«Los jueces no hacemos política pero al hacer justicia y legalidad podemos influir en ella»

– Algunos partidos de Euskadi han sido muy críticos con ciertas decisiones judiciales relacionadas con temas vascos. ¿Se sienten en el punto de mira?

– Criticar a los jueces no es una posición de un determinado partido político. Es generalizada. A mí la crítica a nuestras decisiones no me parece incorrecta, siempre y cuando sea fundada. Me preocupa cuando se quiere ir más allá y buscar determinadas motivaciones poco éticas en la actitud de los jueces.

– ¿Buscan deslegitimar su labor?

– Voy a cumplir 43 años de juez y he visto casi de todo. Esto es una constante, dependiendo también de cuál sea el clima político del país. En este momento, el Poder Judicial está haciendo una labor sumamente importante en la depuración de determinados supuestos y, cuando eso ocurre, surgen críticas más o menos interesadas poniendo en cuestión nuestra labor. Pero el Poder Judicial tiene mucha paciencia y enorme prudencia a la hora de responder a esas críticas. Y está bien así, a mí no me gustaría que los jueces individualmente entráramos en la confrontación con los poderes públicos.

– Aquí se les acusa de montar una campaña contra el euskera.

– Desconozco los detalles, pero niego la existencia de un frente judicial contra nada. Los jueces no generamos frentes. Los jueces aplicamos la legislación. Considerar que existe un consenso generalizado entre los jueces del País Vasco para enfrentarse al euskera no es ni correcto ni acertado.

– El PNV ha pedido una sala especial dentro del Constitucional para dirimir las disputas competenciales. ¿Lo ve factible?

– No. Y además no sería conveniente efectuar una distinción o un tratamiento diferente en función de los territorios. Las cuestiones de competencia han crecido exponencialmente y se están planteando con muchos gobiernos, no sólo con el vasco.

– ¿Se deben armar mejor los textos legales sobre transferencias para evitar problemas legales?

– Un célebre jurista habló en su día de la 'legislación motorizada'. Estamos legislando mucho y no siempre bien. Y cuando eso ocurre, se genera un conflicto de interpretación de la norma. El problema no es de plazos, es de calidad en la elaboración de las normas. Hay que tener una cierta prudencia.

– Los partidos vascos están negociando un nuevo Estatuto. ¿Bajo el paraguas de los derechos históricos cabe todo?

– No.

– Es tajante.

– Da cabida a todo, siempre y cuando sea constitucionalmente admisible. La doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia se inicia en los años 80 y tiene un punto de inflexión con una sentencia del año 89 sobre la Ley de Bases de Régimen Local, en la que se plantea un problema de la legislación básica del Estado en relación con las competencias de los territorios forales.

– Entendido.

– Y el Tribunal Constitucional, que ha hecho una evolución ampliando enormemente el campo de juego de las competencias derivadas de los derechos históricos, ha puesto un límite, que es el que está establecido en la Disposición Adicional Primera. La actualización de los derechos históricos es posible, no es una realidad petrificada, pero siempre dentro del marco de la Constitución.

– Así que si incluyen la autodeterminación, el derecho a...

– (Interrumpe) Insisto, la Constitución es suficientemente clara. La disposición adicional es muy corta, pero con muchísimo contenido. Hace referencia a que se garantizan y se respetan los derechos históricos y, en un segundo párrafo, habla de la actualización de los derechos históricos en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

– Por ejemplo, ¿ve viable un CGPJ propio de Euskadi?

– La Constitución habla claramente de la existencia de un Poder Judicial único. Insisto, el marco en el que nos movemos es la Constitución legítimamente aprobada por el pueblo español y el Parlamento. Y hay resoluciones no relacionadas precisamente con Euskadi, sino con Cataluña, en las que se ha dicho claramente que esas iniciativas no tienen cabida en el texto constitucional.

– Ha citado a Cataluña. ¿Aguantaron bien las costuras de la Constitución durante el procés?

– Aguantó la Constitución y aguantó la sociedad española. Fue un reto importante e intenso, pero la Constitución demostró que tiene instrumentos, como el 155, que nunca pensamos que iban a tener que ser utilizados, pero que se comprobó que tienen virtualidad. Jurídicamente se vio que era válido y que los padres de la Constitución eran unos magníficos juristas.

