El Supremo decidirá este domingo si Puigdemont puede presentarse a las Europeas

Los abogados de Puigdemont buscaban, según todas las fuentes consultadas, «meter en apuros» al sistema judicial recurriendo la negativa de la Junta a dejar presentarse a las Elecciones del Parlamento Europeo a Puigdemont y a los exconsejeros también huidos Clara Ponsatí y Antoni Comín ante una diversidad de sedes, entre ellas el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Madrid y ante los juzgados de lo Contencioso 9 y 21, amén del propio Supremo. Pero al final, los jueces madrileños han preferido no meterse en honduras y pasar la patata caliente a la Sala Tercera del Supremo, que será la que deberá fallar si les excluye de la candidatura de Lliure per Europa (en la que ocupaban los puestos 1, 2 y 3 respectivamente) a los comicios del próximo 26 de mayo.

Los jueces ordinarios estiman que es el alto tribunal el que debe pronunciarse, «ya que los recursos plantean cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas», cuestiones ambas relativas a derechos fundamentales y que escapan de la jurisdicción ordinaria. Los magistrados en cuestión creen que ambos asuntos «se encuentran tan íntimamente relacionados que debe ser el Tribunal Supremo quien establezca el criterio jurídico que lo resuelva».

Recuerdan además los jueces madrileños que la defensa jurídica de los tres políticos apartados de los comicios europeos también ha interpuesto recurso ante el Supremo, que, en realidad, afirman, es el único que puede «evitar posibles resoluciones contradictorias» como las que podrían provocar los recursos de los tres fugados.

Así las cosas, la suerte electoral de Puigdemot volverá, una vez más, al Supremo, el tribunal que mantiene activa una orden nacional de búsqueda y captura contra él. El expresident pierde así parte de la 'ventaja' que en esta particular partida había adquirido el viernes después de la que la Fiscalía de Madrid pidiera al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que estimara el recurso del expresidente, al considerar que la resolución de la Junta Electoral carece de «base normativa suficientemente explícita» y que «vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de los recurrentes».

La Junta Electoral Central aprobó el lunes excluir a Puigdemont de las listas de JxCat. Pero el organismo electoral adoptó la decisión muy dividido y con el voto particular en contra del presidente, de su vicepresidente y de dos de sus vocales. Una resolución controvertida, que levantó ampollas en el independentismo y de la que la Fiscalía de Madrid se desmarcó arguyendo que la Junta ha creado una causa nueva de «inelegibilidad», que «no prevista en la ley», al argumentar que la candidatura era una «burla» a la ley al pretender concurrir a los comicios pese a estar huidos.

«No nos apartarán de la campaña, ni nos apartarán de la política», apuntó Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas, poco antes de que se conociera la decisión de los juzgados madrileños de dejar el asunto en manos del Supremo.

«Me comprometo a ejercer de eurodiputado y espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja», apuntó antes de criticar con firmeza la actuación de la JEC porque cree que ha sido una decisión para «privar de su derecho a los votantes» y no solo a él mismo.