Presos a conciencia

Es lógico que el independentismo se aferre al relato victimista de lo ocurrido hasta ahora. Pero resulta incomprensible que, aun contando con el escrutinio del 21-D, los líderes y partidos secesionistas no sepan todavía dónde acaban los efectos de su querencia por desbordar la legalidad, y dónde comienzan sus diferencias para la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat. No acaba de percatarse de que al desafiar a la Ley genera más efectos adversos para sus objetivos últimos que apoyos obtiene en el ritual del sacrificio.

El 27 de octubre de 2017 el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estuvo a punto de disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones, para evitar así la aplicación del 155. Lo impidió Oriol Junqueras -aunque no sólo él- devolviendo al independentismo a la premisa de que su unidad deviene de la ruptura con el Estado constitucional. Toda postura favorable al entendimiento quedaba proscrita; lo que se hizo notar en el apartamiento del exconsejero Santi Vila. A partir de ahí resultó paradójico que Puigdemont se fuera y que Junqueras se quedara. Pero el desbordamiento de la legalidad acaba, inexorablemente, reinventando a sus protagonistas. De manera que el blando de ayer hoy puede ejercer de duro, mientras el duro de ayer está hoy en prisión.

El 27 de octubre Puigdemont parecía amortizado, y Junqueras afloraba como el líder indiscutible del independentismo, porque ERC era mucho más que el PDeCAT. Hoy el partido post-pujolista es mucho menos que Puigdemont, y ERC está a merced de los designios del autoexiliado en Bélgica. La posibilidad de que Junqueras sea trasladado a una cárcel catalana, administrada por la Generalitat, y que el juez competente permita o no su participación en las sesiones parlamentarias resulta ya una cuestión menor políticamente hablando.

Lo relevante es saber hasta qué punto la ‘comunión’ independentista se encuentra en condiciones de hacerse cargo de la Generalitat, sin empujar a Cataluña a un caos mayor. Hasta qué punto está en situación de gestionar el apoyo -dividido- que cosechó el 21-D. Todo parece indicar que podría malograrlo si se empeña en sortear los límites de la legalidad y de las resoluciones judiciales. El independentismo debería apercibirse de que no puede recrear una realidad paralela para así concitar la unidad secesionista. Como si la restauración de la Generalitat de Puigdemont y el nacimiento de la república catalana estuvieran abocados a ser la misma cosa; cuando ni la primera tendrá lugar ni la segunda tiene visos de hacerse realidad.

El 17 de enero, fecha para la constitución de la Cámara catalana resultante del 21-D, está tan cerca que la cita apurará las distintas voluntades independentistas para evitar el ridículo. Lo más probable es que nos encontremos con tres grupos secesionistas en el Parlamento de aquella comunidad dispuestos a saltar más o menos al unísono los obstáculos que se les presenten a la hora de confirmar su dominio sobre las instituciones de la Generalitat. Pero si en la legislatura pasada todas las energías del poder autonómico se orientaron hacia la secesión, es de temer que en esta nueva legislatura nadie esté en condiciones de otra cosa que pedir la hora. La única manera de evitar nuevas elecciones o la perpetuación del 155 sería la conformación de una mayoría transversal, porque algún grupo independentista deseche seguir en la ‘comunión’ identitaria.