Libertad cuestionada

La libertad de expresión es uno de los fundamentos de nuestra sociedad democrática

Vista exterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo./Agencias
Vista exterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. / Agencias
XABIER GURRUTXAGA

La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de nuestra sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo. No solo ampara la libertad de información o de ideas que se reciben como inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, chocan o perturban, pues así lo demanda el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática.

No son mías estas palabras, sino del Tribunal de Estrasburgo que las ha dejado como principio general para entender el alcance del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que proclama en su primera línea que 'toda persona tiene derecho a la libertad de expresión'. Pero no estamos a una libertad absoluta, sino que el propio Convenio prevé que el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometida a condiciones, restricciones o sanciones. Estamos, pues, ante una libertad que, en supuestos excepcionales, puede ser limitada. Es decir, la regla general a aplicar será siempre 'in dubio, pro libertad de expresión'.

La libertad de expresión no constituye título para que al amparo de ella se puedan cometer hechos delictivos. No da derecho a incitar a la violencia ni respaldar acciones terroristas. Tampoco da derecho a hacer pronunciamientos basados en el odio. Pero no toda limitación de la libertad de expresión, en caso de vulneración, debe ser sancionada penalmente.

Pero la libertad de expresión sigue vigente, aunque lo expresado ofenda, choque o perturbe. Aunque no guste a las personas o grupos afectados. Es más, aunque socialmente lo expresado sea ética y socialmente censurable. En estos casos la deslegitimación no puede venir por el atajo de la vía coactiva penal, pues con ello estaríamos abriendo la puerta para que lo excepcional se convierta en 'necesidad social imperiosa' que acabaría desnaturalizando uno de los fundamentos de nuestra sociedad democrática.

Estas reflexiones vienen al hilo de los casos que hemos conocido esta semana y que tienen que ver directamente con esta libertad. La orden dada por Ifema de retirar de Arco un friso de 24 fotografías de personas que han estado o están en prisión, que el autor los caracteriza como presos políticos, lisa y llanamente supone un acto burdo de censura que vulnera el derecho a la libertad de expresión.

Hemos conocido también la sentencia del Supremo que confirma la condena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonic por el contenido de sus canciones. En primer lugar, hay que poner de manifiesto la falta de proporcionalidad entre la pena y los hechos. La línea de separación entre la libertad de expresión y el delito de injurias es difusa y, por ello, se debe actuar con carácter restrictivo. El TEDH ya condenó a España en el caso Otegi por violación de la libertad de expresión, al ser condenado por el Supremo a un año de prisión por injurias al Rey. También es sinuosa y confusa la línea de separación entre la libertad de expresión y el delito de enaltecimiento del terrorismo.

El Constitucional examinó por primera vez esta cuestión con motivo del recurso de amparo de Tasio Erkizia confirmando la condena del Supremo, que contó con un extenso y fundado voto particular del magistrado Xiol Ríos, que entendía que debía concedérsele el amparo en razón precisamente a la libertad de expresión. No parece desorbitado pensar que nuevamente será el Tribunal de Estrasburgo quien establezca claridad de criterios para evitar que, en razón a tipos delictivos abiertos que permiten interpretaciones extensivas, se afecte gravemente la libertad de expresión.

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