Miles de personas claman contra el último 'macrojuicio' al entorno de ETA

Al término de la marcha se ha leído un manifiesto. /Pedro Urresti
Al término de la marcha se ha leído un manifiesto. / Pedro Urresti

El proceso afecta a 47 acusados, entre ellos a históricos abogados de la banda que serán juzgados desde mañana en la Audiencia Nacional

DAVID GUADILLA

Más de cinco años después de su detención por parte de la Guardia Civil, la histórica abogada de presos de ETA Arantza Zulueta se sentará a partir de mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional en lo que será el último 'macrojuicio' que afecta a destacados dirigentes de la izquierda abertzale. En total, 47 personas se enfrentan a penas que superan los 600 años de cárcel. La Fiscalía y la AVT consideran que tuvieron un papel clave en el control que ejercía la banda terrorista sobre sus reclusos a través del llamado 'frente de makos'. Este sábadopor la tarde, miles de personas recorrieron las calles de Bilbao para denunciar este procedimiento (el sumario 11/13) y exigir su anulación.

El paso del tiempo ha cambiado de manera notable el impacto de la causa. Desde la detención de Zulueta, ETA ha desaparecido y el foco judicial no mira a Euskadi sino a Cataluña y a la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. Pero el listado de los acusados refleja la importancia del proceso. La nómina incluye a otros históricos abogados como Jon Enparantza, Alfonso Zenon, Ainhoa Baglieto, Amaia Izko -actual concejala de EH Bildu en Pamplona- e Iñaki Goioaga, que llegó a ser senador de Amaiur, la marca con la que se presentó la izquierda abertzale en 2011. Junto a ellos, responsables de Herrira -una plataforma de apoyo a los reclusos-, de Jaiki Hadi -se ocupaba de la asistencia sanitaria- o de Etxerat.

El auto de procesamiento del juez Eloy Velasco señalaba que todos ellos formaban parte de la estructura diseñada por ETA para trasladar «directrices» a los miembros de la banda en prisión y al mismo tiempo mantener la «cohesión» del EPPK y la «fidelidad» a la cúpula de ETA. El magistrado, en base a los informes elaborados por la Guardia Civil, constataba que todos los acusados eran conscientes de estar a las órdenes de la organización.

Se prevén una veintena de sesiones y que concluya el 28 de noviembre. Dado el número de acusados, el juicio se desarrollará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Entre los testimonios que han sido solicitados por la defensa de Zulueta están los de los exjefes de ETA Mikel Albizu 'Antza' y Soledad Iparraguirre 'Anboto'. El primero está en libertad desde enero y 'Anboto' fue entregada a España hace dos semanas para responder por una docena de causas.

Las penas oscilan entre los 8 y los 20 años de prisión. La mayor petición recae sobre Francisco Balda, extesorero de Herrira. Zulueta, que se enfrenta a catorce años, ya pasó tres en prisión provisional. Durante años fue considerada por las fuerzas de seguridad como una de las representantes más destacadas del 'sector duro'. La Policía y la Guardia Civil la llegaron a considerar en sus informes como un «lastre para las expectativas de salida personal para los presos y sus familiares».

Varios procedimientos

Más allá del nombre de los acusados, el sumario 11/13 tiene una profunda carga simbólica. Es el epílogo a toda una riada de procesos que pusieron contra las cuerdas a la izquierda abertzale, acorralaron a ETA y obligaron a los principales dirigentes de la antigua Batasuna y de Sortu a replantearse su estrategia. Los más sonados fueron el 18/98, el que afectó a las principales organizaciones juveniles de la izquierda abertzale -Jarrai, Haika y Segi- y el que llevó a más de una treintena de dirigentes de Batasuna, ANV y EHAK al banquillo, entre ellos a Pernando Barrena y Hasier Arraiz.

El 18/98 fue el más mediático. Se ilegalizó Kas, Ekin, se cerró 'Egin' y se imputó a casi medio centenar de personas. Las condenas iniciales dictadas por la Audiencia Nacional fueron rebajadas de forma considerable por el Supremo. El dirigido contra los partidos también fue relevante, sobre todo por su resolución. Los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones que ejercían las víctimas en el que reconocían los hechos y su calificación como delito de integración en organización terrorista. A cambio de este giro de 180 grados en la estrategia de la izquierda abertzale, aceptaron condenas leves, de entre año y medio y dos años de prisión.