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Es la principal voz del PP en el Congreso, donde su líder, Alberto Núñez Feijóo, no dispone de asiento. Así que Cuca Gamarra (Logroño, 1974) ... ejerce de alguna manera como jefa de la oposición, una encomienda que le hace enfrentarse cara a cara con Pedro Sánchez cada miércoles. La secretaria general de los populares reconoce cierto hastío con el ambiente crispado que se vive en el Congreso y llama a demostrar que hay «otra forma de hacer política, con contundencia pero desde el respeto».
- El ambiente en el Congreso resulta irrespirable. ¿Son conscientes de que la crispación se puede trasladar a la calle?
- Aquellos que están detrás de esta crispación no lo hacen de manera inconsciente, tienen un objetivo. Lo que ha ocurrido esta semana proviene del propio Gobierno. Hablamos de una ministra que acusa al principal partido de la oposición de promover la cultura de la violación. Lo que busca es enfangar la política para intentar tapar su escándalo con la ley del 'sólo sí es sí' mientras las víctimas sufren.
- ¿El PP no asume ninguna responsabilidad en esta escalada dialéctica?
- Yo no tuve ningún inconveniente en denunciar que se había traspasado la línea del respeto a la ministra con aquellas declaraciones de una diputada de Vox. Pero no voy a aceptar que luego se nos trate así. No lo devolveré con la misma moneda, le demostraremos a la sociedad que hay otra manera totalmente diferente de hacer política, con contundencia pero desde el respeto.
- Son Podemos y Vox los que más alientan este escenario. ¿PSOE y PP no deberían poner pie en pared?
- Pero un aspecto importante es que Podemos lo hace como Gobierno de España. Y en ese gabinete hay más gente. No he escuchado al presidente rectificar la actitud de la ministra. Evidentemente hay una estrategia para utilizar a sus ministros como escudos que le protegen ante su nefasta política a todos los niveles.
- ¿Se ha ejercido «violencia política» sobre Irene Montero?
- La violencia política es otra cosa y no se puede banalizar. El País Vasco sabe muy bien lo que significa ese concepto.
- ¿Reconoce al menos que la campaña personal contra la ministra ha ido demasiado lejos?
- Que una diputada traspasara la línea con ella no justifica que ahora pueda acusar al PP de promover la cultura de la violación. Alguien que se comporta así no puede formar parte del Consejo de Ministros. Pero sin duda quienes no merecen que siga en el puesto son las víctimas de agresiones sexuales que están viendo cómo los únicos beneficiados de la nueva ley son sus agresores.
- ¿Qué haría el PP si llegara hoy a La Moncloa? ¿Derogaría la ley o se limitaría a corregir la fisura que está permitiendo las reducciones de penas?
- De manera urgente reforzaríamos lo que afecta a las penas. Lo que el PP también haría es legislar con seriedad, teniendo en cuenta las advertencias de distintos organismos, sobre todo los judiciales. Nosotros planteamos una reforma que se puede hacer en estos momentos, que debería hacerla el Gobierno y que estamos dispuestos a apoyar. Si no, cuando lleguemos a La Moncloa, si así lo deciden los españoles, corregiremos la ley en lo que afecta a las penas.
- ¿Entonces no derogarían una ley a la que se opusieron?
- No, la corregiríamos en ese aspecto. Hay aspectos que forman parte de las demandas que veníamos planteando hace mucho tiempo. Pero evidentemente tiene un vicio importante que debe ser subsanado.
- ¿Admite, por tanto, que al margen del aspecto de las penas, el resto de esta norma ha mejorado la protección a las mujeres?
- Hay cuestiones que son positivas y que las hemos apoyado. El PP hizo un trabajo importante durante la tramitación de la ley, y también llamamos la atención sobre lo que iba a ocurrir con las penas. Hay que rectificar esta cuestión para que los avances no se vean ensombrecidos.
- Abordemos la crisis judicial. Ahora el Gobierno propone al exministro Juan Carlos Campo para el Constitucional. Antes el PP lo hizo con Enrique Arnaldo. ¿Es ésta la concepción de independencia judicial que tienen?
- Nunca nadie había llegado tan lejos, nunca se había producido en nuestra democracia. Es una gota más en ese océano de colonización de otros poderes que está llevando a cabo Sánchez. En este caso hablamos de un exministro al que el propio Constitucional ha tumbado algunas de sus decisiones. De momento, cinco, y no serán las últimas. No es que la imparcialidad esté cuestionada, es que la parcialidad está probada.
- ¿Este movimiento reafirma al PP en su negativa a acordar la renovación del Poder Judicial?
- Nos reafirma en que la voluntad de avanzar hacia la independencia de los poderes no era posible. Ha quedado demostrado que, lejos de querer establecer garantías para impedir la parcialidad, lo que ha buscado es profundizar más en ella.
- ¿Se puede decir ya que no se va a desbloquear el CGPJ en lo que resta de legislatura?
- Evidentemente con el camino que ya había emprendido antes el Gobierno y que ahora ha acelerado, resulta imposible.
- ¿El cumplimiento del mandato constitucional por parte del PP depende de lo que haga o no haga el Ejecutivo?
- De lo que depende la renovación del CGPJ es de que las dos partes lo hagan en un contexto de garantías. Debe ser una renovación avanzando en lo que Europa también ha exigido a España, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho con más garantías de independencia. Lo debemos seguir a rajatabla.
