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Contable del Parque Tecnológico de Álava y exburukide. . Este bilbaíno que en febrero cumplió 56 años se encargaba de la ingeniería financiera. Según prueban numerosos correos electrónicos mostrados durante el largo juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de Álava, este antiguo burukide y -hasta ahora- contable del Parque Tecnológico de Álava daba instrucciones a seguir por los otros implicados. Un dato revelador. En el registro de su camarote se encontró documentación escrita a mano donde se indicaban las maniobras en las diferentes sociedades creadas para cobrar comisiones y lucrarse de manera ilícita. Esta prueba intentó ser anulada por su abogado, sin éxito. Y «por ella» fue condenado a un global de 7 años y 6 meses de cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Al igual que sucede con su amigo De Miguel, sólo una de sus numerosas condenas alcanzaba los dos años y un día de cárcel. Se trata de la asociación ilícita. En su caso, dos años y tres meses. Y el Supremo ratifica la fórmula de 'la triple de la mayor' (multiplicar por tres su mayor pena individual como especifica el artículo 76.1 del Código Penal). Corrobora por tanto los seis años y nueve meses entre rejas que le impuso en su momento la Audiencia Provincial de Álava. El más 'rebelde' durante el juicio ha labrado toda su carrera profesional al cobijo del PNV. Se curtió en las juventudes de EGI, donde dirigió una revista. Ostentó cargos en Osakidetza o el IFBS, el «instituto» que gestiona los Servicios Sociales en Álava. Atacó sin miramientos a Ainhoa Alberdi, la denunciante que propició la investigación ahora culminada, durante su declaración judicial. Al considerar el Gobierno vasco que la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, emitida en diciembre de 2019, no era firme le mantuvo como contable del Parque Tecnológico de Álava. Básicamente nunca abandonó esta plaza a pesar de la investigación, el posterior juicio y el fallo ahora ratificado por el Supremo. El Gobierno vasco anunció que dio «la orden directa» para que su gerencia «actúe en consecuencia». Como De Miguel, será despedido cuando «se reciba la sentencia».
Exburukide y exconcejal de Vitoria; el tercer ideólogo de la trama. El tercer ideólogo de la trama. Aclara el fallo del Supremo que, como De Miguel y Ochandiano, se valió de su puesto en el Araba Buru Batzar para llegar a embolsarse comisiones irregulares. La suma total de su pena por diversos delitos alcanza los cinco años, un mes y quince días de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas creen que «al carecer de antecedentes penales y que la mayoría de sus cargos son menores podrían aplicarle únicamente el delito de asociación ilícita, que en su caso es de dos años y tres meses». Tellería (Bilbao, 1962) ha sufrido en estos trece años de periplo judicial un evidente deterioro físico. Algunos medios deslizan que «recientemente habría recibido una incapacidad», argumento que podría esgrimir su abogado para intentar esquivar el ingreso en un centro penitenciario o solicitar su ubicación en el módulo de enfermería. Antes de aparecer en el radar del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, este veterano jeltzale se bregó en las principales instituciones alavesas. Fue juntero y concejal en Vitoria. Ingeniero técnico de profesión, también ejerció de director de Agricultura de la Diputación y de la oficina de agroturismo del Gobierno vasco. Cuando le detuvieron en 2010 era el responsable del semillero de empresas del parque tecnológico del Álava, más conocido como Miñano. Se le considera «amigo cercano» de De Miguel. Se acababa de despertar cuando los ertzainas enviados por Instrucción 4 y la Fiscalía registraron su casa. Incluso ha recordado en más de una ocasión -y con indisimulado enfado- cómo sacaron de la cama a su hijo. Al igual que hizo De Miguel, en el juicio desarrollado en la Audiencia negó cualquier actividad criminal. Y como Ochandiano también cargó contra Ainhoa Alberdi. En enero el Supremo le dio un pequeño soplo de aire fresco al exonerarle como «cooperador necesario de un delito de tráfico de influencias», por el que fue condenado a cinco meses. Sin embargo, el fallo firmado por el juez Pablo Llarena sí confirma la prevaricación, malversación de fondos públicos, dos cargos más de tráfico de influencias, blanqueo y asociación ilícita.
Exdirector de Juventud en el Gobierno de Ibarretxe. La tercera pena más contundente afecta al que fuera director de Juventud en el Gobierno Ibarretxe. De poco le sirvió que su letrado negara su relación con Alfredo De Miguel durante el juicio celebrado en la Audiencia de Álava. El sumario incluía emails entre sus respectivas mujeres con fotos y vídeos de un viaje a Argentina. Su esposa es Josune Gorospe, actual diputada en el Congreso. De una familia con profundas raíces nacionalistas, es sobrino de José Luis Robles (difunto alcalde de Bilbao), se considera probada su «influencia» en la adjudicación de contratos a empresas de esta trama corrupta. Su papel, ratificado ahora por el fallo del Supremo, le considera una especie de 'infiltrado' dentro del Gobierno vasco para ayudar a los principales acusados a obtener sus ganancias irregulares. De hecho, Sánchez Robles ha sido declarado de manera firme responsable de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia y asociación ilícita. Del global de siete años y un mes entre rejas, todo apunta a que, debido a su falta de antecedentes, su periodo de cumplimiento real podría reducirse a cinco años y tres meses. Esa es la carga incluida en el delito de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. «Las otras penas son de un año o menos, por lo que podría quedar exento de cumplirlas. Se trata de una práctica habitual», corrobora un reputado abogado penalista. Junto con De Miguel, Tellería, Ochandiano, San Juan y Azkárraga, deberá compensar «solidariamente» al Gobierno vasco con «146.230 euros» por el dinero sustraído de manera ilegal. A su vez, también le imponen «una inhabilitación absoluta por un plazo de diez años» para ostentar una plaza o cargo en la administración local y autonómica. En diciembre de 2019 trabajaba como «funcionario» para la Diputación de Bizkaia. Su carrera seguía ligada al área de juventud «pero sin capacidad para contratar». Al igual que Ochandiano, durante varias sesiones del proceso judicial no pudo ocultar su enfado o alegría ante las declaraciones de varios de los testigos.
