Policías y guardias civiles bajo acoso: 107 escraches en trece días

El listado de sendos informes remitidos a Interior es exhaustivo. En el caso de la Policía ha habido acoso, entre otras localidades, en Barcelona, Reus, Manresa, Vic, Sant Andreu, Viladecans, Tarragona, Calella, Pineda de Mar, Gerona, Figueras, Sant Feliu de Guixols, Lérida, Rubí, Tarrasa y Vilanova i La Geltrú.

El listado de los escraches a la Guardia Civil es mucho más extenso. Solo en la provincia de Barcelona, a modo de ejemplo, salpica a localidades como la capital, Vic, Berga, Manresa, Igualada, Martorell, San Andrés de la Barca, Villanova de la Gertrú, Canovelles, San Pablo, Gavá o la Calella.

Los acosos recogidos en los informes son de todo tipo: concentraciones frente a instalaciones policiales, pintadas amenazantes, lanzamientos de artefactos incendiarios a las instalaciones, difusión de vídeos sobre agentes, «marcación de vehículos» policiales en medios de comunicación, publicación en redes sociales de identidades de funcionarios destinados en Cataluña, amenazas de muerte desde coches, marchas de bomberos grabando a guardias civiles, lanzamiento de huevos, prohibición de entrada a gimnasios y otros establecimientos o los ya famosos escraches a los hoteles que alojan a los policías.

Y ante esta situación límite, ni un paso atrás. La orden fue directa de Mariano Rajoy a las 11.00 horas de la mañana cuando las fuerzas de seguridad estaban enfrentándose simultáneamente a una docena de escraches en las cuatro provincias. Los policías y guardias civiles enviados a Cataluña para el despliegue de seguridad del 1-O seguirán en esta comunidad autónoma. En los barcos, en los cuarteles, en las comisarías y en los 41 hoteles en los que están alojados, aunque sean acosados por miles de independentistas.

Rajoy -tras reunirse de urgencia con Juan Ignacio Zoido, Soraya Sáenz de Santamaría y el titular de Turismo, Álvaro Nadal- dio instrucciones de abortar la inminente salida de centenares de funcionarios del CNP de los dos hoteles de la localidad barcelonesa de Pineda de Mar, convertidos en una suerte de icono de la resistencia y que el propio titular de Interior ya había ordenado desalojar para evitar males mayores.

El mensaje con el que salió Zoido de su encuentro con Rajoy fue que no había retirada. Las instrucciones a los jefes policiales fueron no repetir bajo ningún concepto las imágenes del lunes de centenares de policías y guardias civiles cabizbajos e insultados abandonando tres hoteles de Calella, cuyos dueños cedieron a la presión vecinal y consistorial «mafiosa», en palabras de la vicepresidenta.

Apenas La Moncloa tuvo copia de la carta -luego autodesmentida- del gerente de los establecimientos de Pineda alegando coacciones del Ayuntamiento para echar a la calle a los policías, el Gobierno también decidió alargar hasta el 11 de octubre buena parte del despliegue de seguridad, aunque no todo. En principio, Interior fijó el 5 como fecha de regreso, luego alargó hasta el 8 pero, con la amenaza de declaración unilateral de independencia para los próximos días, acordó una nueva prórroga, que bien podría no ser la última.

La jornada de huelga general, tras una madrugada de asedios, fue especialmente complicada para los 12.000 miembros de las fuerzas de Seguridad desplegados en Cataluña, tanto para los más de 6.500 agentes ‘residentes’ en la comunidad como para 5.500 guardias civiles y policías del refuerzo del 1-O. Miles de personas rodearon durante horas la sede de la Jefatura Superior de Policía en vía Laietana, en Barcelona, convertida en una suerte de «Ford Comanche», en palabras de los operativos.

Los ánimos entre el contingente desplazado a Cataluña, a pesar de todo eran buenos. «Los policías de Pineda nos piden no abandonar Cataluña», explicó a este diario José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de Policía y portavoz de todos los sindicatos en esta crisis de Cataluña.

Sin embargo, la moral no era tan buena entre los funcionarios de ‘plantilla’. En localidades como Fornells de la Selva, en Girona, han comenzado a aparecer pasquines con nombres, apellidos y fotografías de miembros de las fuerza de Seguridad del Estado a los que responsabilizan de la represión del 1-O. Las amenazas y coacciones a funcionarios concretos, según fuentes policiales, se están repitiendo de manera especial en Girona y Lleida.

Juan Ignacio Zoido acusó personalmente a Carles Puigdemont de haber provocado esta escalada de hostigamiento, al reclamar que los policías y guardias civiles (también los 6.500 que viven y trabajan en Cataluña) se marchen de la comunidad. El ministro dijo que sus palabras han «alentado el acoso totalitario». «Asedios de odio», dijo, que están relacionados de forma «directa con las palabras» del presidente de la Generalitat.