ETA quiere evitar que disidentes usen sus siglas tras su disolución

Un trabajador municipal borra una pintada de apoyo a ETA, en la pared de un edificio de Gernika./E. C.
Un trabajador municipal borra una pintada de apoyo a ETA, en la pared de un edificio de Gernika. / E. C.

La banda prepara una comisión liquidadora ante su inminente disolución

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

ETA se plantea crear una 'comisión' especial antes de su inminente disolución con el objetivo de controlar un hipotético uso de sus siglas que puedan realizar grupos disidentes y dar algún tipo de cobertura a los miembros de la banda huidos, según ha podido saber EL CORREO. La fecha que estaba manejando la izquierda abertzale para llevar a cabo esta 'desmovilización' -la banda se niega a utilizar la palabra disolución- era el dos de mayo, aunque se trata de una decisión que aún no está tomada puesto que dependen de la campaña que están realizando para conseguir apoyos, tanto nacionales como internacionales, a la hora de escenificar el fin de la banda. Según ha publicado este periódico recientemente, entre el Gobierno vasco y la mayoría de las fuerzas del Parlamento autonómico se ha extendido, incluso, la creencia de que el final completo de la organización terrorista podría demorarse hasta finales de mayo o principios de junio. Siempre antes de que se celebre el Mundial de Rusia porque, según la mentalidad de la cúpula etarra, el torneo de fútbol podría 'eclipsar' el anuncio de su 'desmovilización.

Según fuentes conocedoras del proceso, la 'comisión liquidadora' se considera clave para evitar que, una vez que la banda baje la persiana, surjan grupos disidentes que pretendan arrogarse las siglas o realizar algún tipo de reivindicación política en su nombre. Para las personas que están al tanto del proceso de disolución, este control es clave en un momento en el que ya han surgido iniciativas disidentes como ATA, un grupo minoritario que se ha posicionado en contra de la decisión de la izquierda abertzale de abandonar la reclamación de la amnistía. Los responsables de esta discrepancia, que han llegado a considerar traidores a dirigentes independentistas como Arnaldo Otegi, cuentan con el apoyo de algunos presos del sector más duro que, en determinados contextos, también podrían reclamar su pasado en la banda. El objetivo de la 'comisión liquidadora' sería cortar de raíz cualquier intento de lanzar mensajes en nombre de la banda o de reclamarse herederos de su historia.

Además, este grupo de trabajo es consciente de que la desmovilización se llevará a cabo sin haber resuelto dos flecos claves para ETA como es la situación de los presos y de los huidos. En el caso de los reclusos se están llevando a cabo movilizaciones políticas a favor de su acercamiento a cárceles vascas -el próximo sábado 21 se celebrará una nueva manifestación en Bilbao- y se reivindica el paso dado por Francia, que ya ha acercado a cárceles próximas a Euskadi a nueve internos de la treintena que cumple condena en centros galos. Sin embargo, en la cuestión de los etarras fugados no ha habido avances. Según diversas fuentes, su número es mínimo pero la intención de esta comisión es no dejarles abandonados.

Victoria política

En las discusiones internas que se han barajado hasta el momento sobre la disolución de la banda se ha planteado la fecha del 2 de mayo como la deseable para anunciar la desmovilización. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico han señalado que este momento dependerá de los contactos internacionales que se consigan atraer para escenificar el final de la banda. La intención de la izquierda abertzale es poder presentar el paso como una victoria política -algo similar a lo que ya llevó a cabo el 8 de abril del año pasado tras proceder a la entrega de zulos con armamento- y para ello está contactando con diversos agentes. Por el momento se han barajado dos nombres: Mateo Zuppi y Brian Currin.

El primero de ellos es arzobispo de Bolonia y dirigente de la orden de San Egidio, que entre otras funciones media en la resolución de conflictos. Zuppi ya estuvo presente en Bayona durante la entrega de armas por parte de ETA, lo que provocó protestas de sectores de la Iglesia. Brian Currin, por su parte, es el abogado sudafricano que intervino en el proceso de paz de su país y en Irlanda del Norte, con contactos conocidos en el País Vasco.

Sea como fuere, la banda quiere no dejar flecos sueltos en el proceso hacia su desmantelamiento completo. Uno de los últimos interlocutores de ETA en la clandestinidad, David Pla, ahora recluido en la prisión de Osny, aseguraba ayer en el periódico 'Sud Ouest' que el debate entre los presos para poner fin a la banda está «prácticamente terminado» y que sus conclusiones se conocerán antes del verano. «ETA ha estado y está comprometida a seguir las tres fases del protocolo DDR» siglas que aluden al desarme, desmovilización y reintegración, según la ONU.