El PSOE se une a PP para vetar la 'ley de amnistía' y Rufián advierte de que «se la está jugando»

La Mesa del Congreso rechazó ayer con el voto en contra del PSOE, PP y Vox tramitar una ley de amnistía para beneficiar a los presos del 'procés'. La propuesta había sido planteada por las formaciones soberanistas, contaba con el aval de Unidas Podemos y supuso un nuevo episodio en el relato que están escribiendo los dos socios del Gobierno a la hora de escenificar sus diferencias. También demostró cómo el apoyo de ERC a Pedro Sánchez se agrieta cada vez más en un contexto en el que, además, los republicanos acaban de cerrar un acuerdo con la CUP para investir a Pere Aragonés presidente catalán con una hoja de ruta claramente independentista. Gabriel Rufián resumió la situación: «El PSOE se la está jugando».

El recorrido de la iniciativa planteada por Esquerra, los anticapitalistas, Junts y el PDeCAT se avecinaba limitado. No solo por motivos políticos. También jurídicos. Los letrados del Congreso ya habían advertido de que su tramitación podría vulnerar la Constitución al suponer un indulto generalizado. Una tesis que, por ejemplo, el PNV no tenía del todo clara. La última amnistía se aprobó en 1977 y fue previa a la formación de las Cortes Constituyentes.

Los partidos independentistas pretendían 'indultar' «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

Los socialistas ya habían dejado claro que no le veían recorrido y ayer no hubo sorpresas: unieron sus votos a PP y Vox para frenar la tramitación de la propuesta. Sus votos eran claves. El órgano de gobierno de la Cámara está formado por nueve miembros: tres socialistas, otros tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox. Un reparto que permite al Gobierno tener el control de la Mesa y disponer de cierto margen para gestionar los ritmos legislativos. Si hay unidad de acción.

La petición de lo soberanistas llegaba en un momento clave para una legislatura sobre la que sólo existe ruido. La salida de Pablo Iglesias del Gobierno, las cada vez más evidentes diferencias entre los dos socios en el Ejecutivo y la creciente tensión con Esquerra, convertido en socio vital para que Sánchez saque adelante sus leyes, dibujan un horizonte cuando menos complicado en los próximos meses.

Sobre todo, porque la propuesta de aprobar una 'ley de amnistía' tenía mucho de órdago político que sus promotores sabían que el PSOE no iba a aceptar y que iba a desembocar en una fotografía de los socialistas unidos al PP y Vox. A pesar de que ayer mismo la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistiese en que una de las principales prioridades para el Ejecutivo sigue pasando por «el reencuentro» y el diálogo e hiciese un llamamiento para que las formaciones soberanistas no apuesten por «una huida hacia delante», la realidad es que los puentes son mínimos.

No hay fecha para la reunión de la mesa de diálogo entre La Moncloa y la Generalitat, los posibles indultos siguen en dique seco y el malestar de los soberanistas hacia los socialistas cada vez es más evidente.

La portavoz en funciones del Govern, Meritxell Budó, de JxCat, aseguró que lo sucedido en la Mesa del Congreso es «un indicativo más de que el PSOE no tienen ninguna voluntad real de afrontar desde la política lo que es un conflicto político». Y un reproche muy similar lanzó Rufián. Y en este caso con mayor valor político. Porque mientras la fractura entre Sánchez y JxCat es permanente, el apoyo de ERC sigue siendo imprescindible. En un tono muy duro, el portavoz de los republicanos advirtió: «Es una más. Yo no voy a salir aquí todos los martes a decirle al PSOE que se la está jugando. No lo voy a hacer, porque lo sabe».

Con el apoyo de ERC en el aire, Sánchez también tiene otro flanco abierto con su socio en el Gobierno. Las discrepancias cada vez son más notorias. Muchas tienen que ver con cuestiones relacionadas con el Ministerio de Igualdad, pero también con la regulación de los alquileres, de determinados delitos y con Cataluña. Hace solo unas semanas, Podemos votó en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont en el Parlamento Europeo, antes había hecho una comparación con los exiliados republicanos y ayer Pablo Echenique criticó que la Mesa de la Cámara se hubiese erigido en una especie de Tribunal Constitucional. Las piezas siguen colocándose a la espera de unos meses en los que todo es posible.