Maixabel Lasa: «Me encontré en La Cumbre con los mandos del gas abiertos... Nos querían hacer desaparecer»

Maixabel Lasa, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo y viuda de Juan María Jáuregui, gobernador civil de Gipuzkoa entre 1994 y 1996, relata este inédito episodio en un libro sobre la 'guerra sucia' contra ETA que se va a publicar este mes. Se trata de un trabajo del historiador Luis Castells y de la catedrática en Sociología y Ciencias Políticas Izaskun Sáez de la Fuente, editado por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, para su utilización en la enseñanza como material pedagógico, que revela la evolución de la 'guerra sucia' contra ETA y los abusos y torturas cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. La obra analiza el contexto histórico que nace tras la muerte de Franco, en el que la oposición democrática no tuvo suficiente fuerza para precipitar una ruptura con la dictadura, sobre todo en las fuerzas armadas y de Policía.

La revelación de Lasa constituye una novedosa aportación a una exhaustiva investigación sobre la 'guerra sucia' que incluye los períodos de los gobiernos de la UCD y del PSOE. En la primera parte, relata los atentados cometidos por el Batallón Vasco-Español, la Triple A, así como los abusos de miembros de las fuerzas de seguridad. Y en el segundo ya se centra en las actividades terroristas de los GAL y su conexión con los aparatos del Estado.

El libro -titulado 'Guerra sucia y abusos de poder. La quiebra de los imperativos morales'- describe que en la última etapa de Felipe González, la llegada del equipo dirigido por Juan Alberto Belloch, con Margarita Robles como secretaria de Estado de Interior, Juan Luis Ibarra como secretario técnico del Ministerio y Juan María Jáuregui como gobernador civil de Gipuzkoa, supuso el inicio de un cambio, por su pretensión de 'limpiar' el aparato del Estado. Su objetivo pasaba por desmantelar la opacidad sobre este asunto, defendida, según ambos académicos, por otro sector del Estado que quería ocultar ese pasado en aras de una supuesta razón de Estado frente a la razón del Estado de Derecho.

En el libro se describe que, desde un principio, los nuevos responsables del Ministerio -la mayoría procedía de la Judicatura de sensibilidad progresista- dejaron claro que «no iban a favorecer el ocultamiento de los GAL desde su parcela ministerial o gubernativa, sino que promoverían su investigación. De este modo, se produjo una lucha entre dos sectores del Estado: el ligado a los GAL trató de infundir miedo y de intimidar al otro. Fue habitual la amenaza a testigos, cuando no la agresión o el soborno (50 millones de pesetas a un testigo protegido) para que no declararan o para que se retractaran».

Según sostienen los autores, «se extendió el miedo entre aquellos que querían esclarecer las entrañas de los GAL. Así, el responsable de la Policía Judicial, Enrique de Federico, encargado de llevar el caso Lasa y Zabala, pidió protección para su familia una vez que asumió la investigación y contó en sede judicial que una de sus hijas recibió amenazas y que trataron de entrar en su domicilio. Antes ya había denunciado que él y sus agentes habían sido amenazados, precisando que provenían de personas investigadas o de la Guardia Civil». Y recogen un testimonio del citado comisario: «Tuve que soportar grandes presiones por parte de Interior y amenazas de miembros de las fuerzas de seguridad (…). Me di cuenta de que desde la Guardia Civil no íbamos a encontrar ninguna ayuda y decidí ponerlo en conocimiento de mis superiores. Era un hecho que a todos aquellos que intentábamos esclarecer lo ocurrido se nos ponían trabas. No solo eso, estábamos en peligro. No solo nosotros, sino todo aquel que quisiera investigar lo sucedido, que tratara de rascar donde otros no querían que se rascara».

El ensayo refleja este clima de intimidación y de amenaza cuando recoge una reflexión de Maixabel Lasa sobre sus vivencias en su residencia oficial en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián y muestra los temores de su marido en la etapa en la que fue gobernador civil de Gipuzkoa.

«Desde el primer momento en que Jesús Eguiguren le propone a Juan Mari ser gobernador civil de Gipuzkoa para sustituir a José María Gurruchaga -relata Maixabel Lasa- era consciente de que no a todos los socialistas les parecía adecuado su nombramiento. En vísperas de tomar posesión de su cargo, recibió una llamada telefónica instándole a no acceder al puesto. Hay que decir que Juan Mari era un incansable defensor del Estado de Derecho y un firme defensor de los derechos humanos, de todas las personas, también de los detenidos de ETA. Fue un gobernador atípico, su discurso en la investidura fue en euskera y castellano, invitó a toda la Prensa, no solo a los habituales en el Gobierno Civil».

Durante el tiempo que ocupó su cargo, Lasa relata varios incidentes. Uno de ellos es el citado al inicio de esta información. Pero previamente se produjo otra situación cuando menos curiosa que narra la misma Lasa. «Me encuentro en las escaleras que sale humo del primer piso (desde una garita de la Guardia Civil). Contacto con el responsable de mantenimiento de la casa y se lo comento. Cuando vuelvo a La Cumbre, está todo resuelto».