La jueza de Vigilancia Penitenciaria de Euskadi defiende el acercamiento de los presos de ETA

La juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso. /BLANCA CASTILLO
La juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso. / BLANCA CASTILLO

Ruth Alonso cree que las actuales instalaciones están obsoletas y apuesta por la transferencia de prisiones a Euskadi

DAVID GUADILLA

La jueza de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, la única que existe en Euskadi, ha considerado que la transferencia de prisiones al País Vasco se tenía que «haber hecho hace mucho tiempo» y que de esta forma todo iría «mucho mejor». «Por responsabilidad se puede asumir y se puede hacer muy bien». La magistrada, que ha comparecido en el Parlamento vasco, ha defendido el acercamiento de «todos los presos vascos» a Euskadi, incluidos los de ETA, entre otros motivos «porque las familias sufren». Sin embargo, también ha subrayado que ese planteamiento teórico choca con una realidad: las limitaciones que tienen las actuales instalaciones que hay en Euskadi.

Alonso ha intervenido en el Parlamento vasco a petición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para dar su opinión sobre un posible traspaso a Euskadi de la «política penitenciaria». Se trata de un debate de largo recorrido y que no parece que vaya a fructificar a corto plazo. La comisión de Trabajo y Justicia de la Cámara lleva analizando varios meses cómo se debe realizar una hipotética transferencia de la gestión de los tres centros penitenciarios existentes en Euskadi y qué hacer después. Las conversaciones entre los gobiernos central y vasco están estancadas. Aun así, los parlamentarios debaten cómo actuar y qué hacer si ese traspaso se hace efectivo, cómo «desarrollar nuestro propio modelo penitenciario». Y a ello se ha referido Alonso.

La jueza ha dibujado un escenario sombrío, con unas instalaciones en muchos casos obsoletas y con un sistema de atención penitenciario que dificulta la reinserción. Lo que los representantes de EH Bildu y Podemos han reconocido como «un jarro de agua fría» y «un baño de realidad». De forma rotunda, Alonso ha abogado por la «reeducación» de los reclusos y por una gestión personalizada de los internos. Y, eso ha añadido, no se puede hacer con una «macroprisión», en alusión a Zaballa, donde, en teoría, se podrían trasladar los presos de ETA en caso de que el Gobierno decidiese enviar a Euskadi a los miembros de la banda. Una posibilidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha descartado al apostar por acercamientos individualizados y, por ahora, a prisiones situadas fuera del País Vasco. «Llevarles todos a Zaballa es una barbaridad», ha recalcado.

«Voluntad política»

Alonso ha recalcado que el mayor problema para construir un modelo eficiente en materia penitenciaria no es de «voluntad política», sino económico y de recursos. De hecho, ha planteado la necesidad de dar un revolcón al actual equipamiento. En su opinión, para un tratamiento eficiente sería necesario mantener Zaballa, «pero no llenarla», y reemplazar las prisiones de Basauri y Martutene por nuevos centros más pequeños que irían acompañados de equipamientos asistenciales para los internos en régimen abierto y con enfermedades psiquiátricas.

Aun así, y a pesar de las dificultades, Alonso ha defendido con contundencia el traspaso de las competencias sobre prisiones al considerar que se gestionaría «mucho mejor» de lo que se hace en estos momentos. La jueza ha puesto a Osakidetza como ejemplo de lo que mejoran las cosas cuando están administradas desde el País Vasco. En este contexto, ha considerado que «todos los presos vascos» que cumplen condena fuera de Euskadi deben ser acercados. Alonso ha subrayado que se refería al conjunto de los reclusos, tanto los que cumplen condena por delitos comunes como por terrorismo. En todo caso, la decisión sobre los traslados de presos de ETA corresponde al juzgado central dependiente de la Audiencia Nacional.

Alonso llegó al juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la capital vizcaína en 1989 y allí estuvo de forma ininterrumpida hasta 2003, cuando fue destinada a la Audiencia de Bizkaia. El traslado se produjo tras un duro cruce de declaraciones con el Gobierno de José María Aznar, en especial con el por aquel entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Durante su etapa como jueza encargada de analizar el recorrido penitenciario de los reclusos, concedió la libertad condicional y la progresión de grado a cerca de noventa presos de ETA convencida de que su reinserción hacía más daño a la banda que el endurecimiento de las penas. En 2007 regresó al juzgado de Vigilancia Penitenciaria.