- ¿Cuánto se arrepiente de aquellas declaraciones en las que desligó este asunto de la reforma del delito de sedición? Hipotecó el discurso de todo su partido.
- Esas declaraciones no deben desunirse de lo que ocurrió. Se pronunciaron en un momento determinado en que el Gobierno nos negaba que se fuera a hacer y se estaba dando tiempo para comprobar si era realmente así. El tiempo demostró que nos estaban mintiendo: la derogación del delito ya se está tramitando.
- Los indultos y la mesa de diálogo han desinflamado la política catalana. ¿Esto no podría ayudar también a la convivencia?
- Lo que está haciendo es envalentonar al independentismo a costa de debilitar el Estado de Derecho. No hay más que escuchar a quienes se van a beneficiar de la derogación del delito, a los que se les ha hecho un traje a medida. Dicen que volverán a hacerlo y que les saldrá más barato. Es curioso que aquí, a diferencia de la ley del 'sólo sí es sí', las disposiciones transitorias para la aplicación retroactiva de la reforma estén tan claras.
- Las encuestas indican que Sánchez comienza a remontar. ¿Se le está haciendo demasiado larga la carrera a Feijóo?
- A quien se le está haciendo larga la legislatura es a la ciudadanía. Mientras otros países ya han recuperado su nivel de crecimiento, España no lo hace y se queda a la cola. Somos los rezagados y cuanto más tiempo tarde en producirse el cambio, más dificultades vamos a tener. Lo que dicen las encuestas es que el PP es la primera fuerza política y nosotros vamos a trabajar por una mayoría suficiente.
- Una mayoría, a tenor de los sondeos, insuficiente sin la participación de Vox, que promete exigir gobernar en coalición.
- Lo mismo decían en Andalucía y hoy Juanma Moreno gobierna con mayoría absoluta, con la máxima estabilidad. Eso es a lo que estamos nosotros.
- Hace un mes Feijóo se reunió con Andoni Ortuzar. ¿Han mejorado las relaciones con el PNV?
- Para el PP la normalidad en la relación entre los partidos debe existir. Es lo que el presidente Feijóo cultiva, creo que es bueno y sano en democracia.
- ¿Aún escuece que los nacionalistas vascos decantaran la balanza en la moción de censura de Mariano Rajoy?
- Bueno, evidentemente eso está ahí. Todos sabemos que esa moción de censura no habría salido adelante sin la participación del PNV. Y ojalá hubiera sido así porque el destino de España habría sido otro. Hoy estaríamos mucho mejor de lo que estamos.
- ¿Ve al PNV virando hacia el PP para neutralizar de paso la influencia que EH Bildu ha conseguido en Madrid con Sánchez?
- Alimentar a Bildu tiene unas consecuencias no sólo a nivel nacional, sino también en el País Vasco. Sin duda alguna, Sánchez está queriendo promover en Euskadi un cambio político que no pasa por tener al PNV como aliado.
- Hace semanas, con la exhumación de Queipo de Llano, Feijóo decía que la política debe «dejar en paz a los muertos» y centrarse en «solucionar los problemas de los vivos». ¿Seguirán esa máxima con las víctimas de ETA? Algunas les han pedido que no hablen en su nombre.
- Es que el PP es víctima, podemos hablar en primera persona. Y no hablamos de pasado, hablamos de presente porque hay más de 370 asesinatos de ETA que no han sido esclarecidos. Hay mucha gente que podría colaborar con la Policía para que se resolvieran esos crímenes y, sin embargo, eso no sucede.
- ¿La dimisión de Marlaska bastaría para zanjar una tragedia de la que se desconoce hasta el número de fallecidos?
- En el PP estamos llevando a cabo una importante labor de control en el Congreso. Sin nuestro trabajo el ministro no habría comparecido ni se habría producido el visionado de las grabaciones. Ha quedado constatado que no fue un asunto bien resuelto, como dijo el presidente, y que Marlaska mintió en sede parlamentaria. Es el momento de las responsabilidades políticas.
- ¿Las evidencias no son suficientes como para constituir una comisión de investigación que depure responsabilidades?
- Las responsabilidades políticas han quedado ya más que claras con la acreditación de las mentiras de Marlaska por parte de todas las investigaciones. Nadie puede negar las evidencias. Hay que recordar también que ya hay una investigación abierta de la Fiscalía, es un ámbito que seguimos con mucha atención.
- ¿Evitan juntarse con los socios del Gobierno por temor a que ese órgano se convierta en un escenario de señalamiento a la Guardia Civil?
- La composición del Congreso hace que uno tenga que valorar muchos aspectos sobre el interés que pueda tener cada uno en esa comisión de investigación. No descartamos que pudiéramos llevarla a cabo, pero insisto en que las responsabilidades han quedado claras y deben asumirse.
- ¿La gestión del asalto a la valla y sus consecuencias habrían sido muy diferentes con un ministro del PP?
- Desde luego un representante del PP nunca habría mentido en el Congreso, no habría tenido inconveniente en comparecer de manera voluntaria y de mostrar las imágenes. Son cosas que no han ocurrido con un Gobierno que se llama progresista, que empezó con el Aquarius pero que no hay más que ver cómo se comporta ahora.
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