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Paula de las Heras
Jueves, 23 de enero 2025, 00:17
El Gobierno vivió ayer un día aciago en el Congreso. Un batacazo que se suma a la larga lista de sobresaltos a los que ha tenido que hacer frente desde el inicio de la legislatura, pero de una trascendencia singular. Después de más de un ... mes advirtiendo a Pedro Sánchez de que su crédito está ya en «números rojos» y de comunicar el pasado viernes a los socialistas que no podrían contar con ellos para aprobar ninguna iniciativa legislativa hasta que cumplan los acuerdos pendientes, Junts votó ayer en contra de los tres primeros reales decretos ley que el Ejecutivo sometía a la convalidación del Congreso este año, incluido, y ese es el hecho que da la pauta de lo extremo de la situación, el de la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital o la prórroga de las ayudas al transporte.
El Ejecutivo trató de cargar sobre las espaldas del PP la responsabilidad del desasosiego y la incertidumbre a los que desde hoy se pueden ver sometidos 12 millones de pensionistas. «¡Que se lo expliquen, que se lo expliquen!», exclamaba ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al abandonar el pleno, visiblemente alterada. «Cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros», había esgrimido también poco antes de la votación el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El principal partido de la oposición, que como había anunciado hace unos días Alberto Núñez Feijóo, votó a favor de otro real decreto ley pactado previamente con los sindicatos y la patronal -el que regula la jubilación parcial, activa y demorada- podía haber optado en el caso del de las pensiones por una abstención, pero prefirió sentarse a ver cómo los socialistas se ahogaban. En los últimos días, desde el partido venían recordando la frase que su líder espetó a Sánchez en su investidura: «Cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque».
En realidad, la situación para los pensionistas es fácilmente reversible. Tanto el PP como Junts dejaron claro que, si el Gobierno lo aprueba, están dispuestos a votar a favor de un nuevo real decreto ley sin aditivos. El texto decaído -un cajón desastre de 140 páginas y más de cien artículos- íncluía, por ejemplo, la cesión al PNV, rechazada por los populares, de la titularidad del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y es hoy una de las sedes del Instituto Cervantes o, según los posconvergentes, hasta 80 medidas «de lo más disperso y diverso» no negociadas «con nadie».
Para amortiguar las críticas gubernamentales, los populares incluso anunciaron varias iniciativas legislativas propias con ese y otros temas sensibles que ayer se fueron por el desagüe con el real decreto ley ómnibus, como ayudas a los valencianos afectados por las riadas o el aumento de las entregas a cuenta a ayuntamientos y diputaciones.
El Gobierno, algo desconcertado, evitó ayer anticipar si efectivamente aprobará un nuevo real decreto ley. Hasta el último momento creyó que ni Junts ni, sobre todo, el PP se iban a atrever a llegar tan lejos. Con Sánchez fuera, en la cumbre de Davos, los ministros prefirieron esperar acontecimientos, aunque, en un comunicado, La Moncloa sí dio a entender que no tira la toalla. «Nosotros seguiremos trabajando. No vamos a dejar tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a los valencianos y valencianas», apuntó.
Apoyo incondicional
En tanto la relación con Puigdemont no se recomponga, en todo caso, la situación del Ejecutivo es crítica. Este miércoles ofreció una imagen de extrema debilidad no solo porque la única de sus iniciativas que prosperó lo hizo gracias al PP y no a sus socios, sino porque durante el debate del nuevo impuesto fallido a las energéticas volvieron a quedar al descubierto las incompatibilidades del bloque de investidura -con Junts y el PNV en un lado, junto al PP y Vox, y los grupos de la izquierda en otro- y sus animadversiones mutuas.
Los Presupuestos Generales del Estado se ven ahora más lejos que nunca y aunque el Gobierno insiste en que puede sobrevivir sin ellos, no podrá hacerlo si semana tras semana sigue perdiendo votaciones. Fuentes gubernamentales confían, en todo caso, en que las cosas con Junts acabarán reconduciéndose. Se aferran a que Puigdemont, que ayer culpó en 'X' a los socialistas de lo ocurrido y advirtió de que su partido jamás les dará «apoyo de manera incondicional», no ha anunciado una ruptura definitiva, aunque admiten que restablecer la confianza les llevará tiempo.
