Llega la sentencia del presunto caso de corrupción de exdirigentes del PNV

Entre ellos destaca quien era diputado foral de Administración Local hasta que la Ertzaintza le arrestó el 17 de marzo de 2010, Alfredo de Miguel. El que estaba llamado a ser nuevo máximo responsable del Partido Nacionalista en Álava se enfrenta a una petición de cárcel de 29 años, ya que el fiscal jefe Josu Izaguirre considera que fue quien urdió la red y le acusa de haber cometido los delitos de cohecho, malversación y prevaricación.

Los jueces encargados del caso, con Jaime Tapia como presidente, Elena Cabero como ponente de la sentencia y Raúl Aztiria han tardado casi un año desde que fue visto para sentencia. Es cierto que no se esperaba su publicación antes de las elecciones municipales y forales de mayo, pero tampoco se creía que se pudiera demorar hasta las últimas semanas de 2019.

El caso fue destapado por la denuncia que la abogada urbanista Ainhoa Alberdi presentó ante la Fiscalía Provincial de Álava, que dirige Josu Izaguirre. En el juicio ratificó que Txitxo -como todos llaman al ex diputado foral- le había exigido «pasar por caja». Tenía que pagar 100.000 euros por la adjudicación de un contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano (al norte de Vitoria), una cantidad que incluso le habrían solicitado a través de la propia cuenta institucional de correo electrónico que tenía De Miguel como miembro destacado del Gobierno foral que presidía Xabier Agirre. «Tu hija me va a meter en un lío», le debió comentar el principal acusado a Juan Antonio Alberdi, padre de la denunciante y reconocido militante nacionalista que ante los magistrados quiso descartar que cualquier cantidad que se exigiera fuera «para el partido». «Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había reclamado», insinuó Ainhoa Alberdi en una de las vistas antes de desvelar cómo un político vizcaíno le avisó de que la denuncia le iba a cerrar las puertas para la contratación con las administraciones vascas durante «muchos años».

La defensa de los principales acusados basa gran parte de su estrategia en desacreditar el trabajo realizado por la Ertzaintza. El abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, acusó a los agentes de hacer unos registros «indiscriminados» y el de Koldo Ochandiano, Carlos Chacón, sugirió que se había «enriquecido» alguna de las pruebas recogidas en la casa de su cliente. Un perito declaró ante los magistrados que el trabajo de la Policía autonómica había sido «sesgado y erróneo». Si bien estos asuntos se plantearon en la fase previa del juicio, los magistrados se negaron a posicionarse sobre ello hasta la publicación definitiva del fallo.

De Miguel nunca quiso aparecer al frente de ninguna empresa. Kataia Consulting -que el Ministerio Público considera una sociedad pantalla- estaba bajo el control de su esposa y las mujeres de sus amigos Aitor Tellería (exconcejal de Vitoria) y Koldo Ochandiano (que fue miembro del Araba buru batzar). También lo hizo con Eskalmelo, una sociedad para la gestión de unos terrenos que sobre el papel estaba dirigida por su amigo Eduardo Pérez. Txitxo no quería constar en los papeles, y así se lo exigió a un notario de Amurrio por correo electrónico que forma parte del amplio sumario de 21.000 páginas. Pérez, sin embargo, aseguró que nunca llegó a tener conocimiento sobre los movimientos de las cuentas, los pagos y las facturas. «Cuanto menos sepa, mejor», reiteró en la vista oral.

Otro de los bloques del juicio afectó al Departamento de Juventud del Gobierno vasco. El ex viceconsejero Gurutz Larrañaga responsabilizó a Xabier Sánchez Robles, director del departamento, de los contratos suscritos con supuestas empresas de la trama como Ortzi Muga y Errexal. Sánchez Robles, a su vez, señaló que los funcionarios son quienes seleccionan, siempre según su «criterio técnico», a quienes ejecutan los trabajos que externaliza la Administración. Incluso trató de convencer al tribunal de la existencia de una 'vendetta' ejercida por el Gobierno del socialista Patxi López que, según dijo Sánchez Robles, no aportó a la Justicia todos los documentos que se le habían requerido. Su abogado, Javier Beramendi, sí que aportó dichos informes a la causa y llamaron la atención del fiscal porque -entre otras cuestiones- uno estaba fechado el 29 de febrero de 2007, un año que no fue bisiesto.

Nueve de los 26 imputados pactaron con la Fiscalía a cambio de rebajas en la petición de condenas. Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano entablaron conversaciones con el Ministerio Público para confesar alguno de los delitos a cambio de que sus mujeres no pisaran la cárcel, pero no llegaron a buen puerto. El constructor Prudencio Hierro, por su parte, reconoció ante los jueces que pagó la obra de la casa que De Miguel tiene en Gorliz porque «siempre viene bien» tener un «amigo» en la Administración, pero el testimonio de Josu Arruti fue el más subrayable. Este promotor dijo que, a petición de Txitxo, había pedido una 'mordida' de 322.000 euros a unos empresarios catalanes interesados en levantar un polígono industrial en el municipio alavés de Zambrana, una circunstancia que confirmaron los propios pagadores y otros intermediarios de la supuesta operación.

El fiscal, que ha sido protagonista de la investigación desde el primer día, concluyó que el entramado societario que rodeaba a De Miguel era «un cascarón vacío» que no tenía ni fondos ni empleados y cuyo único objetivo era regularizar los pagos que recibían. Así lo sostuvo tras once meses de vista oral. Mantuvo que el dinero que se ingresó sirvió para pagar nóminas a familiares (al parecer, la suegra de De Miguel estaba contratada para cuidar de sus nietos), para adquirir joyas, un coche por valor de 30.000 euros y hacer la compra en supermercados. Por ejemplo, se gastaron 615 euros en café.

El presidente de la Sala, Jaime Tapia, despidió el juicio hace un año de una manera que incluso sorprendió a alguno de los imputados. «Les deseo lo mejor en la vida», apuntó el juez, que en el receso por verano fue protagonista de otra polémica por acusar a los fiscales de «inflar» sus peticiones de cárcel para luego pactar unas condenas mucho menores.