El Parlamento vasco aprueba la Ley de Memoria Histórica con un 90% de apoyos

Tras un largo proceso de tramitación que ha durado más de dos años, y a falta de que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) en los próximos días, el Legislativo ha dado la luz verde definitiva a la ley en un pleno con gran expectación. La tribuna de invitados se ha llenado hasta la bandera como en las grandes citas por la asistencia de miembros de asociaciones memorialistas, algunos visiblemente emocionados y que se han arrancado a aplaudir tras la votación. Desde el palco de autoridades también ha seguido el debate el delegado del Gobierno, Denis Itxaso.

La norma llegaba a su último eslabón precedida de los acuerdos que PNV y PSE-EE habían alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU en febrero y con EH Bildu en junio. Si la iniciativa aprobada por el Gobierno vasco hace dos años ya contemplaba un reconocimiento de las víctimas, un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros y proyectos educativos, el pacto con los morados incluyó la creación de un censo de supervivientes y la dotación de una reparación económica, mientras que EH Bildu logró después que se ponga en marcha un «equipo científico» para analizar vulneraciones de derechos humanos entre 1936 y 1978.

Los cuatro grupos acordantes se han congratulado de un entendimiento «fácil», en palabras del jeltzale Joseba Díez Antxustegi, porque todos ellos «comparten los valores» de justicia, verdad y reparación reflejados en el texto. Julen Arzuaga (EH Bildu) considera que se trata de una iniciativa «valiosa para la transmisión generacional», Eneko Andueza (PSE-EE) ha ensalzado su capacidad para «generar conciencia crítica sobre nuestro pasado y disipar cualquier equívoco como consecuencia de una cierta dejación» y Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) la estima «más necesaria que nunca» ante la «ola reaccionaria» liderada por PP y Vox.

Los partidos que han secundado la ley han dedicado gran parte de sus intervenciones a tratar de rebatir los argumentos de la derecha, que se ha quedado sola en el rechazo al igual que ocurrió en la aprobación de la norma nacional en el Congreso. Carmelo Barrio (PP) ha descalificado una ley «amputada de nacimiento» por «ausencias clamorosas» sobre el terrorismo de ETA: «Compitió con el franquismo en la imposición del totalitarismo». Amaia Martínez (Vox) ha arremetido contra el «revisionismo histórico» de una norma «concebida para destruir España», mientras que José Manuel Gil (Cs) ha criticado que se potencie la memoria de «lo ocurrido hace un siglo y no de lo sucedido hace diez años».

Las referencias a la falta de alusiones a las víctimas de ETA se han saldado con el reproche unánime del resto de grupos, que acusaban a PP, Vox y Cs de tratar de «enfrentar» a unos y otros afectados. «Hablar de unas víctimas no excluye a otras», ha antepuesto Díez Antxustegi. Más duro ha sido Arzuaga, que ha agitado los ánimos en la bancada de los populares al cargar contra ellos como «herederos políticos del franquismo» y acusarles de «despreciar» a los destinatarios de esta norma. «Es repugnante que pretendan dividir, incompatibilizando a unas víctimas contra otras», ha remachado Andueza mientras Hernández llamaba a erradicar «la herencia franquista».