La polémica de los indultos dinamita los puentes para renovar el Poder Judicial

Para muestra, el botón del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mandato del órgano de gobierno de los jueces lleva casi dos años y medio caducado a la espera de que socialistas y populares se pongan de acuerdo para su renovación. Un largo periodo de interinidad en el que han primado el desacuerdo, los amagos y las vueltas a empezar. Y nada hace presagiar que todo esto vaya a cambiar. Mucho menos cuando la polémica por los indultos a los presos del 'procés' está copando la agenda política. El PP ha encontrado en esta controversia el último argumento para congelar cualquier negociación. Si ya era difícil, «ahora es imposible», afirman fuentes de la dirección nacional del partido.

Porque, en realidad, la firma del pacto ya estaba complicada. Los conservadores han venido arguyendo diferentes motivos, como la participación de Podemos en el trato, y la sucesión de convocatorias electorales -primero en Cataluña y luego en Madrid- tampoco ha jugado a favor. Pero el término técnico que más obstaculiza de por sí el acuerdo, sostienen en Génova, es el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Los de Pablo Casado redoblan su exigencia de que sean los jueces quienes decidan la mayoría de los miembros en detrimento de los partidos políticos, tal y como pide Bruselas.

Ahora la entrada en escena de los indultos a los políticos catalanes encarcelados por el 1-O ha acabado por dinamitar todos los puentes, si es que quedaba alguno en pie. «Es un motivo más». El 'momentum', diagnostican en el PP, es el menos propicio para cerrar un acuerdo en materia judicial con el Gobierno de coalición. Un factor que se ve alimentado también por las crecientes aspiraciones electorales que otorgan las últimas encuestas a Casado, subido a la ola de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Las ínfimas probabilidades de una renovación inminente se desvanecen y en el Poder Judicial son conscientes de ello. Puertas adentro, los vocales asumen con resignación que su actual situación de interinidad se va a prolongar 'sine die' y se preparan para un permanente estado de incertidumbre. Desde finales de marzo, además, una reforma legal auspiciada por el Gobierno y sus socios parlamentarios limita la actividad del órgano de gobierno de los jueces al impedir que efectúe nombramientos discrecionales mientras permanezca en funciones.