PP y Podemos piden reformas fiscales y sociales para apoyar los Presupuestos
Abren la puerta a negociar pero advierten de que las conversaciones no se limitarán al contenido de las Cuentas
Aunque se vista como una toma de contacto previa, la negociación de los Presupuestos ya está en marcha. Y eso que no habrá anteproyecto de ... Cuentas hasta después del verano. Da igual. El Gobierno vasco abrió ayer las conversaciones recibiendo a los representantes de PP y Elkarrekin Podemos. En ese orden. Ambos grupos mostraron tras la cita su disposición al diálogo, pero con condiciones muy concretas: una reforma fiscal los primeros, y cambios en el modelo social para reducir la brecha territorial los segundos. El Ejecutivo, que aprovechó los encuentros para deslizar que el Presupuesto crecerá unos 300 millones respecto al de 2018, tiene cita la semana que viene con EH Bildu, pero ya sabe a qué se expone. Si quiere aprobar sus Cuentas tendrá que negociar con la oposición sobre más cosas que los números económicos.
Por si el espacio temporal significa algo, el consejero de Hacienda estuvo reunido ayer durante hora y media con los representantes del PP y apenas 55 minutos con los de Elkarrekin Podemos. Oficialmente, Pedro Azpiazu explicó con detalle a ambas delegaciones las directrices económicas aprobadas por el Gobierno hace dos semanas, líneas maestras sobre las que se redactará el Presupuesto. El portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, había pedido el martes a la oposición que «no se dejara en evidencia» dictando sentencia sobre las Cuentas tan pronto, pero las formaciones sí que dejaron las primeras pistas.
El PP, por ejemplo, deja ya en el olvido el veto al PNV tras la moción de censura a Rajoy y las rencillas postelectorales por perder las alcaldías de Labastida y Laguardia. Negociará con normalidad, durante los próximos meses, aunque advirtió de que no entregará un cheque en blanco al Gabinete Urkullu. «No vamos a ser el 'pagafantas' del PNV», resumió el portavoz económico de los populares, Antón Damborenea, tras la reunión.
¿Qué quiere el PP? Principalmente, que el Gobierno avance en la reforma fiscal que pactó con los populares en 2017 y reduzca el IRPF a las rentas medias y bajas. También que se incrementen las ayudas a la conciliación y que Lakua se siente a negociar una reforma de la ley de la RGI que contente a los populares, que reclaman que se eleve el empadronamiento mínimo para acceder a la ayuda. También que el Gabinete Urkullu «se aclare» y decida si prefiere hablar con el PP o con EH Bildu, «porque todo no se puede». Los populares llevan meses pidiendo al PNV que vete a la izquierda abertzale y abandone la reforma del Estatuto.
La ley de cambio climático
Por su parte, Elkarrekin Podemos sigue viendo importantes diferencias de criterio con el PNV, pero las distancias esta vez no son insalvables. El portavoz de la coalición reclamó ayer al Gobierno pasos firmes «y no tiritas» presupuestarias en materia social. «Las diferencias entre entornos urbanos y rurales sigue siendo muy grande y hay que ponerle remedio», subrayó Lander Martínez.
También reclama al Ejecutivo que prepare sl territorio para la desaceleración económica que auguran los indicadores. «No estamos en 2008, hay mucha gente en situación precaria que necesita ayuda». Podemos considera que la negociación de las Cuentas no es un proceso estanco y supedita el pacto a acordar también respecto a leyes como la de cambio climático que el Ejecutivo remitirá al Parlamento a final de año. La norma es, dijo Martínez, «muy conservadora».
Las frases
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Lander Martínez | Elkarrekin Podemos «El Gobierno no puede poner tiritas, debe hacer frente a la brecha territorial y prepararse para la desaceleración»
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Antón Damborenea | PP «No vamos a ser el 'pagafantas' del PNV, debe elegir entrehablar con nosotros o con Bildu porque todo no se puede»
Las cifras
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300 millones más. El Gobierno vasco estima que el proyecto presupuestario para 2020 se incrementará en esa cuantía con respeto a los prorrogados de 2018 para este ejercicio
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11.486 millones de euros es la cuantía de las Cuentas de 2018 del Ejecutivo autonómico. Las del año pasado, que no consiguió aprobar al no lograr el apoyo de ningún partido de la oposición, se elevaban hasta los 11.784, cifra casi idéntica a la del nuevo proyecto
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