El PSE se opone a retirar la pensión del Congreso a García Damborenea, condenado por los GAL
El Parlamento vasco solicita la suspensión del complemento de 2.063 euros mensuales que cobra por su condición de exdiputado
La mayoría del Parlamento vasco quiere que el Congreso retire el complemento económico de 2.063 euros que abona cada mes al exdiputado socialista Ricardo García Damborenea, condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey a manos del GAL. La iniciativa, presentada por Elkarrekin Podemos-IU, ha salido adelante con los votos a favor también de EH Bildu y la abstención del PNV. Se han opuesto el resto de grupos, entre ellos el PSE-EE, que defiende la vigencia de los derechos de su exdirigente pese a rechazar su pasado.
Damborenea, que el pasado lunes cumplió 83 años, fue diputado en el Congreso entre 1982 y 1989 y, conforme a las normas de protección social para exparlamentarios, tenía derecho a solicitar un complemento para llegar a la pensión máxima que no logra con su cotización profesional como médico. La Cámara baja puso fin a la concesión de este tipo de ayudas en 2011, como consecuencia de la crisis económica, pero se mantuvieron de manera retroactiva para aquellos que la venían cobrando; entre ellos, el ex secretario general del PSE-EE en Bizkaia.
Al hacerse pública el pasado octubre la relación de exparlamentarios que perciben la prestación, los diputados vascos de Unidas Podemos en el Congreso ya presentaron un escrito ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que retirara «de inmediato» la ayuda al condenado por los GAL, que fue indultado por el Gobierno de José María Aznar. De manera paralela, la coalición morada buscaba el respaldo del Parlamento vasco porque, según Miren Gorrotxategi, constituye «una auténtica humillación» a las víctimas y un ejemplo de «impunidad».
Todos los grupos parlamentarios, también el propio PSE-EE, coinciden en mostrar su repulsa en torno a la trayectoria de Damborenea e incluso en torcer el morro por la ayuda económica que cobra. Aun así, no ha habido un acuerdo unánime para solicitar que se le quite. Claramente a favor de su retirada se han mostrado el grupo proponente y también EH Bildu, que en todo caso ha afeado a Podemos el procedimiento escogido en el Congreso. Igualmente lo ha hecho el PNV, que se ha abstenido, por no considerar el Parlamento vasco el lugar para este debate.
A partir de ahí, el resto de escaños han lucido el color rojo, incluida la bancada socialista. La parlamentaria Miren Gallastegui, aun reafirmando «el rechazo más contundente» de su partido a las actividades terroristas del GAL, ha argumentado que las responsabilidades penales ya están extinguidas y que, por tanto, García Damborenea puede cobrar la ayuda. «Nos puede parecer peor o fatal, pero tiene ese derecho. El Estado de Derecho es el espacio en el que afortunadamente vivimos», ha contestado a la coalición morada, a la que acusaba de abogar por «la pena de muerte civil».
Al voto en contra de los socialistas se han unido PP+Cs y Vox con argumentos comunes. Tanto el popular Luis Gordillo como la representante de la formación de extrema derecha, Amaia Martínez, han recriminado a Podemos su «doble vara de medir». Sacaban a colación, por ejemplo, la ayuda económica que cobraba del Congreso el exdiputado de PNV y EA Joseba Azkarraga, ahora al frente de Sare, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA. «Exigen un estándar ético que luego no exigen al grupo que hoy les da los votos –en alusión a EH Bildu– para que salga adelante su iniciativa», remachaba Gordillo.
