El Parlamento fuerza al Gobierno vasco a endurecer el control de los comedores escolares

El Gobierno vasco tendrá que revisar el sistema de adjudicación de los comedores escolares para mejorar el control y la transparencia del proceso. El Parlamento vasco ha forzado esta mañana al Ejecutivo Urkullu a que «se ponga las pilas» y revise de cabo a rabo un protocolo que hizo aguas durante años y fue incapaz de detectar el cartel que siete empresas organizaron para pactar precios y repartirse el servicio entre 2003 y 2015. Se estima que el fraude generó un quebranto económico de entre 70 y 80 millones de euros a las familias y la hacienda pública sin que saltara alarma alguna hasta que una denuncia privada destapó las irregularidades. El pacto alcanzado por todos los partidos del Legislativo, insta a Lakua a redactar una nueva normativa que debe entrar en vigor el curso que viene y que reabre la puerta a que los centros escolares puedan tener cocina propia.

La petición al Gobierno llega apenas dos semanas después de que la Cámara vasca cerrara la comisión de investigación que durante año y medio ha analizado a fondo el fraude de los comedores escolares. Las conclusiones, además de poner cifras al desvío económico que supuso la connivencia de las empresas implicadas, señala a los tres últimos consejeros de Educación -Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (EA) e Isabel Celaá (PSE)- y a la actual titular de la cartera, Cristina Uriarte (PNV), por su «inacción». La Cámara considera que no hubo connivencia de la Administración, pero sí censura que los responsables políticos miraran hacia otro lado durante más de una década.

En esencia, las empresas implicadas (Cocina Magui, Auzo Lagun, Cocina Goñi, Gastronomía Baska, Tamar, Gastronomía Cantábrica y Eurest) se repartieron la gestión de los comedores escolares de los centros públicos vascos durante más de una década en la que se repartieron 800 millones de euros. Mediante un acuerdo tácito acapararon todo el servicio, ya que cada una de las firmas solo concurría en el concurso que iba a ganar, lo que les permitía presentar la oferta más cara posible. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impuso en 2016 una histórica multa de 18 millones a las empresas implicadas que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco redujo finalmente a 7,3 millones dos años después. A partir de ahí se activó la comisión de investigación parlamentaria.

Las conclusiones del foro quedaron aprobadas definitivamente a comienzos de mes. Salieron adelante con los votos de la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- y el rechazo de PNV y PSE, que vienen reconociendo desde hace meses que los mecanismos de control fallaron pero niegan que se haya podido acreditar la falta de respuesta de los políticos implicados. De hecho, los socialistas recuerdan una y otra vez que Celaá intentó modificar el pliego para adjudicar el servicio de comedores pero que la Autoridad Vasca de la Competencia tumbó su plan alternativo.

La renovación del sistema parece ahora ya inaplazable para cerrar uno de los capítulos más oscuros del sistema vasco de educación. Así lo entiende Elkarrekin Podemos, promotor de la iniciativa, el resto de la oposición y también PNV y PSE. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el pleno que el Parlamento ha celebrado esta mañana y cuenta con el visto bueno del propio Gobierno vasco, lo que garantiza que activará de inmediato el proceso de reforma.

De este modo, según recoge la moción aprobada, el Departamento de Educación tiene por delante un plazo de cuatro meses para contrastar con la comunidad educativa el nuevo pliego que debe regir las adjudicaciones del cátering escolar a partir del curso 2020-2021. En este periodo también deberá analizar otros modelos de «gestión descentralizada» de los comedores escolares para determinar su viabilidad técnica y jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que manteniendo el carácter público del servicio, Lakua abre la puerta a una «gestión innovadora» y que cada escuela decida a partir de ahora «qué tipo de comedor quiere tener». Para empezar, el Parlamento insta al Gobierno a «asegurar la construcción de cocinas en aquellos centros que lo soliciten».