La juez estrecha el cerco sobre Mazón y pide su registro telefónico durante la dana

Se trata de una información que consta en un documento elaborado por la propia Presidencia del Gobierno y que el equipo de Mazón preparó para su envío a la comisión de investigación abierta en el Legislativo autonómico. No se trata del registro oficial de llamadas del teléfono del presidente, tal y como aparecería en la factura de su compañía telefónica.

En realidad, consiste en una selección de las llamadas desde las 17.37 horas de aquel 29 de octubre –cuando aún estaba en el restaurante El Ventorro comiendo con la periodista Maribel Vilaplana– que no detalla ni la duración de las comunicaciones, ni si Mazón las efectuó o las recibió o si fueron llamadas atendidas o perdidas. Pero como ese listado se encuentra recogido en un «documento público» presentado ante Les Corts, la magistrada elude cualquier peligro de vulnerar el secreto de las comunicaciones del president.

Cuando tenga esa información en su poder –el Legislativo tiene 24 horas para entregársela, así que será a lo largo del día de este martes–, la jueza podrá cotejarla con las que en su momento aportó la consellera Salomé Pradas, entonces responsable de Justicia e Interior y principal imputada en la causa. La exdirigente ofreció toda esta información antes de su comparecencia en sede judicial. Mazón, en cambio, ha ido ofreciendo paulatinamente detalles de sus comunicaciones. La primera vez lo hizo en una conferencia en Madrid; la última, en ese listado a Les Corts.

Esta solicitud se produce antes de que Maribel Vilaplana comparezca ante la jueza en calidad de testigo, por lo que tendrá obligación de decir la verdad. La periodista podrá clarificar, por ejemplo, en qué momento exacto se despidió de Mazón aquel día tras la comida. En estos momentos, se desconoce qué hizo durante alrededor de una hora, de 18.45 a 19.45 horas, momentos clave en los que en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) se debatía si enviar una alerta a toda la población.

De hecho, la jueza apunta a que Mazón, como máximo responsable del Consell, tiene funciones directivas y de coordinación, «de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell». Ahora, el interés es «determinar y cuadrar» los comentarios que pudiera haber efectuado el president «sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo».