Alberto López Basaguren | Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU

«Reconocer a Euskadi como nación puede ser legal, pero no un elemento integrador»

– ¿Vivimos en un Estado jacobino, como sugirió Imanol Pradales en el Aberri Eguna?

– Eso no se sostiene desde ningún punto de vista. No hay más que comparar el sistema autonómico español con otros de carácter centralista que tenemos muy cerca, como el de Francia. Hay un abismo entre uno y otro. En todo caso, me preocupa que el exceso verbal en política se considere una forma de atraer a la gente. Es una vía abierta al populismo. Y luego no nos podemos quejar del triunfo de los populismos si contribuimos con ese tipo de declaraciones.

– Se refería el lehendakari a decisiones como la anulación del traspaso de la homologación de títulos extranjeros. ¿Se excede el Supremo en sus funciones al delimitar el reparto competencial en vez del Constitucional?

– Desde el punto de vista jurídico, es una sentencia absolutamente pulcra, muy bien argumentada y en base a la doctrina del Constitucional. Lo que ha analizado el Supremo es un decreto de transferencia que ha sido recurrido. Es que si no tuviese abierta la vía del recurso contencioso-administrativo, sería incontrolable. Y eso sí que es algo inadmisible en un Estado de Derecho.

– ¿Se anulan traspasos de competencias por un interés centralizador o porque no se materializan bien desde el punto de vista legal?

– A mi juicio hay una obsesión excesiva en el Gobierno vasco y en el PNV por resolver cuestiones políticamente sin atender suficientemente a su anclaje y su armazón jurídico. Creían que como había un acuerdo con el Gobierno del Estado, no iba a haber nadie que se opusiera, pero aquí nos hemos encontrado con el recurso de diversos colegios profesionales. Si el traspaso se hubiese hecho de forma impecable e inobjetable, el Supremo habría fallado otra cosa. Me da la sensación de que aquí se dispara al pianista, pero él no ha hecho más que seguir la partitura.

– El PNV demanda un sistema de garantías bilateral para que estas cosas no puedan suceder. ¿Es un atajo para librarse del control de los tribunales?

– Lleva decenios intentando algo que es inviable salvo que pongamos patas arriba el sistema autonómico español y se acabe aceptando un sistema de relación confederal. El PNV ha tenido éxitos parciales al introducir la excepción de los derechos históricos, por ejemplo, pero la pretensión de generalizar eso a un sistema totalmente bilateral del que esté excluido el control jurisdiccional, bien del Supremo o bien del Constitucional, creo que es algo inviable a todas luces.

– ¿Y es viable el reconocimiento de Euskadi como nación? Parece que hay cierto consenso entre PNV, EH Bildu y PSE-EE para incluir esto en una eventual reforma del Estatuto.

– Esa afirmación en sí misma no plantea en principio problemas jurídicos, por lo que puede ser legal e incorporarse al Estatuto, pero del mismo modo creo que no sería un elemento integrador de lo que a mí me parece esencial, que es una mayoría cualitativa de la sociedad vasca detrás de esa reforma estatutaria. Dejaría fuera a la mitad de la ciudadanía.

– Explíquese.

– Conviene empezar señalando que estamos ante un término muy resbaladizo. En el ámbito académico hace mucho que se ha llegado a la conclusión de que es imposible articular un concepto de nación que sea aceptado de forma general sin problemas. Yo soy partidario de desdramatizar y que cada uno diga lo que se siente. Y si para determinados sectores el identificarse como nación es importante, pues adelante. Pero aquí la cuestión es otra.

– ¿Cuál?

– El significado y las consecuencias que tiene el reconocimiento legal como nación. Normalmente los nacionalistas lo consideran de una u otra manera como el derecho al ejercicio de la soberanía partiendo de una idea homogénea de la sociedad. Pero ahora las sociedades son profundamente plurales y el eje central debe pasar por los derechos de ciudadanía. En el País Vasco, más o menos la mitad de los habitantes se consideran nacionalistas y la otra mitad, no nacionalistas. ¿Puede una mitad imponérselo a la otra?

– Por tanto, ¿habría que acotar el término si finalmente se introduce en el Estatuto?

