PNV y PSE ven peligrar su reforma fiscal y apuntan a Bildu y Podemos para salvarla

Hay margen para el acuerdo, pero el tiempo se agota y las dificultades siguen siendo considerables. Ese es el escenario en el que están las negociaciones abiertas a diferentes bandas entre los partidos para aprobar en los próximos meses la reforma fiscal. El momento es clave, porque entre mañana y el viernes se acaba el plazo en Álava y Gipuzkoa para que los grupos de la oposición presenten sus enmiendas al texto cerrado por PNV y PSE. En teoría, todas las opciones están abiertas y no se descartan sorpresas de última hora, porque tanto EH Bildu como el PP y Elkarrekin Podemos han evitado dar un portazo definitivo a los contactos. Pero la realidad es que de haber fumata blanca –algo que no puede darse por seguro–, todas las quinielas apuntan a un pacto con alguna de las dos formaciones de izquierdas.

Desde que a finales de octubre jeltzales y socialistas culminaron su propio proceso negociador, consensuando un documento que cerraba dos años de conversaciones, todo se ha movido en una nebulosa. Básicamente, porque la importancia de lo acordado –la última reforma se aprobó en 2017 tras un pacto con el PP– ha chocado con la realidad institucional de Euskadi: tres territorios y tres parlamentos forales. El laberinto se enreda en Álava y Gipuzkoa, donde PNV y PSE no tienen mayoría y necesitan un tercer socio. O, al menos, que EH Bildu o el PP se abstengan. Un dato que no es menor porque exige menos cesiones de una y otra parte.

El texto de jeltzales y socialistas contiene como principales novedades que los vascos que ganen menos de 19.000 euros no tendrán que tributar, que desaparece la deducción por vivienda habitual para contribuyentes con más de 85.000 euros de base liquidable y que se amplía la consideración de joven hasta los 36 años. Pero a partir de su presentación empezó un debate en el que se han mezclado los argumentos técnicos con el relato político y los vetos cruzados.

El escenario empieza a generar vértigo en el Gobierno vasco, porque si no hay acuerdo en Álava y Gipuzkoa la mayoría de las voces creen que no saldrá en Bizkaia porque «sería difícil de explicar esa falta de armonización». Y si no hay reforma, eso puede repercutir en los ingresos y, por tanto, en los Presupuestos.

EH Bildu y el PP dejaron claro desde el principio que eran incompatibles, y así ha sido. Y el PSE nunca ha visto con buenos ojos un acuerdo con los populares, tal y como lo explicitó Eneko Andueza en EL CORREO hace unas semanas cuando descartaba de forma rotunda un pacto con los de Javier de Andrés porque «Euskadi no va a seguir el modelo de Ayuso». Fuentes socialistas ponen el balón en el tejado del PP y aseguran que «con un planteamiento basado en decir solo que hay que bajar impuestos es muy difícil hacer algo». Esa falta de sintonía también se percibe en el PP, donde en las últimas semanas están viendo un «cambio de actitud» y un acercamiento entre los socios de gobierno y EH Bildu.

El acuerdo de julio

La coalición soberanista explicará hoy las enmiendas que presentará en las Juntas Generales, pero insisten en que el texto de jeltzales y socialistas no es una «reforma fiscal» propiamente dicha, sino «un compendio de deducciones». Un discurso duro que, en un primer momento, podría parecer que hace imposible el acuerdo, pero ahí entra el factor político.

La apuesta de EH Bildu sigue siendo reforzar su imagen de partido institucional, de alternativa al PNV. Y en esa hoja de ruta tiene un espacio importante firmar acuerdos. Álava es un buen ejemplo. En los últimos meses han apoyado la subida de los tributos municipales y avalado los Presupuestos de la Diputación y de Vitoria. Fuentes de los partidos admiten que mientras las negociaciones con los populares han entrado en dique seco, con EH Bildu y Podemos hay movimientos.

De no salir adelante la reforma, además, la coalición soberanista tendría que gestionar de salida una contradicción. Los de Arnaldo Otegi han criticado con dureza la posibilidad de que los perceptores del SMI tengan que tributar a Hacienda, algo que defiende el Ministerio tras la última subida. Pero es que en Euskadi ahora mismo ya sucede porque el mínimo exento está en 14.000 euros y el salario mínimo está en 15.576. Si entra en vigor la reforma, esa cuestión desaparecería de la ecuación porque el mínimo exento estaría en 19.000.

EH Bildu sostiene que «el mejor punto de partida» para lograr un mínimo común está en el pacto suscrito en julio en las Juntas Generales de Gipuzkoa con PNV y PSE dentro de una ponencia para analizar la reforma fiscal. Se trata de un texto de 46 páginas, pero que, según los socialistas, no deja de ser un marco general. «El problema es luego concretar», recalcan. A esto hay que añadir que un acuerdo obligaría a explicar bien cómo se ha podido alcanzar, cómo se puede pasar de menospreciar un texto a avalarlo.

La negociación se prolongará las próximas semanas. Con un tercer elemento en juego: Elkarrekin Podemos. Con tres y dos junteros pueden ser claves en Álava y Gipuzkoa, pero deberían votar a favor –no vale su abstención– y eso obligaría a hacer cesiones que, en principio, PNV y PSE no están dispuestos a realizar.

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