Podemos se une a los nacionalistas en el Congreso para acabar con la «imposición legal» del castellano

Unidas Podemos ha vuelto a moverse al margen de su socio de Gobierno y se ha sumado a una iniciativa promovida por los grupos nacionalistas en el Congreso que, cuando menos, habrá generado incomodidad en el seno del PSOE. La formación liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias ha firmado una proposición no de ley junto a Esquerra, EH Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG en la que se insta a poner fin «a la imposición legal exclusiva del castellano en la normalidad estatal» y a permitir el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación.

Entre ellas citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), el Tribunal Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española. Los diez grupos que han impulsado la iniciativa reclaman además que se apoyen las reformas estatutarias que sean necesarias para que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del Estado que todavía no han obtenido esa condición, como es el caso, subrayan, de Asturias.

A tenor de los movimientos de las últimas semanas de las fuerzas con representación en el Congreso, da la sensación de que el debate lingüístico ha vuelto a la escena política para quedarse. Y es que, además de esta nueva propuesta en la Cámara baja, la desaparición del castellano como lengua vehicular en la reforma de la enseñanza auspiciada por la 'ley Celaá', uno de los peajes que ha tenido que pagar Moncloa para obtener el respaldo de ERC a los Presupuestos, desencadenó una enconada discusión entre el Ejecutivo y la oposición cuyas resonancias aún perduran. Ese eco ganará otra vez decibelios cuando el texto legal llegue al Senado y vuelva después al Congreso para su aprobación definitiva.

La proposición no de ley suscrita ahora por Podemos y por otros nueve partidos de izquierdas y de la órbita nacionalista recuerda que España tiene la obligación de cumplir los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.

«Este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la Administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos», sostienen los grupos en su propuesta.

En este sentido, las diez formaciones demandan que se inicien todas las acciones pertinentes para que las lenguas propias distintas al castellano «gocen del mismo reconocimiento», y sus habitantes «de los mismos derechos y deberes que reconocen al castellano».