El precedente del Parlamento vasco que acabó en el Constitucional
El tribunal dio la razón a la socialista Irene Novales, que por un error técnico permitió que Ibarretxe aprobase las Cuentas de 2005
MATEO BALÍN | iñigo fernández de lucio
Viernes, 4 de febrero 2022
El PP ya prepara los argumentos para presentar una demanda en el Tribunal Constitucional por la vulneración de los derechos del diputado Alberto Casero y ... del grupo parlamentario. El partido pone el foco en la violación de la propia normativa del Congreso (resolución de 21 de mayo de 2012, apartados cuarto y sexto). Afirma que el grupo parlamentario, al advertir del error de Casero, solicitó una reunión de la Mesa del Congreso antes de iniciarse la primera votación, a lo que la presidenta Batet se negó «procediendo unilateralmente a dar inicio a la votación».
Recurriremos a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento.
Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 3, 2022
Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto.
No se puede tolerar este atropello a las instituciones.
Con esta reunión de la Mesa, el PP pretendía «anular el voto telemático realizado por Casero y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente (el propio diputado se presentó en el Congreso) la derogación o convalidación» de la medida. En su favor, señalan que Batet intervino al finalizar el Pleno y explicó que la Mesa estaba informada cuando, en realidad, no se había reunido.
Ante estos argumentos, una sentencia del Constitucional de 2006 podría arrojar luz para que la demanda prospere. En el caso del amparo solicitado por una diputada del PSE en el Parlamento vasco, Irene Novales.
Fue en diciembre de 2004. Se votaba la aprobación de los Presupuestos del Gobierno tripartito de Ibarretxe. Los números no daban, pero el voto de Novales no quedó registrado y permitió al Ejecutivo nacionalista sacar adelante las Cuentas de 2005 por un solo voto.
El entonces presidente de la Cámara de Vitoria, Juan Mari Atutxa, no permitió repetir la votación y achacó el fallo a un error humano de la diputada, esgrimiendo que Novales no había introducido a tiempo la tarjeta para efectuar la votación.
El lío acabó en el Constitucional, que en 2006 se pronunció a favor de Novales. En su fallo, el tribunal constató que la decisión del presidente del Parlamento vasco «vulneró» los derechos de Novales. La corte avisó de que los órganos parlamentarios deben interpretar «restrictivamente» las normas que puedan limitar el ejercicio de los derechos de los representantes públicos.
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