El PP lleva a su ponencia la eliminación de las lenguas cooficiales en el Congreso

En plena resaca del plantón de Isabel Díaz Ayuso a Imanol Pradales por hablar euskera en la Conferencia de Presidentes, gesto que sentó mal en amplios sectores del PP, Génova aboga por dar un paso atrás en el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones. El borrador de la ponencia -elaborado por Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Natalia Chueca y Alma Ezcurra- defiende reservar el euskera, el catalán y el gallego exclusivamente para el Senado, lo que implicaría eliminarlo en el Congreso. Se derogaría así la reforma del reglamento de la Cámara baja que se aprobó al inicio de esta legislatura.

El documento parte de la base de un «bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios», cuya diversidad «es una manifestación de nuestra riqueza cultural que debemos preservar y potenciar». En el capítulo de compromisos, apuesta por «velar por el uso de la lengua común -es decir, el castellano- en el Congreso» y «mantener la posibilidad» de utilizar el resto en el Senado. En la Cámara alta, en todo caso, sólo se pueden emplear en los debates de las mociones -no en las sesiones de control-, en la Comisión General de Comunidades Autónomas y en la presentación de algunos escritos.

En líneas generales, la ponencia, que ha sido presentada este martes en Sevilla por sus artífices, plantea un proyecto de «reconstrucción de la unidad entre españoles» frente a la «crispación organizada desde el poder» que atribuye a la era de Pedro Sánchez. «Necesitamos más que nunca una regeneración democrática desde el punto de vista ético e institucional porque desgraciadamente se ha degradado en siete años como nunca había ocurrido en la historia democrática de nuestro país», ha explicado Moreno.

Algunas de las medidas que proponen los populares tienen que ver con los escándalos que rodean al Gobierno. Por ejemplo, endurecer las penas por malversación en los casos de corrupción, evitar la concesión de indultos «de forma arbitraria» o cambiar la ley para que el procesamiento del fiscal general del Estado sea cesado si es procesado, algo que afectaría al actual responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz.

En el plano social y laboral, el PP lanza la iniciativa de retirar la prestación de desempleo a aquellos parados que rechacen ofertas de trabajo «razonables», si bien no se acota esa definición. El texto endurece también el tono respecto a la inmigración irregular. Los populares quieren eliminar las prestaciones a los extranjeros que se encuentren en situación irregular, aunque estén empadronados, porque «la irregularidad no puede generar derechos». Y en torno a la natalidad, el PP se compromete a poner en marcha medidas para favorecerla como que el Estado pague la congelación de óvulos a las mujeres jóvenes.