Exconcejal del PNV en Leioa. Se encargaba de administrar algunas de las empresas investigadas por el pago de comisiones. Junto a Sánchez Alegría, este exconcejal del PNV en el Ayuntamiento de Leioa es uno de los principales beneficiados por la revisión del Supremo. Le absuelven de los dos delitos continuados de tráfico de influencias (once meses en total). La pena global era de 4 años y cuatro meses, pero en principio sólo cumpliría la pena mayor de tres años por un delito continuado de malversación de fondos públicos. Sin embargo, justo un día después de que se hiciera pública la sentencia, entraba en vigor la nueva ley que revisa a la baja este ilícito. Su abogada presentó un «incidente de aclaración» y hace unos días los magistrados del Tribunal Supremo le dieron la razón. La condena a San Juan queda ahora fijada en tres años y nueve meses: dos años por delito continuado de malversación, y un año y nueve meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil. Eludirá casi con toda seguridad el ingreso en prisión después de que el tribunal haya aclarado en un auto que ninguna de las penas por las que fue sentenciado supera los dos años y el cómputo general tampoco excede de los cuatro.
Empresario cultural. Estuvo al frente de algunas empresas de la red relacionadas con el sector de la Cultura. Fue condenado por un delito de malversación a dos años de prisión y por un delito de falsedad en documento mercantil a 1 año, 9 meses y 1 día de cárcel. Sufrirá una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 4 años. Y multa de 2.700 euros.
Constructor . Contratista habitual de la Administración vasca y socio de la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi. Ella le acusó de haber negociado el pago de una comisión a cambio del contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Ha visto reducida considerablemente su pena -a cinco meses de prisión-, ya que la Audiencia alavesa le condenó a 2 años y 5 meses.
'Mediador' de la trama. Empresario embarcado en proyectos variopintos, recibió órdenes de Alfredo de Miguel para reclamar una comisión a empresarios catalanes por una operación urbanística en Zambrana. Muchos le describen como 'fontanero' del PNV. Confesó que De Miguel le encargó que pidiera una comisión de 161.000 euros, la misma cantidad que se llevaría el propio Arruti. Condenado a 1 año y 9 meses de cárcel.
Esposa de Alfredo de Miguel. Como las mujeres de Tellería y Ochandiano, era administradora de Kataia Consulting, la empresa 'pantalla' que crearon las tres parejas (la inicial de cada uno de ellos conforma la palabra Kataia). Ante el tribunal aseguró desconocer la trama corrupta, recalcando que su marido era el que se encargaba de todo. Trabajó para otras empresas investigadas. Condenada a 1 año y 6 meses de cárcel.
Esposa de Koldo Ochandiano. También era administradora de Kataia Consulting. Durante el juicio, en lugar de echar balones fuera como sí hizo la mujer de De Miguel, admitió que realizó operaciones económicas y que cobró de dicha empresa. Condenada a 1 año y 6 meses de cárcel.
Gerente de la empresa Stoa. Arquitecto de profesión y gerente de Studio Técnico de Obras y Arquitectura S.L. (Stoa), señala a De Miguel como su 'padrino' para lograr contratos. Su empresa era la encargada de diseñar la ampliación del parque tecnológico. Fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad documental y cohecho, ratificando así el fallo de la Audiencia alavesa. Su pena es de 1 año y 6 meses de cárcel.
Padre del 'mediador' de la trama. Con un delicado estado de salud y avanzada edad, su abogada peleó durante todo el proceso judicial para que se le retirase la imputación. Reconoció su participación en operaciones sospechosas y se ofreció a devolver el dinero que había dejado de declarar. Condenado a 9 meses de cárcel.
Alcaldesa de Zambrana entre 2003 y 2007. Como regidora de la localidad alavesa, pretendía levantar un polígono industrial. Cuando los promotores catalanes se pusieron en contacto con ella telefoneó a la sede del PNV alavés para explicar el proyecto. De allí, le derivaron a De Miguel y éste, a su vez, le puso en contacto con Josu Arruti, que empezó a buscar empresarios interesados en el proyecto. Se le condenó a una inhabilitación de 9 años.
Exgerente del Parque Tecnológico de Miñano. Fue gerente del parque tecnológico de Álava desde 2006 hasta su detención, que desbarató su aspiración a convertirse en candidato a la Alcaldía de Vitoria por el PNV. También perteneció a la junta directiva del Deportivo Alavés con Gonzalo Antón de presidente del club. El Supremo rebajó a la mitad la condena inicial de la Audiencia Provincial de Álava. Estará 4 años inhabilitado.
Dirigía Parques Tecnológicos de Euskadi. Quedó absuelto. Su firma aparece en el contrato para la ampliación del centro de Miñano. La denunciante dice que le avisó de que Alfredo de Miguel estaba reclamando comisiones. Sánchez Alegría siempre negó las acusaciones. La Audiencia alavesa le condenó a 14 años de inhabilitación. El Tribunal Supremo le absolvió en enero de todos los cargos.
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