El PP retoma su crítica a la RGI para contrarrestar el giro del PNV en inmigración

La RGI, o al menos la forma en la que se gestiona, nunca ha sido del agrado del PP desde que en 1989 se puso en marcha el primer sistema de rentas mínimas en Euskadi. La mayor de sus ofensivas se vivió en 2014, cuando el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, emprendió una auténtica cruzada para atajar los «abusos» y endurecer los requisitos para poder acceder a la prestación; sobre todo, elevando el tiempo mínimo que debía estar empadronada una persona en un municipio vasco para poder empezar a cobrarla. Aquella iniciativa se fue deshinchando, pero los populares nunca han renunciado a continuar en la batalla.

Ahora el partido liderado por De Andrés quiere retomar esa senda en un momento en que el PNV, su principal competidor electoral en el espectro del centroderecha, está tratando de seducir al votante preocupado por la inmigración. En esa línea se puede interpretar, por ejemplo, la reciente decisión del Departamento de Seguridad de revelar el origen geográfico de los delincuentes, un movimiento con el que los jeltzales intentan capitalizar la respuesta a una preocupación social creciente y con el que, como efecto colateral, el PP está viendo seriamente amenazada otra de sus grandes banderas, la de la seguridad ciudadana.

De Andrés ya reforzó su discurso en esa parcela hace unas semanas al reclamar «leyes que manden a su casa a quienes vienen a delinquir», pero ahora busca intensificar su pugna con otra carpeta, la de la RGI, en la que por el momento el PNV no parece estar dispuesto a moverse. El presidente de los populares vascos ha comparecido este miércoles en la sede de Bilbao junto al parlamentario Álvaro Gotxi, especialista del grupo en el análisis de datos, para presentar su diagnóstico sobre el estado actual de una prestación económica que el año pasado benefició a 57.985 personas en Euskadi, según cifras del propio Gobierno vasco.

Gotxi ha puesto el foco en que el País Vasco concentra casi el 30% de los perceptores de rentas mínimas de inserción en España cuando su población apenas representa el 4,6% del total. Además, ha destacado que el montante que se cobra, con 840 euros de media, es el más alto entre todas las comunidades y un 46% superior a la media nacional. También ha incidido en las diferencias entre la población autóctona y la inmigrante al señalar que uno de cada tres perceptores son de origen extranjero, una proporción que se eleva hasta el 42% excluyendo a los pensionistas y acotando el cálculo a las personas en disposición de trabajar.

Las estadísticas, según ha apuntado De Andrés, vendrían a evidenciar que el sistema «ha fracasado» porque, además, uno de cada cinco beneficiados lleva cobrando la ayuda más de diez años. «El modelo disuade de incorporarse al mercado laboral, que entendemos que debería ser la finalidad», ha lamentado. También da por hecho el presidente del PP vasco que el sistema provoca un «efecto tractor de inmigrantes no para trabajar sino para cobrar la RGI». «No creo que Euskadi esté en condiciones de poder soportar esta situación y asumir el coste de una inmigración que no puede trabajar a expensas del conjunto de la sociedad vasca», ha dicho.

Aunque hace cinco años que las políticas sociales del Gobierno vasco están en manos de consejeros del PSE-EE, De Andrés responsabiliza de esta situación al PNV y al «populismo» con el que vendría gestionando esta prestación. El PP ha reclamado medidas para revertir el proceso de los últimos años por el cual se han «ablandado» las exigencias para acceder a la RGI. La última reforma, aprobada en 2022 tras un acuerdo del bipartito con Elkarrekin Podemos-IU, amplió las cuantías de la ayuda hasta un mínimo de 800 euros, adelantó el acceso desde los 23 años a los 18 y mantuvo en tres años el requisito del padrón.