La nueva financiación catalana pone en alerta a las diputaciones por su impacto en el Cupo

Aunque el documento firmado entre las partes no concreta ningún tipo de cifra ni calendario y la puesta en marcha del nuevo sistema precisa de unos apoyos políticos en el Congreso de los que ahora carece, sí supone un cambio reseñable respecto al 'statu quo' financiero pactado en España tras el fin de la dictadura. De ahí que este proceso se haya seguido desde Euskadi con cierto interés por sus evidentes connotaciones políticas pero, sobre todo, por el posible impacto que pueda tener sobre el Cupo.

La única certeza en la que todas las fuentes consultadas coinciden es que cualquier cambio que se plantee para la financiación autonómica del régimen común -en los términos que se ha hablado hasta ahora- no supone amenaza alguna para el autogobierno vasco. Los derechos históricos de los territorios forales están amparados y protegidos por el Estatuto de Autonomía, la Constitución y, desde septiembre de 2008, por sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. «Es absolutamente legítimo y respetable que Cataluña pacte un modelo de financiación singular de la tipología que sea en relación con el Estado. El mismo respeto que exigimos para el Concierto vasco», expresan fuentes de Lehendakaritza.

«El Gobierno central y el Govern catalán están planteando un mecanismo de financiación singular para ese territorio, pero, al menos en principio, no tiene nada que ver con nuestro Concierto Económico o con el Convenio navarro», analizan de entrada fuentes autorizadas de los departamentos de Hacienda de las diputaciones forales de Bizkaia y Álava.

«Por lo que se sabe hasta el momento, no afecta en nada al País Vasco y Navarra. Es cierto que mantienen un grado de imprecisión y de vaguedad más que notable, pero lo anunciado no les implica en nada», confirma Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado de FEDEA (Fundación de Estudios de la Economía Aplicada).

A día de hoy, no se contempla que Cataluña vaya a abandonar el régimen común y asumir una posición similar a Euskadi y Navarra. «De hecho, no se está hablando de algo similar a nuestro modelo de riesgo unilateral, del Cupo, ni tampoco hablan de capacidad normativa fiscal, como tenemos aquí. En su negociación están hablando de gestión y recaudación. Por tanto, no son, en modo alguno, modelos comparables», señalan las mismas fuentes forales.

Pero lo que la pasada semana se acordó en Barcelona estableció las que pueden considerarse las bases de una «reforma radical del sistema de financiación» de 15 autonomías con un «incierto desarrollo» a futuro. Por eso las tres instituciones forales vascas están muy pendientes de todo este proceso. Tal vez no se pueda hablar aún de preocupación, pero sí les ha obligado a ponerse en guardia y analizar con detalle cualquier avance que se dé.

La clave de todo radica en el cálculo del Cupo que cada año las tres diputaciones abonan al Estado por las competencias que ejerce en Euskadi y en el 'efecto dominó' que la nueva financiación catalana pueda generar en los Presupuestos Generales del Estado. A grandes rasgos, el País Vasco desembolsa al Estado el 6,24% del gasto que éste realiza en todos los conceptos recogidos en el Cupo -Defensa, Asuntos Exteriores, Corona, aeropuertos, grandes infraestructuras, así como la amortización y los intereses de la deuda pública española-.

La Ley Quinquenal que el Gobierno central y las instituciones vascas firman cada cinco años establece que el Cupo se actualiza cada año según evolucione el gasto de esas partidas en los Presupuestos Generales del Estado. Y si el nuevo sistema de financiación de Cataluña modificara (al alza) esas partidas, implicaría que el Cupo aumentaría.

«Cualquier decisión que pacten sobre las fórmulas de financiación y solidaridad que tenga impacto en los Presupuestos Generales del Estado puede afectar al cálculo del Cupo, por lo que tendremos que estar atentos a esos cambios», reconocen en las diputaciones forales.

En este sentido, los responsables del Fisco de los tres territorios históricos tienen en mente el anuncio que el pasado mes de febrero se hizo de la posible condonación, por parte del Estado, de 83.200 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. En ese caso, el Estado debería hacerse frente a un «gasto en intereses superior» al previsto, que tendría que abonar con cargo a los Presupuestos. En teoría, el Gobierno central aseguró al vasco que esa quita no le afectaría, pero en las diputaciones vascas quieren leer la letra pequeña de cualquier acuerdo con Cataluña para confirmarlo.

De ahí el «interés directo» que las tres instituciones forales y, por extensión, el Gobierno vasco y el de Navarra tienen en cualquiera de los cambios que se introduzcan en la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas) como consecuencia del nuevo sistema de financiación de Cataluña.