de ETA. El primero en reaccionar al anuncio de la banda fue Patxi López. Aseguró que «otra política penitenciaria es posible», y consideró razonable acabar con la dispersión de los reclusos. En realidad no dijo nada diferente a lo que ya defendía cuando estaba en Ajuria Enea.

Sus palabras no fueron cuestionadas por Pedro Sánchez. Todo lo contrario. «La posición de Patxi López es la del PSOE, la que siempre hemos defendido». El acercamiento de presos, aseguró el por aquel entonces todavía líder de la oposición, «no tiene ningún calendario, ni tiene nada que ver con la disolución de ETA, tiene que ver con un planteamiento que el Partido Socialista siempre ha defendido en Euskadi y en el conjunto del país».

«Es que es así, hace tiempo que creemos que se debe pasar a una política ordinaria. Cumplir la ley no es una rendición», afirma Rafaela Romero, parlamentaria del PSE, quien considera necesario que haya «avances», aunque también apela a la prudencia. «Habrá que darse un tiempo y ver lo que hay que hacer con tranquilidad», afirma la portavoz del PSE en temas de memoria y convivencia en el Parlamento vasco. Romero negoció esta misma semana una proposición con EH Bildu en la que, a cambio de que los socialistas vascos pidiesen de forma oficial al Gobierno central el acercamiento de los presos, la coalición soberanista instaba a los reclusos a asumir el «daño causado». Y ahí puede estar una de las claves.

Aunque el colectivo de presos (EPPK) ya asumió en diciembre de 2013 ese «daño causado», los socialistas consideran que esa autocrítica no se puede quedar en una mera declaración efectuada hace cinco años. Que tienen que ser los reclusos los que, mediante peticiones individualizadas, muestren ese mayor arrepentimiento. El objetivo, evitar que aparezcan como héroes ante la sociedad vasca.

Ángel Luis Ortiz.
Ángel Luis Ortiz.
Ángel Luis Ortiz Instituciones Penitenciarias

Experiencia: Licenciado en Derecho, Ortiz lleva 35 años trabajando en la Administración de Justicia. Ocupaba el cargo de director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Amplio conocedor de la 'vía Nanclares', ve con buenos ojos la justicia restaurativa.

Jesús Loza Delegado del Gobierno en Euskadi

Trayectoria: Parlamentario entre 2001 y 2012, fue uno de los mayores defensores de la 'vía Nanclares' y de los encuentros entre víctimas y presos dispuestos a desmarcarse de la violencia. En marzo de 2012 Patxi López le nombró Comisionado para la Convivencia.

Solicitudes personales

A mediados del año pasado, el EPPK dio vía libre para que sus miembros presentasen esas solicitudes personales y asumiesen la legalidad para obtener beneficios penitenciarios, pero no ha tenido efectos prácticos. El Gobierno de Rajoy no realizó ningún movimiento, a pesar de que algunos pasos dados por Francia -con la que España mantiene una total sintonía en materia antiterrorista y que ha acercado a media docena de presos a las cárceles más próximas al País Vasco- apuntaban a un cambio en esa política de firmeza. Quien tendrá que valorar si los presos de ETA se están desmarcando de su pasado será Ortiz al frente de Instituciones Penitenciarias. Los informes que redacte serán fundamentales.

Aun así, en el horizonte hay dos incógnitas de calado. La primera, si el Gobierno de Sánchez, más allá de su voluntad, tiene margen para realizar gestos en una situación de extrema debilidad parlamentaria. «Debemos trabajar muchas complicidades, con el Gobierno vasco y también con el PP. Es un partido de Estado y uno de los que más sufrió el terrorismo. Ahora habla desde las tripas, pero habrá que ver», vaticina Romero, quien recalca que todos los pasos que se den tienen que tener en cuenta el papel de las víctimas. Y ahí entra en juego Loza. El nuevo delegado del Gobierno está bien considerado por los afectados del terrorismo. Su cercanía, su cordialidad y su conocimiento de la 'vía Nanclares' puede ser clave para evitar maltentendidos.

La segunda gran pregunta es si los presos estarán dispuestos a dar los pasos necesarios. Los socialistas no son especialmente optimistas.

El marido de Hélèn Davo, al frente de una nueva Secretaría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere tener una visión global de todo lo que atañe a España fuera de nuestras fronteras y por ello ha decidido crear en La Moncloa una Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, al frente de la cual ha situado al diplomático José Manuel Albares. Se da la circunstancia de que Albares es el marido de Hélène Davo, directora adjunta del gabinete de la ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, cargo desde el que pilota la política de acercamiento y de retirada del régimen de peligrosidad de los presos de ETA. Desde hace un año era consejero de Asuntos Culturales en la Embajada de España en París.

Con dos departamentos a su cargo, esta nueva Secretaría General permitirá al presidente del Gobierno aportar una mayor coherencia a la voz de España en el extranjero.

PNV, EH Bildu y Podemos creen que «algo empieza a avanzar»

PNV, EH BILDU y Elkarrekin Podemos consideraron ayer que la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa podría llevar aparejada un cambio en la política penitenciaria. Los últimos nombramientos, incluido el de Jesús Loza como delegado del Gobierno en Euskadi, han provocado que los principales partidos vascos vean factible un posible acercamiento de presos de ETA. «Vemos capaces a los miembros del actual Ejecutivo de consensuar un paso en ese sentido», reconoció ayer el parlamentario jeltzale Luis Javier Tellería.

El relevo en la dirección de Instituciones Penitenciarias y el reciente acuerdo de la Cámara vasca en el que se reclaman a Madrid cambios en la política de dispersión esbozan un escenario en el que, según se congratuló Tellería, «parece que algo empieza a avanzar». El PSE, de la mano de Eneko Andueza, se reafirmó ayer en las bondades de la 'vía Nanclares' y su apuesta por la reinserción. Pero no solo en Sabin Etxea creen que 'cambiará el sentido del viento' en materia de presos. EH Bildu tampoco esconde sus buenas sensaciones, pese al nombramiento de Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior. «Hay cosas que empiezan a evidenciar que hay movimientos», expresó ayer en Radio Euskadi Iker Casanova. El parlamentario de la coalición abertzale abogó, además, por «respetar los tiempos que el Gobierno central ponga encima de la mesa, siempre que haya voluntad».

Desde Elkarrekin Podemos, Edurne García confió en que «se den las bases para la búsqueda de acuerdos» que permitan poner fin al alejamiento. Ahora bien, aprovechó para emplazar a los presos de ETA a «reconocer que matar estuvo mal». Con un discurso más duro, la parlamentaria del PP Laura Garrido reclamó que el Gobierno se ciña a la ley. «No vamos a pensar ahora que los presos de ETA son autónomos, hay un control sobre sus decisiones», apostilló.

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