– ¿La foto del fiscal general del Estado sentado en el banquillo va a hacer mucho daño al sistema democrático?

– Mi deseo es que esa foto no hubiera llegado a producirse en ningún momento.

– Una dimisión a tiempo...

– Me duele profundamente la situación que se está viviendo en la Fiscalía, y vuelvo a repetir, imágenes como la de un fiscal general sentado en el banquillo, o como la de un presidente de Gobierno o un magistrado sentado en el banquillo no son precisamente las que a mí me gustaría ver en un país con una democracia consolidada.

– El presidente del Gobierno y algunos ministros insisten en que 'algunos jueces hacen política'. ¿Usted o sus compañeros lo hacen desde el Constitucional?

– Yo soy juez, por tanto, pertenezco a la parte judicial del Tribunal Constitucional. Llevo 40 años en la carrera judicial, tres de ellos en el Constitucional, así que hablo como juez. Y los jueces intentamos hacer justicia y legalidad. No hacemos política, lo que no quiere decir que al hacer justicia y legalidad podamos influir en ella. Pero rechazo tajantemente que la intencionalidad del juez al tomar una decisión sea política.

– ¿Le molesta eso de 'César Tolosa, del sector conservador'?

– Profundamente.

– ¿Es injusta esa etiqueta?

– Es irremediable. En este país necesitamos etiquetar a la gente, definirla con algún tipo de adjetivo. Y en este momento más. Eso conlleva que te tengan que situar en algún sitio porque el problema es que cuando no lo logran, te conviertes en un tipo peligroso.

– ¿Así que no es conservador?

– A mí me califican así pero cuando estaba en el Supremo, por ejemplo, condené al Gobierno español por incumplir los compromisos que tenía para la acogida de los refugiados del conflicto de Siria. Además, he sido el autor de decisiones sobre descarbonización, el medio ambiente, la protección del paisaje y fui el ponente de la sentencia del Algarrobico. Si esas son sentencias de un conservador... La condición de juez lleva ínsita una etiqueta, que es 'independiente'.

– ¿Qué pensó al leer la 'coda' del magistrado Leopoldo Puente y su «estupor» por la situación de Ábalos?

– (Silencio).

– En su voto particular a la sentencia de la ley de amnistía del 'procés', usted aseguró que era una «herramienta de impunidad». Pero compañeros suyos la avalaron. ¿Cómo explica esa disparidad de criterio?

– Demuestra es que todos los criterios jurídicos son admisibles dentro del Tribunal Constitucional. Yo sigo opinando que la tesis de que 'lo que no está prohibido constitucionalmente está permitido' es simplista y no responde a la realidad. Y, consecuentemente, que la amnistía no está contemplada en la Constitución.

– Sus compañeros no opinan igual.

– Es que la expresión 'lo que no está prohibido, está permitido' es válida para los derechos de los ciudadanos. Pero los poderes públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido. Esa es la gran diferencia. El ejercicio del poder está sometido a controles, a límites.

– ¿Usted está a favor de los aforamientos en la clase política?

– No. Me parece que hay exceso de aforamientos. Hay mucha gente aforada. Y los excesos para casi nada son buenos. Por tanto, habría que ajustar este tema. Es un privilegio y los privilegios hay que utilizarlos con mesura.

– En el Supremo tuvo que ver los recursos presentados contra el estado de alarma de la pandemia. ¿El armazón jurídico de este país está preparado para afrontar algo similar? La dana y el apagón dicen que no.

– No soy un optimista visceral, pero después de aquello pensé que efectivamente algo íbamos a cambiar en el ámbito social y jurídico. Desde el punto de vista social, creo que no lo hemos hecho, y desde el punto de vista jurídico le puedo asegurar que tampoco. Seguimos teniendo la misma norma que se demostró incompleta y que no estaba pensada para esa situación. Los años han pasado y no ha habido ninguna iniciativa legislativa para tratar de clarificar la diferencia, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional estableció entre los distintos estados de alarma y excepción.