El PNV quiere que los juristas «aproximen» las bases pactadas con Bildu y los votos particulares

Josu Erkoreka./
Josu Erkoreka.

Erkoreka cierra filasy aclara que «todo»el partido comparte el acuerdo con la izquierda abertzale, pero insiste en pedir una reforma del Estatuto «incluyente»

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

A dos días de que los grupos registren en la Cámara de Vitoria los nombres de los cinco expertos, uno por partido, que integrarán la comisión redactora del nuevo Estatuto, la intención de la ponencia de Autogobierno es mantener el encargo original -la redacción de un texto articulado a partir del trabajo político desarrollado hasta ahora-. Pero con la encomienda precisa de buscar «líneas de aproximación» y «puntos de encuentro» entre las bases acordadas por PNV y EH Bilduantes del verano y los votos particulares registrados por PSE, PP y Elkarrekin Podemos, según fuentes parlamentarias consultadas por este periódico.

Esa es la fórmula que habría escogido el PNV para intentar «ensanchar» los consensos en torno a la reforma del Estatuto de Gernika, como han reclamado en los últimos días Sabin Etxea y, especialmente, el lehendakari Urkullu, que ha insistido en abandonar los planteamientos de «todo o nada» para garantizar que el texto tenga «recorrido institucional» y no corra la misma suerte que el plan Ibarretxe.

El jefe del Ejecutivo vasco se ha empleado a fondo desde la vuelta de las vacaciones en buscar fórmulas para reconducir la reforma del Estatuto hacia el acuerdo «amplio y transversal» en Euskadi que el Gobierno de coalición PNV-PSE siempre ha defendido, una meta que se recoge literalmente en el acuerdo de gobierno. La estrategia de EH Bildu de aceptar todos los planteamientos de máximos que los jeltzales, comandadados por Joseba Egibar como jefe del grupo parlamentario, fueron depositando en la ponencia había escorado el acuerdo hacia contenidos netamente soberanistas muy en la línea del fallido plan Ibarretxe.

No en vano, el pasado 27 de agosto, la víspera de la inauguración del curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián, el lehendakari Urkullu reunió a colaboradores, asesores y a las personas de confianza a las que escucha habitualmente para analizar la situación e intentar reconducirla. Ya desde la semana anterior, Arnaldo Otegi presionaba al PNV para no rebajar las bases acordadas con su partido e incluso se ofrecía a aprobar los Presupuestos vascos para 2019 -más en el alero que nunca- si la 'hoja de ruta' se mantenía intacta.

Ya esta semana, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano -un dirigente de la más absoluta confianza de Egibar-, ha marcado territorio al calificar de «irrenunciable» el pacto que, con el derecho a decidir como epicentro, se ha alcanzado con EH Bildu. El resto de grupos, sugirió, podrían plantearse su «adhesión» a ese acuerdo y sería «deseable» que así fuese pero sin dar marcha atrás a lo ya acordado, que incluye, por ejemplo, la controvertida distinción entre ciudadanía y nacionalidad vasca y el mecanismo de doble consulta para modificar el Estatuto.

Ayer, Josu Erkoreka quiso alejar cualquier fantasma de división en el partido y aclaró que «todos» los miembros del PNV comparten las bases acordadas con EH Bildu «porque forman parte de nuestros principios ideológicos y programáticos». Pese al cierre de filas, el portavoz del Ejecutivo Urkullu insistió en Onda Vasca en que también «todos» están «por la labor» de hacer «un esfuerzo, que merece la pena» para buscar un acuerdo «más amplio, más integrador, más incluyente» para actualizar el autogobierno.

Ocho meses

La realidad es que el PNV quiere que los cinco académicos, profesores y constitucionalistas que recogerán el testigo de los grupos intenten buscar «espacios de acuerdo» desde «la perspectiva técnico-jurídica» que no han sido posibles en el plano político. En definitiva, que sean ellos quienes traten de ampliar el consenso sobre el nuevo estatus para acercarlo a la centralidad política, una posibilidad que el elegido por el PSE, Alberto López Basaguren, consideró «poco seria» en una entrevista en EL CORREO. Salvo sorpresa, ése será el encargo que la ponencia traslade a los expertos en su reunión del próximo 12 de septiembre, en la que se acordará formalmente la constitución de la comisión redactora.

Según el acuerdo de gobierno, ese grupo tendrá ocho meses para hilvanar la reforma, tiempo suficiente, en cualquier caso, para que el borrador de texto articulado no vuelva al Parlamento hasta después de las elecciones municipales y forales de mayo. Entonces, la pelota volverá a los grupos en la fase de enmiendas y su posterior debate en pleno.

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