Esta semana el PSOE ya intentó una negociación contrarreloj con el expresident en Bruselas. Sin éxito. Los posconvergentes mantienen sobre la mesa su exigencia de que se deleguen a la Generalitat las competencias integrales en materia de inmigración, control de fronteras incluido, y otros acuerdos pendientes. Y entre tanto, mantienen su amenaza de volar todos los puentes y llevar la legislatura al «colapso» si se rechaza el debate de la propuesta que insta a Sánchez a plantear una cuestión de confianza.
Revalorización de las pensionesy del Ingreso Mínimo Vital
Los ojos -y sobre todo los bolsillos- de cerca de 32 millones de ciudadanos estaban ayer puestos en el Congreso. El Gobierno, en franca debilidad parlamentaria tras el ultimátum de Carles Puigdemont del viernes dejando en suspenso todas «las negociaciones sectoriales» hasta que no se ejecuten los compromisos que cree incumplidos, se jugaba tres decretos leyes. Sobre el que pesaba la incógnita, centrada en si Junts acabaría consumando su 'no' y sobre el sentido de voto definitivo del PP, era el ómnibus, un paquete dispar de iniciativas.
De él pendía, entre otras medidas de calado, la revalorización anual de la nómina de los más de diez millones de pensionistas -incluidos también los funcionarios de las clases pasivas), que no se recortara la de los más de 21,3 millones de trabajadores dados de alta en el sistema y las cuentas de 673.000 hogares que cobran el ingreso mínimo vital, e incluso para no recortar la de los más de 21,3 millones de trabajadores dados de alta en el sistema.
Finalmente, la subida del 2,8% en las pensiones queda congelada, aunque será a partir de febrero. El Gobierno salva este enero porque el decreto estaba en vigor -lo que se votaba ayer era su convalidación- y la Seguridad Social ya había llevado a cabo todos los trámites dando orden a los bancos para el abono de la nueva renta aumentada. También contarán este mes con un repunte del 9% las más de 700.000 personas que cobran una pensión no contributiva y otros tantos hogares que viven del Ingreso Mínimo Vital; y las nóminas de cerca de 2,1 millones de beneficiarios de una pensión mínima se elevarán un 6%. Pero todo, solo en enero, hasta que pueda arbitrarse una revalorización que sí que sume la mayoría de la Cámara.
Cuota de solidaridad y mecanismo de equidad intergeneracional
El no del Congreso al decreto ómnibus deja en barbecho, asimismo, la puesta en marcha del nuevo impuesto para las rentas altas (la cuota de solidaridad) o el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para pagar las jubilaciones del 'baby boom'. Lo que, en la práctica, beneficia a más de 21,3 millones de afiliados porque el Gobierno no podrá hacer efectiva la triple subida de cotizaciones que dispuso para llenar la hucha de las pensiones.
Así, no podrá aplicarse el aumento de una décima del mecanismo de ajuste hasta el 0,8% de las cotizaciones -se quedará en el 0,7% actual-; una medida que impacta en todos los trabajadores, también en los autónomos.
De igual manera, el Ejecutivo tampoco podrá elevar un 4% las bases máximas a esos 1,2 millones de empleados con salarios más altos, con lo que la cotización más elevada se quedará topada en 4.720,59 euros al mes, al menos hasta nuevo aviso. Y este colectivo de trabajadores con mayores ingresos tampoco tendrán que pagar un nuevo impuesto creado en exclusiva para ellos: la citada cuota de solidaridad, que irá gravando, de forma gradual, la masa salarial de los trabajadores por cuenta ajena que supera la base máxima de cotización (en este caso no afecta a los autónomos).
Impuesto a las energéticas
Esta medida se votó ayer en un decreto específico. Tras una tortuosa negociación, en la que el Gobierno llegó a alcanzar hasta tres pactos distintos y simultáneos con PNV y Junts por un lado, con EH Bildu, ERC y Podemos por otro y con Podemos, finalmente, los partidos de Puigdemont y Ortuzar acabaron sumando sus votos, como estaba anunciado, al PP y Vox para tumbar el gravamen.
El palacete en París del PNV
La concesión por el Gobierno a los peneuvistas del palacete situado junto a los Campos Elíseos de París, sede del Gobierno vasco en el exilio, entregado por los nazis a Franco y hoy dependencia del Instituto Cervantes, también quedó revocada. El PNV sostiene que el edificio ya es suyo porque la medida se ha hecho efectiva en las tres semanas de vigencia del decreto. Pero el PP objeta con un posible pleito judicial.
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