El portazo del PSE deja en manos de Bildu el plan del PNV para blindar el euskera en las OPE
Los jeltzales y la coalición soberanista dependerán el uno del otro para que sus iniciativas pasen el primer corte el jueves
Desde que PNV y PSE-EE alcanzaron la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2020 y la revalidaron en 2024, las votaciones en el ... Parlamento vasco apenas tienen emoción. Ante cualquier iniciativa a debate, los socios de gobierno se sientan previamente a consensuar una misma posición, sabedores de que su criterio se corresponderá fielmente con el desenlace de la cuestión. Pero hay veces, muy pocas, contadas con los dedos de una mano, en las que jeltzales y socialistas no llegan a un acuerdo y la calculadora regresa a escena. Aparece ahí el parlamentarismo en estado puro.
Una de esas excepciones se producirá este jueves. La Cámara autonómica debatirá y votará la toma en consideración –esto es, el primer corte para que se inicie la tramitación– de las dos propuestas que PNV y EH Bildu registraron cada uno por su cuenta en junio para blindar el euskera en las OPE. Las dos formaciones plantean sendas reformas de la Ley de Empleo Público –puntual en el caso de los jeltzales y prácticamente sistémica en el de la coalición soberanista– frente a la catarata de sentencias judiciales que en los últimos años han tumbado requisitos lingüísticos en procesos selectivos.
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La cuestión está en que PNV y EH Bildu, empatados a 27 escaños, dependerán el uno del otro para que sus iniciativas pasen el filtro, ya que los 12 parlamentarios del PSE-EE votarán en contra en ambos casos. Los socialistas, que se oponen a cualquier reforma legal, habían abonado cierta intriga desde que sus cinco consejeros se abstuvieron ante el plan del PNV cuando el Gobierno vasco tuvo que emitir su criterio, preceptivo pero no vinculante. Lo hicieron para «no obstaculizar» el trámite y no enturbiar la coalición. Sin embargo, una vez que el texto llega al Legislativo, se sienten libres para pulsar el botón rojo.
Esa decisión implica dos consecuencias directas. Por un lado, supone que PNV y PSE-EE romperán su unidad de voto por primera vez en la era de Imanol Pradales. Es algo del todo excepcional porque en la historia reciente de sus coaliciones sólo se han dado libertad mutua en lo relativo a la reforma del Estatuto. Los socialistas argumentan que el blindaje del euskera en las OPE no está recogido en el acuerdo de gobierno firmado en junio de 2024 y que, por tanto, quienes «incumplen» ese pacto son los jeltzales por haber presentado la propuesta en solitario. Lo hicieron después de una negociación infructuosa con los de Eneko Andueza y al rebufo de EH Bildu, que ya había lanzado la suya.
La segunda consecuencia es precisamente que el PNV, acostumbrado a llegar con todo hecho a las votaciones, quedará en manos de la coalición de Arnaldo Otegi para mantener vivo su plan. Con el 'no' de los 12 representantes del PSE-EE, los 27 de EH Bildu se tornan en absolutamente determinantes para el devenir de la iniciativa, de la misma manera que los 27 del PNV lo serán para que prospere o no la propuesta de la formación abertzale. Pese a compartir el fondo de la cuestión, a ninguno de ellos les gusta el planteamiento del otro, ya sea por insuficiente o por maximalista, pero ahora sólo un voto a favor o una abstención del contrario permitiría salvar el 'match ball'.
Ambos grupos son conscientes de ello y no es casualidad que este martes, a 48 horas de la votación, Pello Otxandiano comenzara a ejercer presión al PNV en público. Al hilo de la polémica entre Pradales y Ayuso, el portavoz de EH Bildu ha llamado a los jeltzales a «contraponer la mayoría democrática del Parlamento vasco en lugar de entrar en dialéctica con la dinámica tóxica de Madrid». Ha emplazado así a aprovechar la mayoría abertzale existente en la Cámara (54 de 75 escaños) para acordar y responder juntos a «la ofensiva política, judicial y mediática contra el euskera».
La abstención de Bildu
El escenario que se plantea ahora, el de depender de EH Bildu en un tema tan sensible como el del euskera, es el que el PNV venía tratando de evitar desde el primer momento. Los de Aitor Esteban lo habían fiado todo a alcanzar un pacto con el PSE-EE y habían criticado el planteamiento de la coalición abertzale. En el criterio desfavorable que emitió al respecto el Gobierno vasco, censuró su falta de «proporcionalidad» y la pérdida de «seguridad jurídica» que implicaría.
Sabin Etxea, en todo caso, juega con la expectativa de que EH Bildu exprima su discurso pactista en un asunto de marcado corte abertzale y se abstenga finalmente en la votación. A los de Otegi no les parece la mejor reforma, pero creen que al menos supone un «avance». Otra cosa diferente, y que está por ver, es que eso implique que a cambio el PNV se abstenga después en la iniciativa de EH Bildu, algo sobre lo que los jeltzales guardan silencio por el momento.
Los jeltzales plantean cambiar un artículo y los de Otegi, dar la vuelta a todo el sistema
Las propuestas de PNV y EH Bildu que debatirá el jueves el Parlamento vasco parten de un mismo diagnóstico, el de una «ofensiva judicial» contra el euskera, y plantean un mismo método, la reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el euskera en las OPE. Sin embargo, a partir de ahí todo es diferente entre ambos textos. El planteamiento jeltzale es modificar un solo artículo para eliminar los índices de obligado cumplimiento, mientras que el de la coalición abertzale busca dar la vuelta a todo el sistema de los requisitos lingüísticos en la función pública.
Los primeros en acudir al registro de la Cámara autonómica fueron los representantes de EH Bildu. El 10 de junio, mientras el PNV seguía buscando un pacto con el PSE-EE, lanzó una propuesta que supondría enmendar el sistema en vigor. En la actualidad, la exigencia del euskera en la función pública se aplica sólo a aquellas plazas previamente determinadas por la administración correspondiente en función de la realidad sociolingüística de cada lugar. Con el plan de la coalición abertzale, en cambio, se partiría del principio justamente inverso: «La exigencia del conocimiento de ambas lenguas (también el castellano) sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos». Aun así, en esos casos siempre se valoraría el euskera como mérito.
El PNV formalizó su propuesta diez días después, el 20 de junio. Su receta consiste en una «sencilla» pero significativa modificación de un artículo de la citada norma. En concreto, se trata de añadir dos párrafos para establecer que sea cada administración la que determine «con máximo rigor» el porcentaje de plazas con exigencia del euskera y que no se apliquen, por el contrario, «determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento». Una operación para resolver el «talón de Aquiles» de la legislación que, según el PNV, ha facilitado la treintena de sentencias que desde 2020 vienen tumbando requisitos lingüísticos en ayuntamientos y diputaciones.
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