Obstáculos para el diálogo

Las decisiones de los jueces van a seguir marcando la actualidad en Cataluña

Obstáculos para el diálogo
EFE
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Ahora que con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia se empezaba a abrir una ventana para el diálogo entre los responsables institucionales de los gobiernos de España y Cataluña, la Sala de Apelaciones del Supremo nos recordó el miércoles, mediante la confirmación del auto de procesamiento de los políticos presos, que nadie se debe olvidar de los magistrados, pues, como es sabido por todos, sus resoluciones van a seguir teniendo efectos inmediatos en la situación política y social de Cataluña. El auto dictado, aunque formalmente no prejuzga el fondo del asunto, es decir, el contenido y alcance del delito de rebelión, ya está avanzando su juicio sobre ese fondo al pronunciarse sobre la existencia de una situación de violencia susceptible de ser encajada en el artículo 472 del Código Penal.

Con esta resolución el auto de procesamiento adquiere firmeza y con ello los procesados por rebelión que ostentan cargo público 'podrían' quedar suspendidos en el ejercicio de tales cargos en virtud de lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Digo podrían porque la interpretación de los delitos a los que se refiere este precepto no es en absoluto pacífica, pues a la vista de los antecedentes existentes, jurídicamente resulta muy fundado y razonable sostener que la alusión expresa que en este artículo se hace al término 'rebeldes' no es precisamente para referirse a las personas procesadas por el delito de rebelión, sino a los procesalmente 'rebeldes' vinculados con delitos de terrorismo.

El citado artículo 384 bis, que prevé la suspensión automática en los cargos públicos mientras el procesado se encuentre en prisión provisional, fue aprobado junto con otros preceptos de la misma norma procesal por Ley Orgánica en mayo de 1988, en un contexto muy singular de creación y aprobación de la nueva legislación antiterrorista. Lógicamente, en aquellos años ni en Cataluña ni en Euskadi había situación de riesgo por delito de rebelión.

La expresión 'rebeldes', ni por antecedentes ni por el contexto en el que se aprobó, carece de una conexión con el delito de rebelión. El propio Constitucional que examinó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento vasco, en su sentencia no da pistas como para que ahora podamos concluir que con el término «rebeldes» la ley se estaba refiriendo a supuestos como el de los políticos catalanes presos. Como se ha dicho, este artículo se aprobó junto con otros que endurecían el régimen de detención de las personas acusadas de vínculo con organizaciones terroristas. A ello se refería el Constitucional en su sentencia de 1994 al justificar la medida especial prevista en el artículo impugnado en los siguientes términos: «La excepcional amenaza que esta actividad criminal conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho justifica, sin duda, una medida provisional como lo es la prevista en el precepto impugnado». Se estaba refiriendo al terrorismo.

Sin embargo, no creo que el Supremo ni el Constitucional estén por la labor de proteger los derechos de permanencia en el cargo público de los procesados por rebelión, por lo menos mientras no haya una sentencia firme de condena que conlleve la suspensión o la inhabilitación. La suspensión no implica la inhabilitación, ni significa que los afectados tengan que dejar sus escaños. Pero a nadie se le escapa que la orden de aplicación automática de la suspensión del cargo va a ser un factor generador de mayor crisis, tanto en la confrontación del soberanismo con el Estado, como de crisis también en el propio independentismo. Obstáculos para el diálogo.

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