La ley que habría protegido a la mujer que destapó el 'caso De Miguel'

Alberdi pudo acogerse a varias medidas dirigidas a los testigos protegidos y, por ejemplo, ha podido preservar su imagen. Pero lo que busca la nueva normativa es ir más allá. Crear un paraguas legal que salvaguarde todavía más a los denunciantes -tanto en instituciones públicas como privadas- para evitar que sufran represalias y, sobre todo, provocar un cambio mental: que si alguien cree que se está cometiendo un delito y lo hace público no sea considerado un «chivato», sino una persona que tiene una «actitud valiente».

La medida es una trasposición de una directiva europea para proteger a aquellas personas que denuncien casos de corrupción o fraude. Según Transparencia Internacional, «pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud». Justo lo que le pasó a Alberdi. El objetivo es instaurar un proceso de denuncia a través de varios niveles: primero, dentro de la propia organización y luego a través de las autoridades competentes. La normativa fue aprobada por el Congreso en diciembre pero, en todo caso, todavía está por desarrollar. Su nombre oficial es 'Ley Reguladora de la Protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción'.

Cada organización, ya sea pública o privada, debe instaurar un canal de información para que aquella persona que quiera denunciar lo haga de manera segura y secreta. En el caso de las empresas, están vinculadas por esta ley las que tengan más de 50 trabajadores. En el ámbito público, también afecta a aquellas sociedades en las que gobiernos, ayuntamientos o diputaciones posean más del 50%. La información que se considere sospechosa o potencialmente fraudulenta se puede presentar de forma anónima.

Si se hace con nombre y apellidos, se debe garantizar la confidencialidad. Aunque la posibilidad de presentar denuncias anónimas ya existía, lo que quiere hacer la nueva legislación una vez que esté en vigor de forma definitiva es reforzar esa vía. La empresa o la institución deberá nombrar un encargado de regular el protocolo. La ley establece que «es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños». Pero en caso de que se observe que haya delito, se acudirá a la Fiscalía.

Se trata de uno de los apartados que buscan provocar ese cambio mental. Aunque en algunos casos con un carácter más voluntarista que efectivo, se prohibe los tratos injustos hacia quienes denuncian, las represalias, la anulación de una licencia o un permiso... Pero también se impulsan medidas de apoyo reales y concretas. Podrán disponer de asesoramiento, asistencia jurídica en los procedimientos penales e incluso, y de forma excepcional, apoyo financiero y psicológico.

La ley garantiza que la persona afectada por la información tenga noticia de la misma y de los hechos relatados, aunque de manera sucinta. Lo que «en ningún caso se comunicará a los sujetos afectados es la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación». De hecho, quien presente una comunicación «tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas». Solo «podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora».