Las defensas de los líderes del 'procés': «Es un juicio político»

Las defensas de los líderes del 'procés': «Es un juicio político»

Los abogados denuncian una «causa general» al independentismo en la primera jornada del proceso

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Las defensas de los doce procesados en la causa del 'procés' secesionista enseñaron sus cartas en la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Pese a dirimirse las llamadas cuestiones previas de la vista oral -en teoría exposiciones técnicas -, la mayoría de los abogados entraron de lleno en las consideraciones políticas. Una circunstancia que avivó al menos el debate jurídico, dejó titulares llamativos y despejó el camino de lo que serán los interrogatorios.

Así lo expusieron ayer los abogados defensores -hoy será el turno de las acusaciones-, en su particular lucha por enmendar las graves acusaciones de rebelión y/o malversación de caudales públicos que pesan sobre sus clientes. Con peticiones de pena que oscilan entre los siete y los 25 años de cárcel, nada menos.

Las reiteradas referencias al sumario político era, no obstante, una estrategia previsible, tal y como habían plasmado los escritos de defensa. Pero el tribunal presidido por Manuel Marchena tuvo especial cuidado en que los alegatos fueran expuestos sin cortapisas y con el único límite del tiempo: hora y media para cada abogado.

Incluso algunos letrados, como el de Oriol Junqueras, procesado como «jefe principal» de la rebelión, se explayó largo y tendido contra el sistema de garantías de la jurisdicción española. «Esto es un vodevil procesal. Se están encausando caceroladas o el lanzamiento de aviones de papel, acciones de mera protesta», subrayó Andreu Van den Eynde. «Se están criminalizando muestras de libertad de expresión. Es una causa general contra el independentismo catalán», remachó.

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Pero ni por esas fue cortado por Marchena. Quizá pensando también en evitar cualquier discriminación del derecho de defensa ante una previsible «segunda vuelta» de la causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que fían todas sus esperanzas los principales líderes independentistas.

A Estrasburgo, precisamente, ya dejaron ayer entrever que llegarán los letrados de Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Cuixart con términos bastante gruesos, dando por hecho de antemano una sentencia condenatoria.

Jordi Pina, defensor de los tres primeros, puso en duda la «falta de imparcialidad» de cuatro de los siete magistrados del tribunal, a quienes pidió que hicieran «de jueces y no de salvadores de la patria». Por su parte, Benet Salellas, letrado del presidente de la plataforma cívica Òmnium Cultural, aseguró que celebrar este juicio era «una derrota colectiva de la sociedad española», porque «se opone a la esencia propia del Estado de Derecho» y atenta contra derechos fundamentales como los de expresión o reunión.

El exdiputado de la CUP advirtió de que si el tribunal no era consciente de que los fiscales «han criminalizado» las movilizaciones populares del 20 y 21 de septiembre, y del 1 de octubre de 2017, Estrasburgo acabará pasando factura al Estado. En suma, todas las defensas se quejaron de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de sus clientes, aunque buscarán la absolución por distintos medios.

Los extremos de las defensas estuvieron representados en el letrado de Junqueras y de Raül Romeva, de un lado, y en los de Forn y Santi Vila, del otro. El primero, Van den Eynde, dio el pistoletazo de salida en el juicio. Y se puso la camiseta amarilla de Esquerra Republicana, el partido de sus clientes, para hacer un alegato en favor del independentismo como «ideología legítima».

El tribunal tuvo cuidado en no cortar los exabruptos de los letrados, pensando en un recurso a Estrasburgo

«Derecho a protestar»

El penalista nacido en París elevó el tono político conforme iba hilando sus argumentos. Aseguró que el debate «es si esta causa atenta contra la libertad de expresión o versa sobre un alzamiento público». Y afirmó que los catalanes «si no tenemos derechos a opinar, tenemos derechos a protestar».

En un tono áspero, este guitarrista de punk rock en sus ratos libres hizo un repaso a la jurisprudencia europea sobre el derecho a decidir, pero se cuidó muy mucho en descalificar de forma directa al Supremo. «Autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra. Hay que devolver a los políticos la capacidad de resolver este conflicto».

En contraposición a este aluvión argumental se posicionó Xavier Melero, abogado del exconsejero del Interior Joaquim Forn. «Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa o una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la posición que han ostentado, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos», aseguró. Impulsor hace una década de Ciudadanos, Melero adelantó que su defensa se centrará en criterios jurídicos y está convencido de que salvará a su cliente.

Más participativo estuvo el letrado de Santi Vila, el consejero que dimitió antes de la Declaración Unilateral de Independencia. Pau Molins -defensor a su vez de la infanta Cristina en el 'caso Noós'- criticó el procesamiento de su patrocinado, que no era aforado en el momento de producirse los hechos, y pidió al tribunal que no lo enjuicie al no estar acusado por rebelión.

 

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