De Miguel pagó 34.000 euros a su suegra por cuidar de los nietos con dinero de la trama

De Miguel accede al Palacio de Justicia en una de las sesiones previas./RAFA GUTIÉRREZ
De Miguel accede al Palacio de Justicia en una de las sesiones previas. / RAFA GUTIÉRREZ

Era parte de la plantilla de Kataia Consulting, sociedad pantalla que supuestamente sirvió para cobrar comisiones por la adjudicación de contratos públicos

Ander Carazo
ANDER CARAZO

La hermana, la suegra y una prima de Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV alavés, formaron parte de la plantilla de Kataia Consulting, la empresa que -según se concluyó en la fase de instrucción- sirvió para cobrar comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos 'a dedo' por parte de administraciones públicas controladas por dirigentes jeltzales. Si bien Aintzane de Miguel -la hermana- realizó trabajos de contabilidad, el motivo para la contratación de la madre de su esposa parece que poco tuvo que ver con la razón oficial de esta sociedad. Y es que cobró un salario anual de 15.806 euros por, en teoría, cuidar de los hijos del supuesto líder de esta trama corrupta por la que se sientan 26 personas, entre los que destacan antiguos cargos y militantes del Partido Nacionalista, en el banquillo de los acusados.

La declaración de la renta de la suegra de 'Txitxo' (como todos conocen al antiguo diputado foral de Administración Local, que se encargaba de 'mimar' a los pueblos del territorio alavés) determina que, entre los años 2006 y 2008, recibió cerca de 34.000 euros de Kataia Consulting, sostiene la Fiscalía. Ella no pudo ni confirmar ni desmentir estas conclusiones, ya que -por recomendación del abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta- se negó a responder a las preguntas del Ministerio Público ante la dispensa de la ley de Enjuiciamiento Criminal a declarar en contra de un familiar directo. «No contesto», repitió durante los diez minutos que duró su declaración y sólo se salió de ese previsible guión para poner en duda que en su interrogatorio en la fase de instrucción se le informara de que tenía ese derecho de abstenerse de declarar en un asunto que 'salpicaba' directamente a su hija y a su yerno.

No localizan a un expresidente del Athletic

Ignacio Ugartetxe, presidente del Athletic Club entre 2003 y 2004, está llamado a declarar hoy en el juicio del 'caso De Miguel' por haber sido consejero de Urazca, constructora que supuestamente participó en el fallido 'macropelotazo' de la localidad alavesa de Zambrana. Pero será complicado que acuda a las 9.30 horas al Palacio de Justicia de Vitoria, ya que en estos momentos trabaja en Canadá para la multinacional ACS.

La Ertzaintza no ha podido entregarle la citación y hasta ayer el tribunal desconocía oficialmente que residía en el país norteamericano. «Salvo que coja un avión y se nos presente aquí mañana (por hoy), algo que dudo, habrá que ver si acude a España o igual nos tenemos que conformar con su declaración en la fase de instrucción», alegó el juez Jaime Tapia.

A la sesión también acudieron los arrendadores de dos locales que utilizaron Kataia y Errexal -otra de las supuestas empresas de la trama- en Vitoria, que sólo pudieron constatar que su firma original era la que aparecía en los contratos hallados en las viviendas de los principales acusados.

Más grabaciones

El denominado 'caso De Miguel' tuvo su origen en las grabaciones aportadas por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi después de que se le solicitaran el pago de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato. Pero estas no son las únicas pistas de audio que han salido a lo largo del juicio, ya que el ordenador de 'Txitxo' en Diputación contenía una conversación con José María Recarte, que fue presidente de la junta municipal del PNV en Salvatierra hasta 2004. La sala no pudo escucharla por un problema técnico, pero la transcripción evidenció cómo Recarte le exigía a De Miguel un dinero que había recibido el ABB (Araba buru batzar) y que supuestamente le correspondía.

Recarte alegó que ese dinero correspondía a unas «meriendas» que había pagado -alrededor de 120 euros- para la ejecutiva del partido. «Pasaban los meses y el señor De Miguel no nos soltaba nada», aseguró con media sonrisa. Una versión que ni convenció al fiscal ni al juez Tapia. El presidente del tribunal llamó la atención sobre la «tensión» que se percibía en la conversación y subrayó que en ningún momento se hablaba de esas supuestas meriendas

 

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