

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Con los decibelios mucho más bajos que en la agitada escena política nacional, los partidos vascos afrontan un 2025 que será fundamentalmente de transición. Tras ... superar el intenso ciclo electoral de los dos últimos años, la ausencia de nuevas convocatorias en el horizonte –al menos, sobre el papel– invita a todas las formaciones a recalibrar sus estrategias antes de que las municipales y forales de 2027 obliguen a engrasar de nuevo la maquinaria.
Las tres principales formaciones vascas, de hecho, van a aprovechar este paréntesis para completar sus deberes internos. PNV, EH Bildu y PSE-EE celebrarán entre febrero y marzo sus respectivos congresos, en los que se elegirán los liderazgos y se actualizará el ideario. Mientras Arnaldo Otegi y Eneko Andueza ya tienen asegurada su continuidad en el cargo, Andoni Ortuzar aún no ha hecho pública su decisión entre optar a un cuarto mandato consecutivo o dar un paso al lado.
Más allá de los cónclaves internos, los partidos no perderán de vista algunos de los debates que marcarán el año en la política vasca. La reforma del Estatuto, un deber pendiente desde su promulgación en 1979, aparece como uno de los principales desafíos. El juego de mayorías en el Congreso, donde deberá validarse cualquier acuerdo antes de ser sometido a referéndum, empuja hacia un acuerdo entre PNV, EH Bildu y PSE-EE. Sin embargo, las negociaciones no podrán evitar los escollos clásicos, como el del derecho a decidir. El reconocimiento de Euskadi como nación sí tiene más opciones de recabar el apoyo de estos tres partidos.
El debate estatutario se reactivará en un 2025 que también es la fecha límite que firmó Pedro Sánchez con el PNV para completar la transferencia de competencias a Euskadi. Mucho se tienen que acelerar las cosas para que a fin de año estén traspasadas todas las materias, máxime cuando hay materias tan delicadas como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de puertos y aeropuertos.
Los partidos también deberán abrir negociaciones de cara a la reforma fiscal que han propuesto las tres diputaciones forales, gobernadas por PNV y PSE-EE. La coalición necesita al menos un socio tanto en Álava como en Gipuzkoa, donde no tienen mayoría absoluta, por lo que deberán exprimir la geometría variable a la que se ha abonado la política vasca.
PNV
El PNV abre el año sumergido en el camino hacia su Asamblea General del 29 y 30 de marzo en San Sebastián, en la que se evaluará la profundidad de su renovación interna, tanto de ideas como de personas. Una vez culminado el proceso en las ejecutivas territoriales, las bases dirigen su mirada hacia Andoni Ortuzar, quien sigue deshojando la margarita entre aspirar a un cuarto mandato o dar paso a un relevo para el que sonaría Aitor Esteban. El presidente del Euzkadi buru batzar (EBB) comunicará su decisión antes del 20 de enero, cuando comenzará la primera vuelta.
La cita congresual del PNV servirá también para actualizar de lleno el corpus ideológico de la primera fuerza política de Euskadi, un deber pendiente desde 2007 que se ha agudizado tras los retrocesos electorales experimentados en los últimos tiempos. La formación busca ofrecer un discurso «emocional y empático», que no tenga empacho en «abrazar los problemas» y que proyecte, incluso a través del aspecto externo y de la «indumentaria y actitudes», una imagen «cercana y humilde» del partido.
Los jeltzales aspiran a reconectar así con sectores descontentos para poder mantener su condición de fuerza hegemónica y cortar el paso a EH Bildu, que a punto estuvo de dar el 'sorpasso' en las autonómicas del año pasado. Gran parte de ese desafío recaerá en la labor del Gobierno vasco y particularmente en un Imanol Pradales que se afana por consolidarse como lehendakari. La respuesta a las principales preocupaciones sociales, como la vivienda y la sanidad, serán clave para que el PNV pueda volver a alzar la bandera de partido gestor.
