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La votación del nuevo gravamen a las compañías del sector energético impulsado por el Gobierno central ha evidenciado que la mayoría de la investidura es pura retórica. Como estaba cantado, el PNV y Junts sumaron sus votos a los del PP para rechazar la aprobación ... de una nueva figura tributaria que exigían EH Bildu, ERC y Podemos, que incluso ha condicionado que este gravamen se aprobase para sentarse a negociar un proyecto de Presupuestos de 2025 que cada día que pasa tiene menos visos de ver la luz.
El Gobierno sabía perfectamente que este decreto estaba abocado al fracaso. Sólo lo tramitaron para salvar la cara al bloque de socios situados a su izquierda, especialmente Bildu, que lo que realmente buscaba era dejar en evidencia al PNV recordando sus vínculos con el CEO de Repsol, el también expresidente del EBB, Josu Jon Imaz. De hecho, en el debate de la iniciativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordando que había hecho «humanamente posible» para intentar sacar adelante la tasa. Ella, vino a decir, había cumplido su parte del trato pero la mayoría es la que es...
Y es que el Congreso, con la misma mayoría de partidos de hoy, ya había tumbado el pasado 19 de diciembre el gravamen extraordinario que había estado en vigor durante los dos últimos años. Sin embargo, el Gobierno no se dio por vencido y volvió a aprobar otro cuatro días más tardes. Aquel día, EH Bildu anunció que había pactado con el Gobierno central una disposición adicional del texto legal avalado por el Consejo de Ministros que decía así: «El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra».
Todo es puro tacticismo político entre las dos grandes formaciones soberanistas vascas en su fratricida guerra madrileña. Los de Arnaldo Otegi son muy conscientes sabían que este gravamen nunca iba a ver la luz por el portazo de Junts, formación que carece de complejos a la hora de defender al empresariado catalán. Lo que buscaban, sobre todo, es retratar al PNV recordando que el CEO de Repsol se llama Josu Jon Imaz y fue presidente del Euzkadi buru batzar. Un Imaz que en un contundente artículo publicado en EL CORREO hace unas semanas advirtió de que congelaría todas las inversiones previstas en España si el gravamen veía la luz.
Un movimiento de enorme calado que en Cataluña provocó el respaldo absoluto de la patronal y del partido de Carles Puigdemont, mientras que en Euskadi, el PNV apostó por mantener una postura mucho más cauta aunque siempre en contra de prorrogar el gravamen tal y como estaba, advirtiendo, eso sí, del gran peso que la industria tiene en el País Vasco y su impacto en materia de empleo. Su única línea roja, enfatizada por todos sus líderes, incluido el lehendakari, Imanol Pradales, es que de existir, debe concertarse con las haciendas vascas. Esto es, precisamente, lo que EH Bildu asegura que había conseguido.
Durante el debate, el portavoz abertzale, Oskar Matute, cargó duramente contra el PNV por poner al partido «por encima de los del intereses del país» y denunció que las arcas públicas del País Vascos «van a perder 100 millones para agradar al CEO de Respol».
Por su parte, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, de PNV, lamentó que este gravamen conlleva «mucha demagogia y mucha teatralización». En este sentido, mostró su «sorpresa» con que Bildu apoye una prestación patrimonial no tributaria que no se puede concertar ni conveniar. «Y me sorprende de verdad, señor Matute, que usted que lleva toda la vida en política no conozca el Concierto Económico», ironizó.
E portavoz de ERC, Gabriel Rufián, denunció por su parte que se materializó «de forma casi definitiva» una mayoría de PP, Vox y Junts, que acabará «cargándose a este Gobierno».
El gravamen en cuestión suponía una tasa sobre las empresas energéticas del país que ya se venía aplicando el año pasado y recaudó unos 1.100 millones de euros. A su vez, incluía bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales este mismo 2025, tal y como el PNV siempre ha exigido y lo que la izquierda abertzale pactó con el Gobierno en la letra pequeña de este nuevo gravamen.
En concreto, se incluía una cláusula para conceder una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que, eso sí, tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica. Dichas inversiones podían ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
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