Hace algunos años, cuando la democracia se empezaba a asentar en nuestro país, algunos periodistas bromeábamos cuando hablábamos por teléfono: «Un saludo al ministro del ... Interior, que nos estará escuchando». Eran otros tiempos en los que el escrupuloso respeto por la legalidad era una práctica sin pulir desde las instituciones. Pero ahora estamos en otros momentos políticos. La democracia no debería abusar del ciberespionaje como parece haber ocurrido contra una sesentena de políticos independentistas catalanes y dos vascos. Todo empezó con el 'procés'. Si nos atenemos a las fechas y al cruce de agendas concluiremos que los servicios de espionaje no fueron tan eficaces como suelen aparecer en tanta literatura policiaca. En la novela autobiográfica de Stella Rimington (la primera directora general del MI5 británico) o en series como 'Oficina de infiltrados'. Porque si el presunto espionaje no fue capaz de detectar la mudanza clandestina de urnas y papeletas en el referéndum ilegal, su misión fue un fracaso.
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Se cuestiona la legalidad del espionaje, ¿pero qué juez no autorizaría una vigilancia de sospechosos que pueden suponer un peligro contra la unidad de España y su integridad territorial, tal como está definida la función del CNI? Una agencia de inteligencia sin espiar no tendría sentido. Pero una orden judicial a un colectivo tan extenso tiene difícil explicación. Quizá fuera legal, pero este abuso de 'hackeos' ha creado un problema añadido a Pedro Sánchez, que no canceló el programa israelí hasta un año después de haber llegado a La Moncloa.
La democracia no debería abusar del ciberespionaje como parece haber ocurrido
La urgencia de la reunión de ayer entre el ministro de la Presidencia y su homóloga catalana, Laura Vilagrá, revela la preocupación de La Moncloa ante la amenaza de quedarse sin el apoyo de ERC en el Parlamento. Ayer, Félix Bolaños intentó apagar el incendio desatado por la sobreactuación de la Generalitat anunciando un control interno del CNI , la constitución de la comisión de secretos oficiales en el Congreso, una investigación del Defensor del Pueblo, y la desclasificación de documentos oficiales. Pero la comisión aludida no se ha podido constituir hasta ahora por el veto de los partidos constitucionalistas a la presencia de los independentistas. Veremos en qué queda. Compromisos que no convencieron a la consellera que quiso escenificar su desconfianza hacia el Gobierno.
Los independentistas, juntos o por separado, quieren amarrar en corto a Sánchez. Aragonès piensa explotar al máximo la mesa de la negociación, utilizada como moneda de cambio.
Los afectados tienen todo el derecho a exigir aclaraciones. Pero se rasgan las vestiduras sin poder predicar con el ejemplo. ¿O es que ya no recordamos cuando el exjuez y senador de ERC, Santiago Vidal, presumió de que la Generalitat había logrado apropiarse de los datos fiscales de todos los votantes catalanes? ¿Cabe mayor ilegalidad que esa? Esta semana será de traca en el Congreso. Hasta Podemos se ha puesto a hacer oposición dentro del Gobierno. Pero Sánchez se escurrirá a la hora de rendir cuentas ante el Parlamento. Lo hará la ministra de Defensa, a petición propia.
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Si se demuestra que el Gobierno de España hizo un uso ilegítimo del espionaje quedaremos a la altura de Hungría y Polonia en el Parlamento Europeo. El eurodiputado del PP y ex ministro del Interior durante el referéndum secesionista, Juan Ignacio Zoido, ha sentenciado que «el uso de Pegasus no es propio de democracias europeas sino de tiranías de la vigilancia». Feo asunto.
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