Que se fastidie el inquilino
«Piso alquilado en rentabilidad bruta (5,85%). Inversión pasiva. Exclusivo para inversores que quieren delegar el alquiler». Así empieza el nuevo evangelio del ladrillo. ... No se vende una casa, se vende una rentabilidad. No se alquila un hogar, se monetiza una necesidad básica. No se habla de familias, ni de jóvenes, ni de barrios: se habla de activos, carteras y márgenes. La vivienda, ese derecho que la Constitución dice proteger, se ha convertido nuevamente (si es que lo dejó de ser alguna vez) en refugio del capital y en el primer infierno del inquilino.
La escena es conocida: el inversor busca un piso ya alquilado, porque no quiere complicaciones. Compra el paquete completo: ladrillo, inquilino y gestor. El dinero trabaja por él. Mientras tanto, el inquilino, que paga religiosamente cada mes, no solo financia la hipoteca del propietario, sino que además sostiene la rentabilidad pasiva que otro exhibe en un Excel. Su salario se evapora en una transferencia mensual que nunca construirá patrimonio.
El sistema lo llama «mercado libre», pero de libre tiene poco. Libre es el capital, no la persona. El inquilino no elige si alquilar o no; lo hace porque no puede comprar. Y no puede comprar porque los precios suben al ritmo que los algoritmos y los fondos dictan desde una oficina en Luxemburgo o desde el portal inmobiliario de moda. La perversión es perfecta: se declara la vivienda como un derecho fundamental; se deja su garantía al mercado financiero; y se convierte a quien la necesita en cliente cautivo.
Mientras tanto, los anuncios brillan con su jerga técnica: «producto en rentabilidad», «gestión delegada», «ingreso garantizado». Palabras limpias que esconden una sucia realidad: la de un país donde cada vez más gente trabaja, pero lo pasa mal para vivir.
Y así, entre la rentabilidad y la pasividad, el mensaje implícito se consolida: que se joda el inquilino. Que se joda el que aspira a vivir dignamente. El que paga. El que cuida la casa. El que hace barrio. Que se joda el que solo quiere un techo, mientras otros acumulan ladrillos como si fueran acciones.
Lo que no dicen los anuncios es que una sociedad que normaliza esto se está hipotecando a sí misma. Porque cuando el hogar se convierte en producto, la convivencia se convierte en riesgo. Un riesgo que siguen aprovechando muy bien quienes pretenden acceder a las instituciones para vaciarlas de contenido.
Hemos conocimos que el presupuesto que más crece en Euskadi es el de vivienda. Los partidos del gobierno, PNV y PSE, lanzaron una batería de medidas urgentes y están trabajando de la mano de municipios y empresas «en todos los frentes» –dicen– para dar con la tecla. Y hasta acaban de lanzar un congreso internacional (House Action) para aprender y liderar.
El camino no parece malo. Pero, ¿la velocidad es la adecuada? ¿Cabrían medidas más radicales? Veremos. Porque el desafío es reconstruir la idea de lo que significa vivir juntos. Y, mientras tanto, debemos recordar que detrás de cada «rentabilidad bruta» hay una persona que paga (y mucho) por sostener el negocio de otro. Así que, a ver si se logra joder un poco menos el inquilino.
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