La ponencia del TC avala que la amnistía es constitucional y aliviará a Puigdemont

La decisión se consumará así al límite del plazo dado por Carles Puigdemont, que pena en Waterloo sin ver avances en su situación procesal y sin poder regresar a Cataluña después de hacer dado vía libre a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la exoneración de los delitos vinculados al 'procés'. Un retorno que sigue en el aire porque el Tribunal Supremo, sentenciador de la intentona separatista de octubre de 2017, se negó el pasado julio a liberar al expresident del ilícito de malversación que aún le persigue, después de que el Gobierno suprimiera la sedición del Código Penal en otra concesión a los independentistas catalanes.

El texto elaborado por Montalbán, y al que, de acuerdo a las fuentes consultadas, no habría tenido acceso aún el sector conservador del TC, respalda la legitimidad del legislador para redactar la norma -que el PSOE registró como proposición de ley en la Cámara baja el 13 de noviembre de 2023, en puertas de que Sánchez fuera elegido para su tercer mandato- y su acomodo al marco constitucional. Lo hace en respuesta al primero de los recursos contra la norma que afronta el TC, el interpuesto por el PP como partido. Es previsible que la resolución del mismo arrastre al resto. La corte de garantías tiene una catarata de impugnaciones sobre la mesa: a la formalizada por diputados y senadores de la formación de Alberto Núñez Feijóo se añaden las de 14 comunidades gobernadas por los populares y una más, esta la del Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Y en lo que se refiere a las cuestiones de inconstitucionalidad -el nombre que reciben cuando la apelación parte de órganos jurisdiccionales-, el TC deberá pronunciarse sobre la elevada por el Tribunal Supremo y sobre otras tres del Tribunal Superior de Cataluña. La Sala de lo Penal del Supremo que dictó la sentencia condenatoria contra los líderes del 'procés' que purgaron prisión, con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, al frente, se negó en julio a amnistiar a Puigdemont apoyándose, en un giro de guion, en la propia literalidad de la ley. El órgano que entonces aún presidía Manuel Marchena argumentó la imposibilidad de exonerar del delito de malversación al expresident porque la propia norma exceptúa el poder perdonar ese ilícito. Según las informaciones avanzadas, la ponencia de Montalbán no alude a la malversación porque el PP no la incluyó en su recurso de inconstitucionalidad. Puigdemont tiene impugnada, a su vez, esta interpretación del Supremo ante el propio TC.

En principio y si el pleno del Constitucional, con mayoría progresista de seis a cuatro, ratifica como se espera la ponencia de Montalbán, el Gobierno podría presentar una baza ante un Puigdemont cada vez más impaciente por la parálisis de su situación judicial, cuando van camino de cumplirse ocho años desde su huida a Waterloo para eludir la acción de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la nonata declaración unilateral de independencia. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya adelantó que el fallo estaría antes del verano, un acelerón sobre el plazo inicialmente previsto. Pero aun cuando la resolución de la corte de garantías le sea favorable, el exjefe de la Generalitat tiene motivos para dudar. Hay cuatro cuestiones prejudiciales oficializadas ya ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE): de nuevo, una el TSJ catalán y, además, las del Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y un juzgado penal de Vilanova i La Geltrú.

Conde-Pumpido se ha opuesto a asumir la petición de tres magistrados del ala conservadora -Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa- para que el TC bien consultara también a Europa o bien parara la sentencia sobre el recurso del PP a la espera de lo que el TJUE resuelva sobre las cuestiones prejudiciales pendientes. Los populares también lo han intentado, en vano. El decisivo pleno de la semana del 24 de junio tendrá dos ausencias: la del exministro de Justicia, el progresista Juan Carlos Campo, que se inhibió y la del conservador José María Macías, recusado por haber impulsado, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial, un escrito frontalmente opuesto a la amnistía.