Más rigor

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Tonia Etxarri
TONIA ETXARRI

Han roto con ETA y han pedido perdón a las víctimas. Esa es la explicación del Gobierno, que hace suya el delegado en el País Vasco, Jesús Loza, para justificar el acercamiento de dos presos a la cárcel de Basauri, en Bizkaia. Olga Sanz y Javier Moreno, que tenían concedido ya el tercer grado, habrían reunido los requisitos necesarios para disfrutar de ese estadio previo a la libertad y por eso los funcionarios les habrán visto aptos para esa condición que les permite ser trasladados a prisiones cercanas a sus domicilios. Ninguna objeción legal. No están sometidos a la disciplina del colectivo de presos de ETA y se han desmarcado de la violencia.

Pero después de haber comprobado la evolución de muchos excarcelados, que no han llegado a reinsertarse, conviene precisar que los internos que quieren solicitar beneficios penitenciarios orientados a la reinserción suelen firmar un documento en el que expresan su arrepentimiento, piden un perdón genérico y se comprometen a colaborar con la Justicia y a reparar el daño causado. Pero la concreción de las promesas es lo que suele fallar en muchos casos. Por eso no es de extrañar que el eurodiputado Carlos Iturgaiz, que fue uno de los objetivos de este comando junto al ex consejero del Gobierno vasco, Juan Mari Atutxa, haya querido matizar que estos dos presos en cuestión a él no le han pedido perdón por haber querido matarle. Y se lo ha querido contar al ministro Grande Marlaska y a la opinión pública en general para que no haya malentendidos. Que no tienen por qué hacerlo personalmente, pero que no lo han hecho. Que no se vaya a creer la gente que estos presos arrepentidos un buen día levantaron el teléfono para pedir perdón a sus víctimas. La cosa no funciona así. Es mucho más sofisticada. Y escurridiza.

Cuando Consuelo Ordóñez fue a visitar al asesino de su hermano Goyo a la cárcel, Valentín Lasarte, se quedó con la impresión de que el preso, que ya había sido expulsado de la banda por disidente, no iba a colaborar con la Justicia sino que su compromiso era genérico para poder salvar el expediente. Como la ley no exige una confesión de futuros planes, los colectivos de víctimas del terrorismo, ni la AVT ni Covite, ponen reparos a estos traslados porque se ajustan a la norma. Otra cosa es que la norma les parezca injusta. Como la reciente excarcelación de 'Santi Potros'. ¿Qué les puede parecer que al exetarra le haya salido tan barato matar? Tras 31 años recluido, no ha pagado ni con un año de cárcel por cada crimen cometido. Pero éste es el Código Penal que tenemos, con la derogación de la doctrina Parot incluida. Y a los colectivos de víctimas no les queda otra opción que estar vigilantes para evitar más humillaciones, impidiendo homenajes a quienes fueron asesinos y hoy son tratados entre su colectivo como héroes.

El acercamiento de estos presos es una cuestión que afecta a muchas sensibilidades. Por eso el Gobierno de turno debe actuar con mucho tacto. Decía Jesús Loza que, en sus acercamientos, «no hay una decisión política», pero es «un gesto». Ante tales afirmaciones contradictorias cabe pensar que, en efecto, una de las exigencias del PNV en los últimos tiempos (que estuvo a punto de concretarse con el Gobierno del PP) se está haciendo realidad con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La transferencia de prisiones no se hizo por falta de tiempo y porque la rebelión de Cataluña ya introdujo una gran dosis de inestabilidad al Gobierno de España. Todo llegará.

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