El PNV evita ahora reclamar reformas legales para blindar la exigencia del euskera en las OPE

El euskera está cobrando cada vez más protagonismo en la agenda política vasca tras décadas en las que se ha elevado tanto su conocimiento como su exigencia para acceder a la función pública. En los últimos años la Justicia ha puesto coto a ese proceso, que también se ha querido extender al personal interino e incluso a empleados de subcontratas. Han sido numerosas las resoluciones judiciales que han tumbado requisitos lingüísticos. Ha sido anulado hasta un extracto de la ley municipal, en parte porque al Gobierno vasco se le pasó el plazo para recurrir.

Las fuerzas políticas llevan tiempo debatiendo sobre cómo afrontar esta situación, que el nacionalismo define como una «ofensiva judicial» y que ha abocado a instituciones como la Diputación de Bizkaia a rebajar el peso del euskera en sus OPE. Toda esta cuestión no es muy cómoda para el PNV, principal impulsor de ese incremento en los requisitos lingüísticos pero que gobierna en coalición con un PSE-EE que prioriza los derechos laborales y la igualdad en el acceso a la función pública. Los socialistas no son precisamente proclives a promover reformas legales.

En esta colisión de intereses entre los socios −otra más− trata de hurgar EH Bildu, que presiona al PNV para que se aparte del PSE-EE en esta materia y aproveche la mayoría abertzale en las instituciones. Es por eso que la coalición soberanista ha venido presentando sucesivas mociones a tal fin en distintos foros. En las Juntas de Gipuzkoa, territorio que encarna el ala más abertzale del PNV, la iniciativa contó con el «sí rotundo» de los jeltzales, según reivindicó la apoderada Saioa Bandrés, que incluso llegó a criticar las enmiendas presentadas por sus aliados socialistas.

En las Juntas de Bizkaia el resultado había sido el contrario, ya que allí el PNV decidió preservar la unidad con el PSE-EE y rechazó la moción. Eso sí, en aquel debate celebrado en febrero, el apoderado nacionalista Mikel Bagán se ofreció a EH Bildu para debatir un blindaje legal «donde corresponde»; esto es, en el Parlamento vasco y no en el vizcaíno. Pues dicho y hecho: la discusión se ha producido este jueves en la Cámara autonómica, pero los jeltzales han optado por tumbar la iniciativa y sacar adelante una enmienda descafeinada con los socialistas.

El encargado de defender el cambio de criterio, para más inri, ha sido Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa por el PNV hasta hace dos años y ahora burukide del EBB encargado del área de Euskera. El veterano dirigente ha criticado a EH Bildu por utilizar la lengua vasca como un elemento de «desgaste del rival político» y ha llamado a lograr «un suelo común» entre las diferentes formaciones. Por parte de la coalición soberanista, Josu Aztiria ha ahondado en el giro de los jeltzales: «¿Por qué lo que vale en Gipuzkoa no vale aquí?». No ha habido respuesta de Olano.

Fuentes jeltzales han alegado después que «resultaba imposible alcanzar un acuerdo» porque el marco del debate no era ése, sino el retraso en la presentación del recurso sobre la ley municipal ante el Tribunal Supremo. El pronunciamiento que finalmente ha avalado el Parlamento vasco con los 'síes' de PNV, PSE-EE y Sumar rebaja de forma notable el objetivo de la iniciativa original: llama a «impulsar la acción pública más eficaz en cada momento» y a que el uso del euskera cuente con «seguridad jurídica». Elude garantizar así la puesta en marcha de reformas legales que, por si hubiera alguna duda, los socialistas han descartado expresamente en la sesión. «No está justificado un cambio de arriba abajo en la normativa y en los consensos», ha apuntado el parlamentario Pau Blasi.