Mayoría sindical vs. mayoría política

Hoy, con esa unidad de acción estratégica de las centrales abertzales claramente resquebrajada -cada una hace ahora la 'guerra' por su cuenta en medio de un fuego cruzado de acusaciones mutuas de corporativismo o de identificación «con la patronal»-, el Gobierno vasco vuelve a enfrentar, sin embargo, una huelga que ha calificado de «incomprensible» y «preventiva» en público y que en privado tilda directamente de «absurda». Las movilizaciones contra el borrador de la futura ley de Educación, cuyo anteproyecto ni siquiera ha sido remitido aún al Parlamento, han vuelto a unir esta semana en la calle a ELA y LAB, de la mano de Steilas -la central mayoritaria en la enseñanza pública- con un seguimiento notable, del 60% según los convocantes e inferior al 40% según el Ejecutivo, y volverán a sacar tras la pancarta a los profesores el próximo 14 de diciembre. «Nos deberíamos preguntar qué se esconde detrás de esta huelga y a quién beneficia», deslizó el lehendakari Urkullu con palpable enfado.

La pregunta es pertinente porque, a diferencia de los plantes que se glosaban al inicio de este artículo, las protestas sindicales ponen ahora en entredicho un borrador de una ley que ni siquiera ha iniciado su tramitación y que bebe, de entrada, del inédito pacto educativo en el que el Gobierno vasco y el consejero Jokin Bildarratz lograron hacer confluir a cuatro grupos parlamentarios que representan a 68 de los 75 escaños de la Cámara vasca. Es decir, a más del 90% de la sociedad. Dicho de otra manera, a una clarísima mayoría política que se situaría así enfrente de ese sintagma, la famosa mayoría sindical, que acaba operando en ocasiones como un agente político más.

Es cierto que, tras la elaboración del primer borrador, Elkarrekin Podemos se ha descolgado del acuerdo y que EH Bildu navega entre dos aguas, las de sus propias contradicciones. Por un lado, las de un partido abertzale de izquierdas en puertas de las elecciones municipales, que le llevan a enfatizar las reivindicaciones sindicales -más recursos para la pública, no «eternizar» el sistema «dual» que financia igualmente a la concertada, poner el euskera «en el centro»- y a exigir un mayor papel de los ayuntamientos en el sistema educativo. Por otro, la fuerte implantación de ese mundo en el ecosistema de las ikastolas integradas en el sistema concertado, la razón que muchos ven detrás de su adhesión al pacto y que hace augurar que Bildu en ningún caso renegará de la ley.

De ahí que Arnaldo Otegi y Pello Otxandiano se hicieran el martes la foto con la cúpula de LAB. Porque, en paralelo, Elkarrekin Podemos, a quien Bildu aspira a absorber con un discurso que enfatiza ya lo social más que lo identitario, tiene sus propias urgencias y presiones sindicales. y ha optado por presentarse como la única sigla que defiende sin ambages la escuela pública y el fin de la segregación en las aulas.

Eso es, de fondo, lo que se cuece tras las movilizaciones, aliñado, obviamente, por los propios intereses sindicales. «Hace tiempo que ELA hizo de la huelga su palanca de negociación. Y lo hace donde más fuerza puede exhibir, agitando el sector público», abundan representantes gubernamentales. El intenso ciclo electoral en el que ya está inmersa Euskadi no ayuda, desde luego, a serenar las aguas, aunque el Gobierno confía en que entre los meses de septiembre y diciembre de 2023 se pueda dar un acelerón definitivo a la tramitación parlamentaria de la ley, cuyo anteproyecto espera aprobar a principios de año. Los plazos son ajustados pero en Ajuria Enea no dudan. Pese a las tensiones, dicen, «la ley se va a aprobar este legislatura y con mayor consenso que el de los partidos del Gobierno».