La formación nacionalista también busca liderar un nuevo acuerdo estatutario –el primero desde 1979– que reconozca a Euskadi como nación y exprimir su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, que fija este año como límite para transferir las competencias pendientes; entre ellas, patatas calientes como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
EH Bildu
También EH Bildu inicia el año en vísperas de su congreso, que se celebrará el 7 y 8 de febrero en Pamplona, aunque con un guion muy diferente al del PNV. No ya sólo porque es seguro que Arnaldo Otegi repetirá como coordinador general, cargo en el que lleva desde 2017, sino también por el momento que viven unos y otros. La coalición soberanista llega en su mejor momento histórico, reforzada tras su crecimiento en todas las convocatorias electorales, aunque sin haber consumado el soñado 'sorpasso' en las autonómicas.
El cónclave interno de la formación, que se saldará con cambios en los segundos niveles de la ejecutiva y aún bajo la incógnita del encaje orgánico de Pello Otxandiano –ahora es secretario de Programa– tras dar el salto como candidato a lehendakari, servirá para reafirmar el rumbo. EH Bildu quiere consolidarse en 2025 como alternativa real a la hegemonía jeltzale, haciendo ver que es una fuerza preparada para gobernar y, mientras tanto, para alcanzar acuerdos. Una vía pragmática que, después de los rendimientos logrados en Madrid con Pedro Sánchez, ha empezado a probar en Euskadi.
Pese al fracaso de la negociación presupuestaria con el Gobierno vasco, la coalición abertzale volverá a tender la mano al PNV para llegar a entendimientos tanto en los Presupuestos de 2026 como en leyes sectoriales. Una disposición con la que busca no sólo aparecer como una fuerza dialogante y útil, sino también tratar de visibilizar que son los jeltzales quienes son reacios a los grandes acuerdos.
No en vano, tras aprovecharse de la debacle de la izquierda confederal, EH Bildu interpreta que sus posibilidades de crecimiento residen en el caladero de votos del PNV, sobre todo entre aquellos de centroizquierda. Una ampliación ideológica en la que, en todo caso, la coalición abertzale se enfrenta al reto de contener a los sectores de izquierda radical, donde el Movimiento Socialista y su marca EHKS está logrando penetrar.
PSE-EE
La continuidad es el elemento que guiará al PSE-EE en un 2025 en el que celebrará su décimo congreso. La cita del 15 y 16 de febrero en San Sebastián volverá a encumbrar como secretario general a Eneko Andueza, que se encamina hacia su segundo mandato consecutivo con la intención de mantener el perfil político que le caracteriza y consolidar el crecimiento registrado por la formación desde que tomó las riendas a finales de 2021. El cónclave autonómico, en todo caso, no será el único, ya que después dará paso a los tres congresos provinciales, en los que se dirimirá el futuro de Mikel Torres (Bizkaia), Cristina González (Álava) y José Ignacio Asensio (Gipuzkoa).
Los socialistas cumplirán con sus deberes internos al tiempo que tratarán de reforzar su papel clave en la gobernabilidad de Euskadi. Con el nuevo Gobierno vasco ya a pleno rendimiento, el PSE-EE quiere exprimir el margen de maniobra que le conceden sus cinco consejerías, dos más que en el anterior mandato: Trabajo, Vivienda, Transportes, Justicia y Turismo. Se trata de departamentos de profundo calado social en los que busca activar medidas progresistas que conecten con las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La formación de Andueza también ahondará en su particular batalla por no quedar desdibujado como el tercero en discordia en un tú a tú entre PNV y EH Bildu. Tras evitar ese escenario en las elecciones autonómicas del año pasado, cuando logró subir dos escaños, ahora el PSE-EE se propone hacer lo propio en uno de los debates que marcará el 2025: el de la reforma del autogobierno.
Los socialistas están dispuestos a firmar un nuevo pacto estatutario con las dos familias del nacionalismo vasco y a incluir el reconocimiento de Euskadi como nación, aunque priorizarán el blindaje de derechos sociales conquistados en los últimos 45 años. Eso sí, se opondrán a cualquier «aventura soberanista» que abra la puerta al derecho de autodeterminación.
PP
Aunque sectores del PP en toda España fantasean con un acercamiento al PNV que acabe llevando a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, en el partido en Euskadi tienen claro que sus oportunidades de crecimiento pasan precisamente por marcar distancias con los jeltzales. La formación presidida por Javier de Andrés acentuará en 2025 sus diferencias bajo la tesis de que el PNV compone un bloque junto a EH Bildu y PSE-EE, lo que dejaría a los populares el papel de «única alternativa» en la política vasca.
