Iñaki Subijana | Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

«Si los políticos no respetan la legitimidad del juez, iremos a un desastre democrático»

– ¿Usted hará huelga?

– Estaré de vacaciones.

– ¿Y si estuviera trabajando?

– Mi posición institucional no debe trasladar el mensaje al ciudadano de que no desempeño mi actividad profesional todos los días.

– ¿Tienen sus compañeros motivos para protestar?

– Respeto la convocatoria y desde el plano institucional no voy a valorar si está justificada o no.

– Los convocantes estiman que las reformas que plantea el ministro Bolaños amenazan la independencia judicial.

– En este tema es importante saber de dónde venimos. Arrastramos un déficit de planta, de un número escaso de juezas y de jueces. En los últimos diez años no se ha convocado un número suficiente de plazas de oposición para atender las necesidades del sistema de justicia. Y el problema se va a incrementar con la progresiva jubilación de un sector importante de la judicatura.

– Así que sí ve motivos para un malestar.

– El malestar está ahí. Y veo que hay elementos que justifican un análisis crítico de algunos de los cambios que plantean esas reformas.

– Bolaños quiere que sean los fiscales los que instruyan las causas en vez de los jueces.

– Como modelo, lo veo bien.

– ¿No es peligroso que los instructores reciban órdenes de un fiscal general nombrado por el Gobierno?

– Estoy de acuerdo en la crítica. Ese modelo me gusta, pero con una estructura muy parecida a la que pueda haber, por ejemplo, en Italia, donde la Fiscalía es como una magistratura que no depende del Gobierno. En definitiva, que quien esté en la cabeza de la Fiscalía no esté sujeto a la designación y al cese por parte del Ejecutivo.

– ¿Cree que algún juez ha prevaricado en la instrucción de los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez?

– No. No tengo ningún elemento que me lleve a pensarlo.

– ¿Existe desde la judicatura una campaña contra el presidente?

– No, no, no.

– La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que «algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender». ¿Le molestó esa afirmación?

– Sí, porque supone una deslegitimación de quien decide. Ahí está la línea diferenciadora entre la crítica a la decisión y la crítica a la legitimidad para tomar la decisión.

– La presidenta del Supremo y de CGPJ, Isabel Perelló, ha denunciado «presiones intolerables», «interferencias» y «descalificaciones constantes».

– Comparto sus palabras. Puso de manifiesto una vez más la necesidad de que cese el cuestionamiento de la legitimidad de los jueces para tomar decisiones.

– ¿A dónde nos lleva esa actitud de ciertos políticos?

– A un desastre democrático y a un riesgo alto de introducir un sesgo de desconfianza en la ciudadanía respecto a la manera en que se ejerce la jurisdicción. Y nos conduce a un debilitamiento del sistema judicial, que es imprescindible como contrapeso, en el mejor sentido del término, a los poderes que tienen legitimación representativa y como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

– ¿Está preocupado?

– Estamos viviendo un momento delicado y estoy preocupado. Y estoy ocupado, en cierta manera, en seguir reivindicando la importancia del espacio de lo institucional y del respeto a las instituciones en el ejercicio de sus competencias. Porque esta crítica política de la legitimidad para tomar decisiones está generando un poso que está quedando.

– Hay políticos que no llevan bien esa labor de los jueces.

– En su momento, con la Constitución desapareció de nuestra legislación el acto político, que era un acto que el Gobierno podía tomar y que estaba exento del control jurisdiccional. Pero se entendió que no podía haber ámbitos de actividad pública que estuvieran exentos del control de legalidad por parte de un tribunal. Y a veces da la sensación de que resucita esa cultura del acto político. Nadie cuestiona la legitimidad de los gobiernos para tomar decisiones, pero esa legitimidad está sujeta al marco de la legalidad.

– Las últimas críticas que se han vertido sobre la labor de los jueces vascos han sido por el tema del euskera en las OPE.

– Volvemos a lo mismo. Una cosa es que sectores de la sociedad o de la política entiendan que esa decisión es incorrecta o inadecuada. Y otra es que se hable de una campaña de jueces en contra del euskera. La ley de uso del euskera, vigente desde 1982, establece una adecuación de la oferta pública a la realidad sociolingüística de la sociedad en la que se enmarca y al ejercicio de las funciones por parte de los poderes públicos. Ahora se ha cuestionado, vía recursos, que determinadas OPE no cumplían esa legislación. Y de hecho, creo que ahora se está hablando de posibles modificaciones (de la ley).

– Así que su mensaje a los políticos es que hagan bien su trabajo.

– No. Mi mensaje es: respeten la legitimidad de los jueces para hacer el control de legalidad. Respeten nuestras decisiones, sean favorables o desfavorables. Y si lo creen necesario, ejerzan el derecho al recurso.

– ¿Debe dimitir el fiscal general del Estado?

– Cuando alguien está en un cargo público tiene que conciliar el respeto al derecho a la presunción de inocencia y a poder defenderse con el elemento reputacional o de crédito de la institución a la que representa.

– ¿Su situación es insostenible?

– Habrá que esperar a que lo diga el Tribunal Supremo sobre su recurso. Si se confirma la imputación, el Supremo estará diciendo que hay elementos fundados para poder acusar, que es algo muy distinto a que haya elementos fundados para condenar.

– ¿Se puede tomar algún tipo de medida preventiva para acabar con la corrupción en España?

– Para prevenir, una sociedad democrática tiene que ser muy crítica en el día a día con la actuación de los corruptos y de los que corrompen.

– Casi nunca nos centramos en los segundos.

– Pasan desapercibidos, sí, pero son la otra cara de la moneda. Hay quien se deja corromper y hay quien corrompe. Y ése está rompiendo las reglas de juego, no solo porque pervierte el ejercicio adecuado a la función pública sino porque altera también las reglas de competencia.

– ¿Hay que endurecer penas tanto para unos como para otros?

– No soy una persona que entienda que hay una relación directa entre el endurecimiento de las penas y la prevención. Lo que hace falta es una cultura democrática, que es una vacuna frente a la corrupción. Lo que hace falta es que nuestro día a día se acerque lo máximo posible al respecto de las reglas de juego y de funcionamiento.

– Pues de momento no va bien.

– Entonces tendremos que plantearnos hasta qué punto una cierta laxitud general respecto a esas reglas tiene que ver con el ejercicio del poder público de esa manera.

– En Euskadi carecemos de una Fiscalía Anticorrupción. ¿Es partidario de crearla?

– Soy partidario, como seguro lo es la fiscal superior de una Fiscalía eficaz. Y eso implica que cuente con los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones. A partir de eso, si el modelo es una especialización de su estructura para la investigación de ese tipo de delitos, o puede descansar en una estructura más general, es algo que compete a la propia Fiscalía.