– Habría que concretar bien lo que significa... o más bien lo que no significa. Porque tal vez los sectores que proponen el reconocimiento de Euskadi como nación prefieren dejarlo indefinido para luego poder definir ellos, como intérpretes auténticos, lo que quiere decir. Si es el derecho a la autodeterminación, atenuado o no, eso desde luego no cabe hoy por hoy en el modelo europeo.

– ¿Lograr la soberanía plena es una quimera en el siglo XXI?

– Sí, pero no sólo por el proceso europeo de integración, sino también porque las sociedades actuales son tan plurales que un reto de este tipo no es capaz de aglutinar a una mayoría clara, como vimos en el caso de Cataluña. Y eso no ocurre, entre otras cuestiones, porque el bienestar se pone en riesgo ante saltos cualitativos que se sabe dónde empiezan, pero no dónde van a acabar.

– Usted participó en la ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco como experto a propuesta del PSE-EE. ¿Se debería reactivar? ¿Volvería si le llaman?

– El grupo técnico en el que participé hizo un trabajo que está ahí, está hecho, así que yo no estaría dispuesto a volver a hacerlo. Conseguimos un consenso con algunas discrepancias que son cuestiones fundamentalmente políticas, así que quienes deberían resolverlas son los partidos.

– Hablemos sobre el euskera. ¿Qué está pasando para que ya incluso voces del nacionalismo estén empezando a cuestionar la política lingüística?

– Y además son voces que son tachadas rápidamente de euskerófobas por mucho que sean euskaltzales y tengan una trayectoria indubitada en la defensa y el uso del euskera. Creo que el gran problema es la no aceptación de que una política lingüística democrática debe adecuarse a la configuración lingüística de la sociedad. Aquí ha imperado el voluntarismo pensando que se podía hacer lo que fuese, pero la realidad es tozuda y los resultados académicos están ahí. Y me resulta preocupante que haya un deslizamiento hacia un fundamentalismo cada vez mayor.

– ¿A qué lo achaca?

– A algo que a mí me resulta comprensible, que es el desafío por la supervivencia de la lengua. Lo que no comparto es la reacción de determinados sectores y que creo que puede llevar al mayor error histórico tras el gran triunfo del euskera batua. Hay quienes se rasgan las vestiduras por la diferencia entre el conocimiento y el uso del idioma, pero es que eso responde a la realidad. No es indiferente cuál sea la lengua familiar o del entorno social de cada uno. Pretender que quienes malaprenden euskera en la escuela en una zona absolutamente castellanoparlante vayan a utilizarlo de forma habitual en sus relaciones sociales es una quimera.

– ¿Existe una ofensiva judicial contra el euskera, tal y como defienden algunos sectores? Se acumulan las sentencias que anulan requisitos lingüísticos.

– Los mensajes simplistas y que llegan al corazón, aunque no sean ciertos, tienen muchas posibilidades de éxito. Yo ya escribí un artículo en EL CORREO en el que caso a caso, sentencia a sentencia, iba poniendo de manifiesto por qué no se podía sostener esa afirmación. Reforzar el euskera no exige excluir de la función pública a todo aquel que no domine el euskera, cuando además la experiencia en muchas administraciones es que la gente a la que le han exigido el perfil luego no tiene que utilizarlo casi nunca. Y tampoco pasa por hacer una traslación automática de las mayorías políticas.

– ¿A qué se refiere?

– El nacionalismo cree que se puede hacer una traslación de su fortaleza política en términos de votos al ámbito de la política lingüística y creo que ese binomio no funciona porque dentro hay diferentes sensibilidades. Uno de los requisitos indispensables para la subsistencia del euskera es el respaldo social y, a mi juicio, actitudes así lo que hacen es que se debilite crecientemente.

– ¿Se están resquebrajando los consensos sociales y políticos que se lograron en los años 80 en torno al euskera?

– La ley del euskera de 1982 fue una demostración de sensatez y consiguió un consenso muy amplio, con PNV, PSE, Euskadiko Ezkerra y UCD. Ahora quienes llevan la voz cantante son sectores que se quedaron fuera de aquel acuerdo y una parte, creo percibir que no todo, del PNV. Reproducir aquello sería imposible, al menos si finalmente impera lo que algunos sectores del euskera pretenden respecto a la política lingüística.