Son dos los terrenos en los que el PP pondrá el foco: el primero, en el económico, donde denuncia el «declive» de Euskadi por su paulatina pérdida de peso en términos económicos y poblacionales respecto al conjunto de España. La formación conservadora atribuye este proceso a las «políticas fallidas» de jeltzales y socialistas, y sitúan como ejemplo el crecimiento de otras comunidades como Madrid y Andalucía, ambas en manos del PP.
La otra parcela en la que dará la batalla será en la del autogobierno. De Andrés no sólo tratará de refutar la idea de que la llegada de más competencias a Euskadi hará mejorar su gestión, sino que también se perfila como principal opositor a la reforma del Estatuto que el PNV busca sacar adelante preferentemente junto a EH Bildu y PSE-EE. Los populares no estarán en ningún entendimiento que implique el reconocimiento de Euskadi como nación, un extremo reivindicado por las fuerzas nacionalistas y que los socialistas están dispuestos a asumir.
El PP, además, intentará aprovechar su representación en las Juntas Generales, especialmente en Álava y Gipuzkoa, donde la coalición gobernante no dispone de mayoría absoluta. Los populares pueden ser clave para sacar adelante la reforma fiscal presentada por las tres diputaciones forales. En clave orgánica, tras el cónclave autonómico de 2023 que culminó el relevo de Carlos Iturgaiz por De Andrés, la formación tiene pendiente la celebración de sus congresos provinciales.
Sumar
Las elecciones autonómicas supusieron una debacle para Sumar, pero la formación de izquierdas salvó por los pelos un escaño (en manos de IU) que al menos le mantiene en el mapa de la política vasca. Ahora, con el horizonte electoral despejado, la coalición se afana por construir su marca en Euskadi una vez que su referente, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dado un paso al lado. A la espera de que a nivel nacional se celebre una asamblea fundacional en marzo, en el estamento autonómico Sumar Mugimendua ya ha constituido su primera ejecutiva, liderada por Alba García, mientras que Ezker Anitza-IU llevará a cabo su congreso en junio para relevar a Isabel Salud, seguramente por el exparlamentario Iñigo Martínez.
El principal desafío pasa por remontar, por recuperar a aquellos exvotantes que han pasado a la abstención o a engrosar las filas de otras formaciones de izquierda. Con el PSE-EE gobernando junto al PNV y con EH Bildu en busca de acuerdos también con los nacionalistas, Sumar ve un carril libre para representar al votante progresista que recela de los jeltzales. La coalición, sin embargo, no logra deshacerse de la sombra de Podemos, que pese a quedarse fuera del Parlamento vasco mantiene representación en ayuntamientos y las tres Juntas Generales.
Vox
Vox es la última formación presente en el Parlamento vasco y se enfrenta cada semana al boicot del resto de partidos salvo el PP, por lo que le es difícil sacar la cabeza en el debate político vasco, habitualmente tranquilo y, por tanto, adverso para un partido abonado al discurso de confrontación. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal se aferra al escaño de Amaia Martínez, revalidado 'in extremis' el año pasado por la circunscripción de Álava, para reivindicarse como fuerza con representación incluso en los entornos más hostiles. Euskadi es la comunidad en la que peores resultados obtiene a excepción de Galicia, donde sólo tiene representación en un ayuntamiento de Ourense.
El partido de extrema derecha seguirá tratando de exprimir el limitado altavoz que le proporciona la Cámara de Vitoria con temas como la «inseguridad» ciudadana y la «imposición lingüística» del euskera. En el debate sobre el futuro del autogobierno, su oposición a cualquier reforma del Estatuto de Gernika será total, partiendo de la base de que es una norma básica que ni siquiera defiende al estar en contra del Estado de las autonomías. Vox también tiene presencia en las Juntas Generales de Álava con un apoderado, pero tampoco allí juega un papel destacado.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El enigma de las plantas de tequila en la 'Catedral del vino' de Cigales
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.