El nuevo 'número 3' de la Guardia Civil, investigado por acoso laboral en Llodio

Los hechos se remontan a 2017, dos años después de que Blázquez asumiese la jefatura de la 11 Zona del instituto armado, que incluye el País Vasco. El nuevo mando de operaciones de la Guardia Civil, ascendido esta semana en plena crisis interna del Ministerio del Interior y del Cuerpo, deberá declarar como denunciado junto a dos comandantes, un capitán, un teniente y un cabo primero, todos ellos pertenecientes a diferentes unidades de la Comandancia de Álava.

La denuncia contra los miembros de la cúpula policial fue presentada en octubre de 2018 a través de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles del País Vasco, según las fuentes consultadas por EL CORREO. Lo hicieron para defender los intereses de un guardia que llegó al puesto de Llodio a finales de 2015. Según denunciaron, este agente comenzó entonces un «tortuoso» proceso profesional, con encontronazos con algunos mandos que le supusieron la apertura de numerosos expedientes disciplinarios. El guardia fue incluso supervisado por un especialista en Psiquiatría del Hospital Militar de Zaragoza, a instancias de la propia Guardia Civil, que, según la asociación, consideró que podía estar sufriendo un caso de acoso laboral.

En total se le abrieron cuatro expedientes por faltas graves y uno por una falta muy grave entre junio de 2017 y abril de 2018. Estas sanciones, incoadas por el general Blázquez, le han supuesto «la pérdida de su destino laboral» y multas económicas que ascienden a unos 15.000 euros, según los servicios jurídicos de la AUGC.

La primera denuncia se presentó ante los juzgados de instrucción de Vitoria en octubre de 2018. A finales de ese mismo año Blázquez abandonó Euskadi para convertirse en el máximo responsable de las actuaciones contra la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar.

El proceso judicial, sin embargo, siguió su camino. Y en abril de 2019 el juzgado de Vitoria se inhibió a favor de la jurisdicción militar. En un primer momento el asunto llegó al tribunal militar de Burgos y meses después, tras una serie de recursos dirigidos a dirimir qué instancia debía tratar este asunto, el juzgado militar de Madrid asumió el caso «por tratarse de actuaciones de personal aforado». Según las fuentes consultadas por este diario, la resolución se refería al general de Brigada.

En este contexto, esta instancia acordó el pasado 16 de marzo notificar la denuncia a a los mandos, explicarles sus derechos. Y también resolvió que «se procederá a recibirles declaración a todos ellos». Las fuentes jurídicas consultadas afirman que es probable que esta diligencia se retrase como consecuencia del estado de alarma, hasta que se recupere cierta normalidad en los tribunales.