PNV y Junts se alían con el PP contra la ley de vivienda frente a PSOE y Bildu

Las dificultades en el acceso a la vivienda y los altos precios, sobre todo en el mercado del alquiler, han agitado el debate en los últimos años con recetas muy dispares entre las formaciones políticas. De fondo, el clásico debate ideológico entre intervencionismo y liberalismo. Y, de acompañamiento, un toma y daca competencial en el que varios gobiernos autonómicos -liderados por partidos tan distintos como PP, PNV y ERC- ven en peligro las atribuciones exclusivas que les conceden la Constitución y sus respectivos estatutos.

Todo esto se escenificó en la negociación y posterior aprobación en el Congreso, en abril del año pasado, de la ley de vivienda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trató de la primera norma de ámbito nacional que activa herramientas para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. La izquierda (PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu) se volcó en su defensa. Pero, enfrente, PP, Vox, Junts, PNV y CUP -también el BNG con su abstención- pusieron el grito en el cielo.

Un año después, esa alineación se replicó ayer en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso. Allí el PP presentó una proposición no de ley que llama a reformar o derogar todos aquellos artículos de la ley que impliquen una «vulneración de las competencias autonómicas». Algo que, según la moción, hace «reiteradamente» en su articulado frente a lo que dicta el artículo 148 de la Constitución. Algunos ejemplos son la promoción de una determinada tipología edificatoria en la ordenación territorial y urbanística, y la calificación permanente de las viviendas protegidas cuando se ubiquen sobre suelos destinados a algún régimen de protección pública.

«Todo ello da lugar a concluir que la ley es inconstitucional, aunque no solamente por la vulneración de competencias autonómicas, sino también, por ejemplo, por la vulneración del derecho a la propiedad privada», reza la propuesta en un extracto que va más allá del debate competencial en el que el PNV se ha amparado para oponerse a la norma. Eso sí, los jeltzales rechazaron en la misma sesión otra propuesta del PP que llamaba a eliminar los mecanismos de regulación de los alquileres contemplados en la propia norma.

Hay que recordar que varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar algunos de los preceptos de la norma. La decisión del Gobierno vasco causó un enfrentamiento entre los socios de coalición, PNV y PSE-EE, que se ha reproducido entre el resto de formaciones a nivel autonómico. El PP va en esto de la mano de los jeltzales, mientras que EH Bildu, Podemos y Sumar se alinean con los socialistas en defensa de la norma y en contra de la existencia de cualquier choque competencial.